Cumplidos casi 15 días de estado de emergencia, lo que tendría que decirse, tal como se avizoró desde estas páginas, es que –ahora lo sabemos al 100%– se trató de una medida dictada a remolque de las encuestas.

Una decisión que en ningún momento fue parte de plan integral de lucha contra la delincuencia alguno, que nunca se conversó previamente con los alcaldes o las Fuerzas Armadas, que, por cierto, ni siquiera estuvieron informadas, hasta que el Gobierno se la sacó de la manga como un gesto oportunista para calmar los reclamos y los llamados de diferentes distritos del Perú.

En estos días de vistosos contingentes militares apostados en vías emblemáticas de las jurisdicciones declaradas en emergencia, como San Juan de Lurigancho, la criminalidad no ha disminuido un ápice. Esto, muy a pesar de que el primer ministro Alberto Otárola afirmara –con una ligereza digna de una republiqueta bananera– que, desde que la medida fuera puesta en práctica, no se reportaban más asesinatos en la zona.

Y como para darle un rotundo mentís al Premier, casi como quien se burla de las autoridades, no pasaron ni 24 horas de haberse pronunciado para que el sicariato dejara un nuevo cadáver en una transitada vía pública del mencionado distrito. Abaleado a mansalva no muy lejos de donde circulaban las tanquetas del Ejército. Como en el cuento, el rey quedó al desnudo.

Ya lo había dicho el exministro del Interior Rubén Vargas a Perú21, “los estados de emergencia han sido un fracaso para enfrentar el crimen organizado y esta no va a ser la excepción… Lo que tenemos que hacer es desarrollar una estrategia contra el crimen organizado y eso pasa por fortalecer a la policía especializada, pasa por dotarla de mayor tecnología, pasa por tener una inteligencia policial mucho más fuerte”.

No es el único especialista que piensa que esa es la única manera: poner el tema en manos de especialistas y potenciar el trabajo de inteligencia en la PNP.

Pero en las alturas del Gobierno parecen más inclinados por el efectismo. Mucho que Bukele, que mano dura, que militarizar las calles… lo cierto es que ninguna tienda política, al menos desde el Congreso, cuenta tampoco con una alternativa sólida para la terrible precariedad en que se encuentra la seguridad ciudadana.

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