27.JUN Martes, 2017
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Extremo opuesto

Alberto Fujimori no le ha pedido perdón al país ni –mucho más importante– a los familiares de las víctimas del Grupo Colina que él y su mellizo Vladimiro Montesinos auspiciaron y se encargaron de proteger, encubrir y amnistiar. No ha pagado un sol de reparación civil ni su familia se ha puesto a derecho como para creerles que hay buena voluntad o al menos voluntad de enmienda. Es decir, ni siquiera se molesta en dorar la píldora para que nos la traguemos incautamente. Como quiso hacer Keiko en Harvard. ¿Y pretenden que se le otorgue un perdón?

Nos premian al presidente del BCR (¡dos veces!), nos premian a los ministros de Economía. A veces hasta nos premian esas cosas que algunos piensan que no son necesarias, como los programas sociales de ayuda a los menos favorecidos. Exportamos cada vez más cosas: desde nuestra comida que incluye ingredientes para hacer cebiche con exceso de kion, leche que no es realmente leche y pisco con pasaporte falso hasta piedras en barco en forma de láminas de metal. Pero no hemos dejado de ser Bangladesh. Aquí hay gente que trabaja 12 horas diarias encerrada en un contenedor por 20 soles y que va al baño en botellas. Gente que sube containers a la azotea de un edificio y los alquila sin que las autoridades se den por enteradas. Y esa gente que gana 20 soles al día encerrada 12 horas en el container, aunque tenga 15 años, se cocina y se muere y nadie la puede salvar porque, aunque los bomberos nos regalen su vida y su tiempo, no hay presupuesto y no puede hacer un hueco en el metal a punta de voluntad.

La interpelación del Congreso a Carlos Basombrío fue larga pero no estuvo tan cargada de dislates y disparates altisonantes como se esperaba. Aunque solo fuera por agotamiento, el ministro enfrentó a una oposición mayoritaria artera pero sin filo. Bien por él. Me pareció pertinente –e inteligente– su ánimo conciliador y sin ufanarse de los avances y logros evidentes de su gestión; no había ido para eso y hubiera sido contraproducente.

Hace meses que el Ejecutivo intenta infructuosamente llevar a la mesa de negociaciones a la principal fuerza de oposición, el fujimorismo, sin que esta haya accedido más que en una sola oportunidad, luego de la accidentada censura de un ministro, y por intermediación del cardenal Cipriani. Incluso en esa oportunidad, el Ejecutivo le estuvo lanzando ofrendas y guiños a Fuerza Popular y a su lideresa, Keiko Fujimori, sin ningún resultado positivo. ¿Qué más queda por hacer? ¿Entenderá el Ejecutivo que hacerle ofrendas al fujimorismo esperando congraciarse con él es como esperar que la temporada de lluvias empiece antes solo porque uno avienta vírgenes en el cenote sagrado de Chichen Itzá?

Antes de escribir esta columna, llamé al congresista Marco Arana para preguntarle directamente cuáles eran las razones por las que su facción dentro del Frente Amplio está recolectando firmas para interpelar al ministro Thorne, pese a que este ha presentado una cuestión de confianza que de ninguna manera le van a dar. No me contestaron ni él ni la persona encargada de comunicaciones, solo su asistenta.

Cuando le echas la culpa a la regulación de que una empresa les meta el dedo a los consumidores –o al Estado– como le da la gana, estás usando la misma lógica del policía que le pregunta “¿qué habrás hecho para que te pegue tu esposo?” a la mujer con el ojo morado y una costilla rota.

La síntesis del mensaje que la mayoría del Congreso le quiso dar al ministro de Economía, Alfredo Thorne, y a su jefe, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, va más o menos así: “Tenga usted la grandeza de renunciar porque la fregó. O que lo bote su jefe. Porque si no renuncia y no lo botan, nosotros lo vamos a censurar y después nos van a decir obstruccionistas y eso no es justo, porque en este problema con el contralor, como en el del aeropuerto de Chichero, ustedes se metieron solitos”.

Él tiene una pesadilla. En ella, PPKuczynski lleva un atuendo de mujer y a su alrededor se celebra alguna especie de ritual. Está amarrado en un poste de madera, como los exploradores europeos en las películas gringas de caníbales de los años 40. A su lado pasa Ántero Flores-Aráoz disfrazado del gato Félix persiguiendo a Magaly Medina al ritmo de “Fuma el barco”. PPK se descubre asustado, pero luego recuerda que se trata de un sueño y que aquí la verosimilitud es lo de menos. “Ya vengo, no te vayas a morir”, le dice el gato.

Ayer, tres fujis votaron en contra de las guarderías infantiles en las organizaciones. La semana pasada, algunos fujis votaron en contra de retirarles beneficios penitenciarios a violadores de niños porque en la ley decía “género”. Hace un mes, los fujis votaron para desproteger de la violencia a las mujeres y LGTB.

El lunes escribí sobre la falta de representatividad de nuestros representantes y de cómo esto es tan peligroso en un país cuya población –a punta de inseguridad e incertidumbre– se vuelve más y más autoritaria. Es decir, un país en el que las personas están más y más dispuestas a sacrificar libertades y derechos, particularmente si son de otros, a cambio de la ilusión de seguridad y estabilidad.

El chantaje presupuestal, usado por todos los gobiernos a lo largo de toda la historia del Perú, debe desaparecer. La práctica, que adquirió dimensiones corleonescas con “papapa” Camet en el gobierno de Fujimori, es hipócrita y estúpida, toda vez que desde el MEF se viven quejando de que la falta de institucionalidad es una traba para la inversión y el desarrollo. Se predica mejor con el ejemplo.

