La minería concentra el 45.6% de la cartera de proyectos de inversión al 2023, señala la Cámara de Comercio de Lima. (Foto: USI)
La minería concentra el 45.6% de la cartera de proyectos de inversión al 2023, señala la Cámara de Comercio de Lima. (Foto: USI)

La columnista Madeleine Osterling nos recuerda con pertinencia que el Gobierno Central ha transferido S/10,000 millones a los gobiernos regionales y municipales a través del GORE y del Muni Ejecutivo. Un cigoto de plata, aproximadamente US$3,000 millones.

La advertencia de Osterling se centra en la pléyade de denuncias de corrupción que tienen prácticamente todos los gobernadores regionales y autoridades locales. De hecho, los pillan en una y mil trapacerías. Pero la preocupación se extiende mucho más allá. Resulta que esos beneficiarios de los S/10,000 millones dejarán el puesto el primero de enero de 2019.

Para los comicios que se avecinan no corre la reelección. Por primera vez en un buen tiempo, las autoridades que resulten elegidas en las próximas elecciones serán núbiles, vírgenes frente a la gestión estatal. Probablemente habrá algunos reciclados de períodos anteriores. Pero en su mayoría padecerán de inmadurez frente al siempre burocrático manejo del Estado.

En cristiano, tendrán que adecuarse al nuevo SNIP, al que el gobierno de PPK ‘mató’ en diciembre pasado. El imberbe Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones lo reemplaza. Pese a que el SNIP era dificultoso para las anteriores autoridades, mal que bien lo manejaban. El también denominado Invierte.Pe fue criticado porque había que adecuarse a un nuevo esquema. No conocemos de sus éxitos ni de sus buenos resultados.

El crecimiento de 4% del PBI para 2018 está sostenido, fundamentalmente, en la minería. El 2019, con la baja de precios de los minerales y los escasos proyectos que arranquen, será un año sin brillo y difícil. Si a ello le suma nuevas autoridades que deberán instalarse, acomodarse, hacer sus proyectos, el panorama es poco halagüeño.

El proceso electoral que se viene estará manejado por una ONPE hipercuestionada. Quien ahora la dirige, afirmó públicamente que Transparencia sugirió su nombramiento. Esa institución es acreditada, pero no forma parte de la estructura de gobierno. Adicionalmente, la salida del primero y el segundo de la ONPE, junto con las denuncias de corrupción y malos manejos, nos anuncia una perspectiva ófrica y, por qué no, dudosa.

Ya la aceptación de ciertas candidaturas indica trafa electoral. Quienes conocen sostienen que la potente mafia Cavassa ha tomado prácticamente la ONPE. La combinación que enfrentamos es sumamente preocupante. Esto, en un contexto donde todos son señalados como corruptos y con un referéndum a cuestas que aún no se sabe cómo ni cuándo se realizará o si llegará a término. Dios nos coja confesados, sobre todo a quienes sufrieron El Niño.

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