[OPINIÓN] Nelson Shack: “De perfiles y puestos”

En los últimos años, se ha registrado una serie de cuestionamientos en la opinión pública como resultado de la deficiente respuesta que el Estado —en sus tres niveles de gobierno— ha mostrado ante las emergencias, que ahora se han vuelto cada vez más frecuentes y a las que nos enfrentamos con una administración pública débil, que requiere profesionales no solo honestos sino también preparados para que funcione de forma eficaz y eficiente y cumpla estrictamente con los intereses de la sociedad.

¿Por qué se requieren profesionales preparados en la administración pública? La respuesta es muy sencilla: porque es fundamental para la toma de decisiones en diversos contextos. La competencia y calidad de los gestores es necesaria para conducir los complejos procesos administrativos y ofrecer servicios públicos de calidad a la ciudadanía.

En esa línea, hace unas semanas, la Contraloría General concluyó un operativo que verificó el cumplimiento de los perfiles de puestos de los funcionarios y servidores públicos designados por la modalidad de confianza en los gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales del país. Fueron 554 las entidades públicas supervisadas por más de 1,200 auditores.

Como resultado, se observó que un 27% (1,584) de los 5,756 puestos de directivos confianza supervisados, no acreditaron el cumplimiento de los requisitos para asumir el cargo, al no demostrarse la formación académica ni la experiencia en los cargos a desempeñar, infringiendo claramente los perfiles contenidos en los documentos de gestión de las propias entidades y en la Ley 31419, que establece las disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción.

El operativo también revela una seria debilidad: el 76% de las entidades supervisadas carece formalmente de procedimientos para verificar el cumplimiento de perfiles de puestos de directivos, y el 86% no cuenta con procedimientos internos para la designación en estos puestos. Podríamos concluir, entonces, que en algunos gobiernos regionales y municipalidades las designaciones no se realizan correctamente, al no prever los mecanismos internos que exijan a los responsables activar sus propios mecanismos de control y supervisión al momento de otorgar la importante responsabilidad que asume un directivo en la administración pública y garantizar así el idóneo funcionamiento del Estado.

¿Cuáles serían, entonces, algunas de las consecuencias de lo que parece ser el libre albedrío que ha prevalecido en algunas entidades, especialmente en los gobiernos regionales y municipalidades del país? En primer lugar, recordemos que las entidades de los gobiernos subnacionales administran aproximadamente el 41% (más de 100 mil millones) del presupuesto público en 2023. En segundo lugar, y como resultado de lo anterior, los directivos —muchos de ellos de libre designación y remoción bajo la modalidad de confianza— son quienes comprometen la ejecución de estos fondos al asumir la responsabilidad de dirigir la gestión de las entidades públicas, por lo que sus decisiones deben garantizar la prestación oportuna y eficaz de los servicios públicos y el buen desarrollo de los departamentos, provincias y distritos a cargo.

Desde la perspectiva y alcance del control, citando únicamente algunos ejemplos, las consecuencias son un perjuicio económico estimado en más de 24 mil millones solo en 2022; 2 mil obras paralizadas en todo el país, que comprometen a la fecha cerca de 27 mil millones de soles; o los más de 4 mil funcionarios identificados con presunta responsabilidad administrativa, civil o penal en lo que va de 2023. Estas son las consecuencias que generarían no solo la corrupción, sino también la ineficiencia, negligencia y falta de capacidades que resultan de la designación de funcionarios sin cumplir los requisitos de ley.

Las entidades públicas intervenidas ya están advertidas: “Guerra avisada, no mata gente”, versa un conocido refrán. Seguir por la misma vía es lesivo para el desarrollo del país. En Puno, por citar un ejemplo, de los 256 legajos revisados, los procesos de designación de 186 funcionarios de confianza fueron observados, 52 fueron cesados del cargo por no cumplir los requisitos y 58 regularizaron sus legajos levantando las observaciones emitidas; ahora estamos viendo qué ha pasado con los otros 76 funcionarios para continuar con el deslinde de las responsabilidades a través de los respectivos servicios de control posterior.

Queda como tarea pendiente la gran reforma para implementar seriamente un servicio civil calificado, meritocrático y flexible en los tres niveles del gobierno (nacional, subnacional y local), que permita captar y retener personal competente en el Estado. Los problemas de gestión no son solo de normas, procesos y estructuras; son fundamentalmente de personas. El país merece tener a profesionales honestos y capacitados al servicio de la ciudadanía.

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