Foto: GEC
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Año 2016. Siete mil comuneros de Challhuahuacho, provincia de Cotabambambas en Apurímac, exigían la presencia del Ejecutivo para resolver un conflicto social con una empresa minera de la zona, que había resultado en la muerte de un ciudadano peruano. El ministro encargado de la delegación enviada por el Ejecutivo decidió que solo 10 personas (entre ellos yo) sin policías ni militares, accediéramos a reunirnos con las 7 mil personas, un féretro en medio de una vía bloqueada, y la recomendación de agentes de la DINI que aseguraban era una incursión de altísimo riesgo.

Mientras caminábamos, el silencio de los miles de comuneros se hacía sentir cada vez más. Pasamos el féretro, y de inmediato nos reunieron en una mesa. El silencio continuaba. Sacaron de un sobre 10 actas firmadas por gobiernos pasados donde les prometían hospitales, carreteras, ayuda en tecnificación de riego, etc. “No les creemos a uds., el gobierno ya nos ha engañado muchas veces”, aseguraban mientras recibíamos todo tipo de insultos desde las colinas.

Luego de largas negociaciones, el representante del Ejecutivo aseguró la implementación del “Plan de Desarrollo concertado de la provincia de Cotabambas”. Un acta más que calmó el conflicto social en ese momento, pero que sumó la desconfianza hacia un aparato político central que una vez más les prometía cosas que jamás cumplieron. Actualmente la zona rural de Apurímac alcanza índices de pobreza que bordean el 40% de su población.

MIRA: Comunicación en modo UCI

Sea Castillo o Fujimori quien se siente en Palacio de Gobierno, negar la impostergable necesidad de cerrar las brechas de desarrollo y calidad de vida(exacerbadas por la Pandemia) de la cual son victimas millones de peruanos, debido a un fallido proceso de descentralización, a la corrupción, a la desconfianza del Estado y sus instituciones, entre otros, nos llevará a contextos cada vez más radicales. Advertidos estamos.

Lea mañana a: Andrés Chaves

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