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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

El Perú cojea de manera flagrante en el frente regulatorio. La regulación es extensa pero ineficaz. Es decir, todo está regulado, pero de manera deficiente y los organismos encargados de ello no tienen apoyo político ni del gobierno, ni del Congreso. Sus presupuestos son tan magros que no puede retener a su talento, ni siquiera a los especialistas porque no pueden competir con los sueldos que ofrecen sus regulados. Como consecuencia, los organismos reguladores en el Perú funcionan como escuelas de especialización gratuitas para las instituciones reguladas (principalmente empresas privadas proveedoras de servicios) y los estudios de abogados que utilizan a los reguladores como si fueran bolsas de trabajo universitarias.

Esto también es muy importante: el Estado de derecho en el Perú es tremendamente precario. El Estado solo funciona y existe para quien puede accionarlo o es lo suficientemente vulnerable. El índice de criminalidad del Perú está a media tabla si se le compara con el de Latinoamérica, pero esta región tiene algunos de los índices de criminalidad más altos del mundo. Esto es resultado del ahuecamiento del Estado, entendido esto como que no puede controlar su propio territorio. El periodista Moisés Naím explicaba que en América Latina existían varios de los que él llamaba "agujeros negros del Estado" y que se repartían a nivel global. Estos eran lugares en los que virtualmente no regía ningún Estado, que geográficamente se encontraban de manera inequívoca dentro del territorio de un país, pero que, sin embargo, eran tierra de nadie. Uno de estos lugares estaba en el Perú, en el Vraem. El tráfico de drogas financia una cantidad innumerable de actividades delictivas que van del sicariato a la prostitución.