Bloqueos con pena

La condena recibida por los exdirigentes mineros del valle de Tambo Pepe Julio Gutiérrez, Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo por delitos como tentativa de extorsión, disturbios, motín y entorpecimiento de los servicios públicos debería resonar cual campanazo en los oídos de tanto dirigente acostumbrado a mandar a sus parciales a bloquear carreteras apenas entran en controversia con alguna empresa o con el Estado.

El Primer Colegiado Penal Supraprovincial de la Corte de Justicia de Arequipa dio su fallo el último jueves y las penas que recibirán estos personajes van de 7 a 16 años de cárcel. A Gutiérrez, quien está prófugo, se le recuerda especialmente por el audio en el que se le escucha pedir al abogado de la Southern Perú Copper Corporation Jesús Gómez Urquizo 1.5 millones de “lentejas” (dólares) para poner fin a la huelga que entonces se llevaba en contra de la empresa minera. Y es que lo que ya comienza como una medida de fuerza acompañada de abusivo bloqueo de carreteras es muy fácil que salte pronto hacia otros delitos no tan alejados de esta práctica, como, por ejemplo, el daño a la propiedad pública y privada, o la extorsión.

Como Perú21 ha sostenido en otras oportunidades, los bloqueos a las vías públicas como estrategia de presión durante protestas sociales son inaceptables en una democracia. Pero, lo que es peor, resulta alarmante la sempiterna inacción de las autoridades para desterrarlas de una vez por todas, así como la impunidad en que mayormente se mantienen quienes las realizan. Como si esos bloqueos fueran anécdotas que se deberían olvidar una vez superado el conflicto.

Es hora de que se tomen acciones efectivas, desde las más altas esferas, contra esta práctica delictiva, violenta y prepotente que suele atentar contra la ciudadanía y el país en su conjunto, al interrumpir la libre circulación de vehículos, mercancías y personas, por mucho que se lleve a cabo en zonas focalizadas por la eventual protesta.

Las medidas para parar en seco la viciosa recurrencia de estos bloqueos pasan ciertamente por aplicar penas tan severas como las dictaminadas por el juzgado arequipeño.