Billetes sin salida

Esos 20 mil dólares encontrados dentro de una caja, en el baño de la Secretaría de la Presidencia de Palacio de Gobierno, ocupado en ese momento por el exsecretario presidencial Bruno Pacheco –durante una diligencia de oficio de la Fiscalía Anticorrupción en Palacio− ameritan una rápida y exhaustiva investigación.

Las explicaciones que dio Pacheco sobre el dinero –que era producto de sus ahorros y el sueldo que percibía como funcionario− resultan irrisorias a la luz de sus antecedentes, que justamente motivaron la intervención del Ministerio Público.

Como Perú21 informó en su momento, además de haberse entrometido groseramente en los procesos de ascenso en las Fuerzas Armadas y Policiales, el secretario también intentó presionar al superintendente de la Sunat, Luis Enrique Vera Castillo, para que favoreciera a empresarios amigos en sus problemas con el fisco, llegando incluso a amenazar veladamente con removerlo del cargo.

De ahí la importancia también de verificar la identidad de las personas que frecuentaban su despacho, como ya se ha hecho con los coroneles de la PNP que luego fueron ascendidos irregularmente a generales. Porque, aparte de las instituciones militares, ¿cuántos empresarios amigos del gobierno en aprietos fiscales habrán pasado por esa “salita”?

Según la Fiscalía Anticorrupción, podrían estar en juego delitos como patrocinio ilegal, enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos. Y ante la inminente, obligatoria revisión de sus comunicaciones y cuentas bancarias, tampoco se descarta una eventual detención preventiva.

Si obró motu proprio o por encargo del mandatario, lo deberán dilucidar las investigaciones, pues estaríamos hablando de un caso muy grave de tráfico de influencias. Hay mucho por aclarar y dado que el presidente Castillo no lo hace, la Fiscalía tendrá que hacer, expeditiva y rigurosamente, su trabajo sin que a algún coordinador del Ministerio Público le tiemble la mano.

En circunstancias en que va abriéndose paso una moción de vacancia presidencial en el Congreso de la República, el oficialismo ya no puede alegar ningún tipo de complot ni mucho menos echarle la culpa a la prensa, como suele hacer. Esta vez deberá ser consecuente con sus propias acciones y decisiones.