La escalada de violencia y vandalismo tiene al país en vilo en estos días posteriores al golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo.

La cifra de muertos, heridos y contusos va en peligroso aumento como producto de los desórdenes sociales que han estallado en el sur del país, especialmente Apurímac, Arequipa y, probablemente en las próximas horas, Puno, donde el propio gobernador –muy afín a Evo Morales– ha declarado a la región en desobediencia.

Los manifestantes, en principio, salieron a rechazar la vacancia de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte, que se definió en estricto cumplimiento de la sucesión constitucional prevista por la Carta Magna.

Castillo, como se sabe, fue retirado del cargo, pues cometió un delito (golpe de Estado) cuya flagrancia fue confirmada al menos por un ministro y el propio jefe de la Policía. Dos funcionarios del Estado que recibieron justificaciones y directivas para cerrar el Congreso y apresar a la fiscal de la Nación.

El orden constitucional dentro de un Estado de derecho es muy claro para sancionar atentados contra la institucionalidad de la democracia como el que ocurrió, sin contar las seis carpetas por corrupción que se tuvieron que abrir en la Fiscalía, debido a las reiteradas inconductas del expresidente y su entorno.

Quienes más se resisten a aceptar el mandato de la Constitución, como es obvio, son los sectores radicales y los aliados de Castillo. Aquellos que sienten perdidos sus privilegios con el Estado, como los docentes de la Fenatep, funcionarios ministeriales nombrados por él, prefectos y subprefectos vinculados –muchos de ellos– al Movadef. De hecho, entre quienes vienen agitando el cóctel violentista se ha detectado a miembros de ese brazo político de Sendero Luminoso, así lo documentó ayer Perú21, y se pudo comprobar luego, al final del día.

En las turbamultas callejeras se reclama ahora adelanto inmediato de elecciones, cierre del Congreso y, en algunos casos aislados, hasta una Asamblea Constituyente, puntos que no estaban en agenda hace unas semanas, cuando se le reclamaba a Castillo rebajar los combustibles, implementar la segunda reforma agraria, comprar la urea, entre otros.

La democracia peruana debe imponerse cuanto antes a estas fuerzas destructivas, desatadas por la incompetencia y la venalidad del gobierno del frustrado golpista.

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