24.JUL Lunes, 2017
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LA PORTADA DE HOY

Le piden propuestas

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Opinión

“La prisión preventiva busca limitar el actuar de la pareja para evadir la justicia (sobornar, comprar testigos, transferir recursos, etcétera)”.

La defensa mediática y legal del ex presidente Ollanta Humala y de su esposa, la Sra. Nadine Heredia, o bien se encuentra confundida, o bien busca confundir a los peruanos. Algunos ejemplos de sus dislates.

“No hay delito”. Sí, sí lo hay; el proceso es por el presunto delito de “lavado de activos”. El delito se habría cometido sobre los fondos percibidos provenientes de la empresa Odebrecht (US$3 millones), de una fuente ilegal de la empresa (la famosa contabilidad paralela), y usados por la familia Humala-Heredia, lavados a través de ingresos ficticios, tanto personales como por el partido.

“No es delito recibir dinero para campañas”. Cierto, no está tipificado como delito recibir dinero para las campañas, provisto los fondos provienen de una fuente legal y se registran adecuadamente. No ocurrió, según la denuncia, ni uno ni lo otro. Los fondos fueron introducidos a las cuentas del partido vía “aportantes fantasmas”, y otra porción de los fondos a las cuentas familiares.

“Es un exceso la prisión preventiva”. No, no lo es. Tanto el ex presidente Humala como su esposa han probado en este y otros procesos que buscan obstruir la justicia. La prisión preventiva busca limitar el actuar de la pareja para evadir la justicia (sobornar, comprar testigos, transferir recursos, etcétera).

“Han revivido a un actor político”. No lo sé, pero si fuese así, no tiene importancia. La justicia no puede estar establecida por el cálculo político. Si el Sr. Humala o la Sra. Heredia mañana salen de prisión y deciden incursionar nuevamente en la arena política y llegan a cualquier cargo público, pues habrá que señalar, en todo caso, a los electores.

“No se puede dejar a los hijos desamparados”. Por supuesto que es trágico, para los hijos, la separación del padre y la madre. Pero dicha separación es producto del actuar de ambos, no es culpa ni del juez, ni del fiscal, menos aún de la sociedad. Nuevamente, la justicia no puede estar sometida a las tragedias familiares.


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