Hoja suelta

El Gobierno designó nada menos que a Ricardo Soberón como jefe de Devida. La reacción del extitular de esa entidad, Rubén Vargas, quien dijo que eso equivalía a poner en la Sunat al jefe de una organización de contrabandistas, resulta absolutamente entendible

Ricardo Soberón es un abogado conocido por su activismo en medios académicos y foros nacionales e internacionales en contra de la erradicación de cultivos de coca ilegal. Desde hace años escribe y se manifiesta en contra de esta práctica preventiva, pues él defiende la legalización de la hoja andina −de la que el Perú, no lo olvidemos, es el segundo productor mundial− como la solución a los problemas del narcotráfico.

Soberón tuvo un efímero paso por ese mismo cargo en el 2011, al que llegó por decisión de un despistado Ollanta Humala, cuando asumió su mandato presidencial. Por supuesto, este polémico funcionario no tardó en ser defenestrado luego de una serie de conflictos con instituciones civiles y militares por su obcecada postura sobre el tema.

Como ciudadano, el señor Soberón podrá tener y exponer todos los puntos de vista que le plazcan, pero la erradicación de la coca ilegal es el eje de una política de Estado que responde también a una serie de compromisos multilaterales que no se pueden burlar sin que el Perú termine convertido en un paria internacional, con el consiguiente perjuicio económico que ello significaría.

La violencia y la corrupción que acarreará la suspensión o ralentización de los operativos de erradicación de cultivos de coca ilegal, por otro lado, solo traerá más dolor para el país, como bien saben, por ejemplo, las comunidades asháninkas, hoy asediadas por los cárteles de la droga, han estado entre las primeras organizaciones en rechazar el nombramiento de Soberón.

Poner al mando de Devida −institución creada, como su nombre lo indica, “para una vida sin drogas”− a un personaje tan abiertamente vinculado con las campañas por la legalización es otro contrasentido que seguramente −pretextos más, pretextos menos− se traducirá en una frenada en seco a las erradicaciones de este insumo esencial para el narcotráfico. El Gobierno en pleno queda mal parado.