(Perú21)
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Alberto Fujimori ha vuelto al ruedo. Bueno, en realidad nunca se fue. El audio en el que ofrece el puesto en la lista congresal al dirigente puneño Crisóstomo Benique así lo demuestra. La voz de Fujimori, por cierto, evidencia un estado de salud sin mayores complicaciones. No es la voz del moribundo que se oye en sus videos. Coordina almuerzos y entrevistas con potenciales candidatos —como las dos reuniones con Benique, gestionadas por el mañoso y tocador Moisés Mamani— a los que les “echa el ojo”. Una válida interpretación del audio es que Fujimori hace uso y abuso de derechos políticos que, por la condena que tiene, no puede ni debe ejercer.

Según el artículo 33 de la Constitución, el ejercicio de la ciudadanía se suspende —de acuerdo al inciso 3— por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. En rigor, y cual eufemismo, Fujimori está vulnerando la Constitución al convertir a la Diroes en un local de Fuerza Popular. El proceso disciplinario que enfrentará Fujimori acarrea una sanción penitenciaria. Está claro que, ante el temporal retiro de la política anunciado por su hija Keiko Fujimori, es él quien se está haciendo cargo de decisiones que, por ley, no puede tomar. Su exministro de Salud, Víctor Paredes, admitió que Fujimori lo invitó a la lista fujimorista. Su defensora incondicional, Martha Chávez, encabeza la lista parlamentaria.

Pero más allá del proceso que realiza el INPE contra Fujimori, queda evaluar una sanción a Fuerza Popular. Como lo advierte el exprocurador Antonio Maldonado, el Jurado Nacional de Elecciones debe pronunciarse si va a pasar por alto que un condenado por violaciones a los derechos humanos, y crímenes de lesa humanidad —además de delitos graves de corrupción que él mismo admitió—, esté manejando un partido político desde la cárcel.

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