[OPINIÓN] Nelson Shack: “El virus de las ‘obras paralizadas’”

La paralización de obras públicas puede ser equiparada, de manera clara, a un “virus” que afecta a la gestión pública. Este fenómeno se convierte en un problema crítico como consecuencia de la corrupción y la mala gestión, y es necesario abordarlo y resolverlo con prioridad porque la ejecución y el aumento de estas paralizaciones limitan el acceso oportuno y eficiente de las peruanas y peruanos al propósito para el cual fueron diseñadas estas obras, lo que genera un fenómeno lesivo que conlleva diversas consecuencias económicas y sociales. Revelar el problema y tomar medidas urgentes para superar este obstáculo y asegurar el desarrollo efectivo de las infraestructuras públicas en todo el país es esencial antes de prometer y comprometer más recursos públicos en nuevas obras, cuando a la vista tenemos otras que esperan su conclusión y cumplir el propósito para el cual fueron diseñadas.

Esta semana un informe de obras paralizadas de la Contraloría General, emitido a diciembre de 2023, revela que a nivel nacional se registra un total de 2,298 obras públicas detenidas en los tres niveles de gobierno, al no mostrar avances en su ejecución física en los últimos seis meses o más. Peor aún, al comparar este número con los datos de diciembre de 2022, se observa un aumento en la cantidad de obras detenidas, pasando de 1,879 a 2,298 proyectos, lo que claramente implica un incremento de 419 obras paralizadas, aunque debe aclararse que este es un dato dinámico. De las 1,879 obras paralizadas al 31 de diciembre de 2022, 1,084 se reactivaron y 1,503 nuevas obras entraron en paralización.

Pero no se trata únicamente de la cantidad de obras; es importante destacar que estos proyectos inconclusos actualmente comprometen un costo total de inversión que supera los 26,992 millones de soles, aportados por todas y todos los peruanos. De este monto, casi la mitad ya se ha gastado. Y, para completar las obras paralizadas, además de la voluntad y eficacia en la gestión pública, se requerirían más de 13,772 millones de soles.

La situación es preocupante y debe comprometer a los gestores públicos a tomar acción inmediata, ya que lo ideal sería revertir esta tendencia, priorizando la reactivación y conclusión de proyectos existentes, así como evitando que los nuevos queden igualmente inactivos.

La sintomatología de este virus no requiere la intervención de científicos especializados; es una problemática recurrente conocida por aquellos que gestionan o impulsan proyectos públicos. Y puede abordarse y superarse si la prioridad es gestionar con efectividad, dejando de lado los réditos políticos que, en este escenario, se traducen en promesas populares incumplidas.

No está de más, entonces, saber que los indicios que caracterizan esta problemática recurrente están vinculados al hecho de que, durante un cambio de gestión, es común que las nuevas autoridades prioricen sus propios proyectos, dejando de lado las obras iniciadas por sus predecesores. O que resulte también incomprensible que el Sistema Nacional de Inversiones fuera tan flexible, permitiendo el inicio de obras públicas sin contar con la disponibilidad total del terreno.

Al levantar el velo, nos enfrentamos también a otros problemas recurrentes, como la deficiencia en los estudios previos de la obra. Si los estudios, esencialmente el expediente técnico, están mal elaborados o presentan fallas, durante la ejecución se generará un sobrecosto que oscilaría entre el 30% y el 40%. Y esto es en respuesta al diseño deficiente y dimensionamiento incorrecto, la falta de estudios adecuados y un presupuesto incompleto. Además del aumento en el presupuesto, estas deficiencias también conducen a las extensiones de plazo que, en algunos casos, se alargan por años. Al final, nadie asume la responsabilidad de los errores y los proyectos terminan siendo abandonados.

Confiemos en que la definición de reglas claras en la ejecución de obras por administración directa, modalidad que abarca un número significativo de obras paralizadas, y que recientemente ha regulado la Contraloría General y que entrará en aplicación a partir del próximo mes de abril, impida su desviación y permita identificarlas en el nuevo sistema para transformarlas en proyectos efectivos. Este enfoque debería extenderse a obras y proyectos públicos de mayor envergadura, donde las autoridades y ejecutores deben esforzarse por recuperar la confianza ciudadana. La sensación de incapacidad debe convertirse en una oportunidad para contribuir al desarrollo social y económico de nuestra nación.

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