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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

El gobierno acaba de publicar los 112 decretos legislativos al amparo de la delegación de facultades.

Una rápida lectura nos muestra que si a un gobierno le interesa simplificar y hacerle la vida más fácil al ciudadano, lo puede hacer. Seguramente se pudo y se puede hacer mucho más, pero es un buen primer paso.

Algunos decretos generarán un debate intenso y otros no pasarán, pero la mayoría de ellos serán aprobados. Si esos serán suficientes para lograr lo que plantea el gobierno será algo que comprobaremos en el mediano plazo.Sin embargo, en el corto plazo el gobierno tiene una tarea tanto o más intensa que la realizada hasta la fecha.

La correcta, oportuna y activa aplicación de las normas aprobadas va a depender de la difusión que el gobierno haga de ellas, para que la ciudadanía sepa y pueda exigirla, y para que la burocracia estatal se vea obligada a aplicarla, así no quiera. Y es que es en este sector, resistente al cambio, a la simplificación, y acostumbrado a tener la sartén por el mango para hacer sentir su poder, y para poner al ciudadano contra la pared para sacarle provecho a la situación, donde las cosas van a ser más difíciles.

Aquí es donde se va a poner a prueba el liderazgo del gobierno en general, y de los ministros en particular. Ellos son los llamados a que la intención del gobierno baje, genuina y eficazmente, hacia los niveles intermedios y bajos de la administración pública. Y se va a poner a prueba también la capacidad de comunicación del gobierno, porque si no sabe explicar, y rápidamente, el porqué de las medidas, y no sabe convencer, la resistencia al cambio se convertirá en conflicto.

Y el otro problema será el de la desconfianza generalizada, producto de la situación creada por los sobornos confesados por las empresas brasileñas. Esta simplificación llega cuando nadie va a querer firmar nada, ni hacerse responsable por algo, por más pequeño que sea.