“Pocas políticas públicas en EE.UU. generan tanta controversia, por lo que no sorprende que la decisión fuera aplaudida por los conservadores y criticada por los progresistas”.
“Pocas políticas públicas en EE.UU. generan tanta controversia, por lo que no sorprende que la decisión fuera aplaudida por los conservadores y criticada por los progresistas”.

La semana pasada, la Corte Suprema de EE.UU. declaró inconstitucional la práctica de muchas universidades, conocida como acción afirmativa, que permite discriminar a favor de alumnos de minorías raciales subrepresentadas para facilitar su ingreso a la universidad. La acción afirmativa se estableció en los años 60, generando controversia en el tiempo, sin que la Corte se pronuncie en contra. Esta vez determinó a favor de las demandas interpuestas contra las universidades Harvard y Carolina del Norte, argumentando que violan la cláusula de protección igualitaria en la Constitución, que establece que toda persona debe ser tratada igual sin discriminación de ningún tipo.

Políticas de acción afirmativa o discriminación positiva también se usan en empresas y el Estado al contratar empleados, las que también han sido objeto de debate, aunque aún no declaradas inconstitucionales. Son prácticas que buscan aumentar la representación de ciertos grupos en función de su género, sexualidad, credo o nacionalidad en ámbitos en los que están infrarrepresentados, como la educación y el empleo. Pocas políticas públicas en EE.UU. generan tanta controversia, por lo que no sorprende que la decisión fuera aplaudida por los conservadores y criticada por los progresistas.

Los que critican la decisión de la Corte indican que los esquemas de acción afirmativa han servido para aminorar problemas históricos de discriminación racial, dando oportunidades a muchos que no las habrían tenido. Los que defienden la decisión consideran que, aunque la acción afirmativa ayuda a ciertas minorías, perjudica a otros grupos que terminan discriminados, lo que la Constitución prohíbe. Argumentan que no es evidente que se beneficie a las minorías raciales de menores ingresos, ya que muchos de estos alumnos de razas subrepresentadas provienen de familias pudientes, pudiendo ser una forma de discriminación inversa donde se beneficia a los más privilegiados de grupos minoritarios en desmedro de los menos afortunados de grupos mayoritarios.

Paradójicamente, muchas universidades de élite que implementan estas prácticas también ofrecen tratamiento preferencial para los hijos de exalumnos o donantes, obviamente pudientes, algo que discrimina contra estudiantes con más méritos, indistintamente de su raza. Es claro que la discusión no ha terminado y no sorprendería que se planteen nuevas demandas, incluso algunas que intenten eliminar prácticas de discriminación positiva en la contratación de empleados. Es bueno que se intente proteger la diversidad en las universidades, pero sin afectar la meritocracia y ayudando financieramente a los postulantes pobres calificados indistintamente de su raza o contactos, sin discriminar a nadie.

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