27.JUN Martes, 2017
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Opinión

“Publicidad estatal que alquiló medios en el gobierno anterior parece seguir su impulso”.

Craso error el de la bancada de Fuerza Popular en presentar un proyecto de ley de medios de comunicación. No solo inoportuno, vivimos una tragedia nacional, con ciudades devastadas, peruanos sin amparo sumidos en la más profunda carencia de todo y con un futuro riesgoso por las enfermedades que ya están padeciendo. También es una propuesta inútil, porque significa que el Estado o el gobierno estarán por encima de medios que son privados. Un consejo de vigilancia termina siendo una intervención política en los medios de prensa.
No puede dejarse de lado que Chile y otros países cuentan con un consejo regulatorio que –como nos comentó un colega chileno en la época– hubiera impedido que saliera una emisión del programa televisivo ‘Fuego cruzado’ que trató sobre el insulto (‘hijo de puta’) que Hernando de Soto lanzara a Mario Vargas Llosa. Estuvo la flor y nata del fujimorismo y de los ‘vargasllosistas’. El amigo chileno fue claro, “en mi país no aparecía esa emisión”.

Nuestros políticos faltan a la verdad. Por ejemplo, en Virú, el presidente habló de los puentes que cayeron en el Rímac. Dada la alusión, el alcalde de Lima ‘cuadró’ al presidente. Este negó haberse referido al desplome del puente Talavera en el río Rímac. Aunque en la grabación escuchamos claramente, río Rímac. Pero los medios afines a Palacio dejaron pasar esto e hicieron eco de las críticas contra el alcalde. Igual con las declaraciones presidenciales sobre un zar de la reconstrucción. El mandatario se desdijo luego, sin consecuencias.

La atención de los congresistas y ciudadanos debería centrarse en evitar, tal como lo señalan la ética y la ley, que los medios emprendan feroces campañas de demolición contra, en este caso, el alcalde de Lima, el ex presidente Alan García y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Lo repetiremos siempre, una cosa es informar y otra participar en campañas políticas con ventaja artera. Portadas sistemáticas, ominosas y diarias contra estos tres personajes de la vida pública –probablemente con la complacencia de este gobierno– aparecen sin que a nadie se le mueva un pelo de la ética, de la libertad de expresión ni de nada.

La publicidad estatal que alquiló medios en el gobierno anterior parece seguir su impulso el día de hoy. No se quiere recordar que esto ya lo vivimos con Fujimori y Montesinos, portadas alquiladas, ¿pagadas por quién? Campañas en medios digitales, solventadas con nuestro dinero. Imposible que los periodistas que participan de esto no se den cuenta de que es una campaña política. La bancada de Fuerza Popular y otras también deberían prestarle atención a esta realidad, que afecta, guste o no, a la democracia. Y en medio de una desgracia que debería unirnos para ser realmente una sola fuerza.


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