Ante la aparición de más audios que revelan que la salud del sistema de justicia es peor que lo que el más pesimista creía, la ciudadanía reclama acción inmediata. Se ha armado una comisión integrada para que, en 12 días, diagnostique y eche alguna luz sobre qué decisiones tomar en el corto plazo para detener esta hemorragia que parece estar solo comenzando. A pesar de ser un plazo bastante corto, hay sugerencias que pueden –y deben– plantearse para, por lo menos, iniciar con la tan necesaria reforma.

El principal problema por enfrentar está en el Consejo Nacional de la Magistratura. Con esto no pretendemos decir que la corrupción que se ha enquistado en otros lugares sea menos grave. Es que el origen de todos estos actos está en una institución (el CNM) cuya conformación es deficiente y que, sin duda, no responde a criterios idóneos: la participación de la sociedad civil en el nombramiento de los consejeros confunde expectativas con posibilidades. Este asunto requiere una reforma constitucional.

Las universidades, públicas y privadas, tienen en sus rectores dos votos en el consejo. Empiezan los problemas: los rectores de las universidades no tienen que haber estudiado derecho. Y ser abogado no es un requisito para integrar el CNM. ¿Cómo alguien que no conoce los valores que debe tener un juez para impartir justicia con solvencia va a poder hacerlo? Y, claro, luego está el tema de que en el Perú hay universidades y universidades. Pero nuestro sistema no ve esa distinción grosera.

La calidad académica en formación jurídica de universidades nacionales como la de San Marcos o privadas como la Católica no puede ser comparada con la de las decenas de universidades que pululan haciendo de la cátedra un negocio y del derecho un oficio de papelería y no una profesión de ideas. Lo mismo sucede en otras situaciones cuando destacados profesionales terminan eligiendo magistrados con gran esfuerzo, pero nula formación: ha sucedido cuando grandes biólogos eligen consejeros.

No es que quienes no se hayan formado en derecho sean ignorantes. Pero sí lo son en materia jurídica. Como los abogados lo son en las demás áreas del conocimiento. Dejemos a los buenos abogados en su sitio.

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