La noticia revivió viejas leyendas urbanas sobre enfrentamientos territoriales entre peruanos y migrantes de otros países en mercados o zonas comerciales de distritos populosos.
Un enfurecido contingente de comerciantes, trabajadores y mototaxistas de La Victoria y El Agustino, armados de palos, piedras y fierros, la emprendió virulentamente contra las propiedades de quienes identificaron como miembros o allegados a las mafias venezolanas, que han tomado la zona, robando y cobrando cupos a comercios y ciudadanos que viven en estos distritos.
El ataque fue alentado y aplaudido por los vecinos de los barrios directamente afectados, hartos de la ola delictiva que los agobia día a día, y de los indeseables que se estaban adueñando de sus calles (“Los peruanos no nos podemos dejar pisar el poncho en nuestra propia tierra” … “¡Tenemos que hacernos respetar!”).
La violencia de esa movilización, sin embargo, dio lugar a una inmediata respuesta de Los Gallegos –banda denominada por las autoridades como el comité central de la organización internacional de origen venezolano Tren de Aragua– amenazando con represalias a los movilizados.
“Comenzaremos a matar a los motorizados peruanos que tengan paraderos en La Victoria, Gamarra, Veintiocho (sic) y cualquier otro distrito que se preste…” proclama un grupo de encapuchados a los que se les ve empuñando armas de largo alcance en la mano, en un video que se viralizó en las últimas 48 horas.
Valga esta apretada síntesis de los hechos para expresar la preocupación de Perú21 por la violencia que se puede desatar en las calles. El malestar por la presencia creciente de malhechores venezolanos en nuestro país crece sin parar. Y si bien se ha visto un gran despliegue de las fuerzas de seguridad en las zonas en conflicto, se ignora si las unidades de inteligencia policial están ya actuando en previsión de un enfrentamiento que puede escalar en cualquier instante.
No ayuda en nada, por supuesto, la noticia de que dos destacados coroneles especializados en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado en la PNP continúen en un limbo del escalafón, sin que se publique la resolución de sus justos ascensos al grado de general.
Incomprensible que, a estas alturas del descalabro de la seguridad urbana en las principales ciudades del Perú, las autoridades del Gobierno sigan resistiéndose a formar un GEIN para luchar contra la delincuencia.
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