El cáncer que devora al Estado

El índice de la corrupción e inconducta funcional de 2022 presentado el miércoles por la Contraloría refleja de manera clara que este mal, ya endémico en el Perú, está presente de manera transversal en todo el territorio nacional. Desde la entidad pública más chica hasta la más grande. Y revela también que los gobiernos regionales siguen una senda peligrosa de desvío de fondos hacia fines ajenos a las poblaciones que los eligieron.

De hecho, siete de esas gobernanzas regionales aparecen en el deshonroso top ten de “muy alto” nivel de corrupción. Y, por si fuera poco, en ese mismo informe se consignó que durante el gobierno de Pedro Castillo se entregaron 76,480 contratos públicos a dedo, es decir, mayormente para los amigotes del régimen, algunos de los cuales ya se encuentran tras las rejas, como el propio golpista.

El tema no debe quedar solo en el señalamiento de la corrupción y los malos funcionarios coludidos, sino trasladarse a sanciones efectivas y ejemplarizadoras, como los panelistas plantearon durante dicha presentación. En el evento se discutieron propuestas que van más allá de las penas carcelarias para los corruptos. La devolución de todo lo que estos delincuentes robaron y una prohibición de por vida de volver a postular a cargos del Estado se pusieron sobre el tapete.

Asimismo, quedó la exigencia de que se fortalezca el control institucional y, por ejemplo, se premie a los funcionarios o entidades que sí actúan o actuaron éticamente, que los hay, y muchos, de manera que se puedan generar incentivos positivos en las nuevas generaciones de profesionales que ingresan a la administración pública.

Claro que las responsabilidades más gruesas suelen caer en los políticos elegidos ‘por el pueblo’ que terminan traicionando, no solo a sus electores, sino a todos los peruanos, pues son ellos quienes a la larga hacen y deshacen nombramientos y hasta pueden resultar mañosamente determinantes en las adjudicaciones o compras del Estado.

Porque la complicidad –o incompetencia, que también abunda– de jefaturas de rango medio o bajo termina siendo parte de la cadena delictiva encabezada por estos líderes políticos encumbrados en el poder Ejecutivo o el Legislativo.

Conclusiones ciertamente alarmantes sobre un mal sistémico que el Perú tiene que comenzar a atacar de raíz si es que se pretende volver a la senda del desarrollo.