(Foto: iStock)
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El pollo a la brasa es un invento relativamente reciente. Fue una idea de Roger Schuler, plasmada por Franz Ulrich y desplegada en 1949 cuando abrió sus puertas La Granja Azul en Santa Clara, Ate. Viajar a Santa Clara con el tráfico de antaño era una experiencia aceptable. Sin embargo, ir hasta Santa Clara implicaba una cierta desventaja de localización que permitió que un producto tan bueno sea imitado con rapidez y muy pronto tuvimos pollerías cercanas en cada distrito. Hasta hace poco no manejábamos el concepto actual de delivery. Quizá lo más parecido hayan sido las figuras del lechero, el panadero, el frutero o la de los pregoneros ambulantes, que, por las tardes, ofrecían revolución caliente o guargüeros. Hoy en día, por supuesto, además de ir presencialmente, podemos ordenar el pollo a la brasa de nuestra preferencia usando una aplicación o llamando por teléfono para que un joven, de moto y mochila, llegue con el pedido a nuestras casas.

Una manera de entender las comisiones interplaza es reconociendo que realmente son el costo del delivery, excepto que en este caso no se hace en moto con una mochila. El transporte de efectivo se hace en camiones blindados debidamente equipados, con cuatro o cinco agentes de seguridad formales, estrictamente seleccionados, entrenados, licenciados, armados, protegidos, asegurados, uniformados y monitoreados.

Lo mismo sucede cuando el movimiento es virtual. En este caso, lo que hay detrás son los costos de la tecnología asociados, que incluyen, además de los del personal altamente calificado, los vinculados a servidores de alta disponibilidad, a programas capaces de operar con diferentes sistemas, al ancho de banda suficiente para atender la demanda concurrente, y a la infraestructura de seguridad, encriptación, procesos de respaldo, registros de auditoría, pruebas, certificaciones, monitoreo preventivo, licencias, controles de autenticación, registro contable, compensaciones, liquidaciones, etc.

Las comisiones siempre son por un servicio claramente diferenciable, siempre son por un servicio que cuesta proveer y siempre están debidamente autorizadas y monitoreadas por la SBS. De hecho, todas las comisiones deben ser previamente autorizadas por la SBS demostrando, precisamente, que son servicios no inherentes a otros productos y que, efectivamente, son distintos y cuesta proveerlos.

Asimismo, todas las transacciones entre los más de 14 millones de personas que utilizan las billeteras digitales, hoy interoperando, son gratuitas. De manera que una ley que elimine comisiones, como pretende un reciente proyecto de la Comisión de Consumidor, es innecesaria, atenta contra la libre competencia y la libertad de contratación, y, además, carece de todo sentido económico porque, como señala la opinión de la SBS, podría llevar a que se deje de proveer un servicio esencial, podría generar rompimientos en la cadena de pagos y tendría sus efectos más negativos en las zonas más alejadas, y necesitadas, del país.