(Foto: Andina)
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Tenía mis reservas acerca de que prosperaría y se convertiría en ley el cuestionado proyecto del parlamentario José Balcázar sobre el licenciamiento permanente de las universidades, entiéndase “a perpetuidad”, vista la alianza no escrita entre la mayoría de bancadas del Congreso, a las que les es indistinto estar en las antípodas políticas en su objetivo de retroceder en varias reformas de Estado, entre ellas la universitaria.

Al final, la iniciativa no prosperó. Cómo sería de esperpento que desde el saque, esto es, desde la Comisión de Educación se le cerró el pase, siendo rechazada por la mayoría de sus miembros en sesión pasada con su consecuente envío al archivo, del cual esperemos no haya de ser resucitada con otro nombre en esta o en próxima legislatura.

Y es que de haber visto la luz del día, el proyecto de marras hubiese decretado la defunción de lo poco que queda de la reforma universitaria, que busca comprobar y fiscalizar periódicamente la calidad educativa de estos centros superiores de estudios a través del llamado “licenciamiento”, que sus autoridades garanticen su sostenibilidad en el tiempo, porque todo lo que apunta a la excelencia debe someterse al escudriñamiento constante.

Lo contrario incentiva la mediocridad y da pie a incurrir en una modalidad de estafa para sus estudiantes y los padres, que pagan por la educación de sus hijos confiados en que reciben una instrucción de calidad por parte de docentes idóneos abocados a la investigación, y con una infraestructura moderna que, además, cumpla con los requisitos de prevención de riesgos por desastres naturales, conformidad que les da Defensa Civil a través del Indeci.

Tal procedimiento alcanzado por una universidad no le da patente de corso para dormirse en sus laureles y bajar su estándar básico de calidad, porque se previeron verificaciones a cierto plazo de años, aquello que se evitó destruir con la iniciativa de Balcázar pretendiendo que el licenciamiento no tuviera fecha de expiración.

En el Perú y en cualquier país, la educación competitiva debe ser concordante con la demanda laboral y esto lo garantiza la fiscalización periódica de las universidades y demás centros de educación superior. Ojalá haya el mismo espíritu para eliminar el matrimonio de adultos con menores de edad. Sigamos los ciudadanos haciendo fuerza para ser escuchados. Esta vez salvamos lo poco de la reforma universitaria, “una de cal por las que van de arena”, como reza un dicho.

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