Mejores candidatos

Por: Milagros campos

Las personas se preguntan por qué si para conseguir un trabajo se piden tantos requisitos, para ser candidato a una municipalidad, a gobernador, congresista o presidente de la República no es igual. En efecto, los requisitos para cada uno de estos cargos son la edad, ser peruano de nacimiento para los cargos de alcance nacional y gozar del derecho de sufragio. Cuando se postula a gobiernos regionales o locales, acreditar residencia. ¿Estos requisitos garantizan la idoneidad de los candidatos y una gestión eficiente? No. La evidencia muestra que candidatos idóneos para el ejercicio de sus cargos no dependen de los estudios, pues la mayoría de los que han incurrido en delitos o mala gestión, los tienen.

La ley deja la selección de los candidatos que se proponen a consideración de los partidos políticos, de acuerdo a sus estatutos. Los partidos en el Congreso vienen realizando esfuerzos normativos para mejorar las propuestas de candidaturas. En 2015, la Ley 30322 creó la ventanilla única de antecedentes para uso electoral y la Ley 30353 estableció impedimento a los deudores de reparaciones civiles y a los alimentarios morosos para postular a elecciones generales. La reciente Ley 30717 promueve la idoneidad de los candidatos al establecer impedimentos a condenados a pena privativa de la libertad, por la comisión de delito doloso. El impedimento es perpetuo para los autores de delitos de terrorismo, apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual. Asimismo, para funcionarios y servidores públicos condenados por delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios.

Las medidas resultan insuficientes, pues lo que está en juego es la confianza en la política y la calidad de la democracia. La propuesta en debate en estos días supone incluir entre los impedidos a quienes cuenten con sentencia en primera instancia por delitos dolosos. Si bien ello debería excluir los casos de delitos contra el honor, como calumnia y difamación, deben incluirse aquellos delitos que pongan en tela de juicio la idoneidad de las personas para ejercer el cargo. ¿Afecta los derechos de los posibles candidatos una medida como esta? La limitación, admitida en otras legislaciones, es razonable y proporcional a los bienes que se protegen. Los derechos a la presunción de inocencia y doble instancia son derechos fundamentalmente procesales y están garantizados, pues la propuesta no afecta el proceso ni inhabilita a quien ya cuenta con una sentencia condenatoria.