Según encuesta de Ipsos, todos los líderes políticos están desaprobados por la opinión pública. No se salva uno. Keiko Fujimori tiene una desaprobación de 54%. Verónika Mendoza es desaprobada por el 56% y Julio Guzmán por un 41%. Si consideramos que con, respecto a Guzmán, aprobación y desaprobación suman 68% (en todos los demás esa suma supera el 90%), tenemos que el 60% de los que tienen alguna opinión sobre Guzmán lo desaprueba. Duro eso. El 54% desaprueba a la presidenta del Congreso y 51% al presidente del país, PPK.

Es decir, Kuntur Wasi (KW) tiene un contrato (pésimo y lesivo) pero que obliga al Estado. Y si este no cumple, KW lo puede demandar y sacarle un montón de plata. Eso era lo que nos decían todos los funcionarios y autoridades del gobierno, desde el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, hasta Fiorella Molinelli (viceministra otra vez, ¡qué suerte!): que la adenda era lo mejor que nos podía pasar para que no nos salga carísimo.

El Grupo Gloria, como muchas otras empresas grandes en el Perú, tiene una clara posición de dominio. Su tamaño e influencia les confiere privilegios negados para cualquier otra empresa de menor “calado”. Es decir, no se me ocurre que el Estado peruano le entregue tierras con riego asegurado gracias a subsidios al dueño del Pollos Hilton, por ejemplo. Pero a Odebrecht sí, a Gloria sí. Como quien tira la piedra y esconde la mano (y se pone a la moda), pienso: Olmos ;-).

Según Datum, el 75.7% no cree que sea cierto que los índices de delincuencia se hayan reducido. El 75.9% no quiere que empresas asociadas a Odebrecht estén en la reconstrucción. El 47.1% desaprueba la labor de PPK en las labores de reconstrucción, 63.3% en la lucha contra la corrupción, 65.3% contra la inseguridad ciudadana y 48.2% en el manejo económico. A esto podemos sumar que el 83.7% cree que habrá corrupción en la reconstrucción. La confianza de la población en el gobierno es bajísima.

Casi la mitad (46%) de los encuestados por Datum tiene un perfil autoritario, según el test de Nolan aplicado. La sorpresa —para la izquierda y el progresismo— es que el Perú se aleja, todo él, del centro (pasó de 51.6% a 36.4%) hacia el conservadurismo que, aunque coincide en varios puntos con la agenda de la izquierda (más intervención y presencia del estado a favor del bien común, en general), los mira con sospecha.

Gracias a Panamá, hoy sabemos que una de las empresas más grandes y prestigiosas de nuestro país, el Grupo Gloria, nos vendía como si fuera leche algo que no lo era. Gloria lo ha reconocido y dice que cambiará el etiquetado en Panamá. En el Perú se queda igual. Según algunos entendidos, la multa que podría ponerle Indecopi sería de S/1.5 millones, una cantidad que representa el 0.04% de sus ingresos de 2015 (S/3,519 millones).

El jueves, el diario Correo publicó una fotografía en la que aparecen en la misma mesa el entonces presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula, el hoy encarcelado presidente de la empresa constructora Marcelo Odebrecht y el entonces presidente Alan García. La fotografía habría sido tomada, según Correo, el 10 de junio de 2010 en Brasil –no queda claro si en Manaos o en Sao Paulo– y un día después de que el ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobara una sexta adenda al contrato de concesión de la IRSA SUR, mediante la cual el Estado peruano desembolsaba US$25 millones extra para la construcción de un puente. Lula asistiría a la inauguración. Todo según Correo.

La congresista chinista Beteta y la congresista Yeni Vilcatoma han presentado dos proyectos que, dicho en más o menos fácil, impiden que cualquier organización o persona relacionada casi de cualquier manera con Odebrecht (sí, la de las coimas) u otras que anden en las mismas (o sea, en total, más o menos todas las empresas constructoras de este país) pueda contratar con el Estado. Es más, les van a retener sus ingresos y probablemente no sobrevivan. Quizás algunas de esas empresas opten por la estrategia del cascarón: “¿Mi empresa A no puede contratar con el Estado? Ah, pues, rapidito, me invento la empresa B nuevecita que puede contratar para hacer todo”.

Las inversiones seguras existen, pero cuanto más seguras son, menos rentables resultan. Ejemplo: el mecanismo de inversión-ahorro más seguro que existe a su alcance –salvo que pueda comprar bonos del Tesoro de EE.UU.– es el plazo fijo. Las tasas para depósitos de S/10,000 a un año, según la SBS, varían entre 1.25% (Interbank) y 7% (Financiera TFC). Un banco es, en el Perú y al menos en teoría, más seguro que una financiera y, por eso, retribuye menos.

Escena 1: El congresista recientemente convertido al fujimorismo Luis Galarreta afirma, en una entrevista, que Carlos Moreno –asesor de PPK, quien ha sido descubierto delinquiendo– es más poderoso de lo que fue Montesinos. Como para revestir lo dicho de alguna verosimilitud, intenta –en vano– negar que Montesinos hubiera estado desde el principio al lado del reo que le da nombre al movimiento al que Galarreta se acababa de convertir.

En el marco del proceso de reconstrucción tras la emergencia ocasionada por el fenómeno de El Niño costero, el Estado está promoviendo el mecanismo de obras por tierras. La idea es, aparentemente, simple: las tierras que resulten disponibles de encauzar ríos y otras obras se entregarán a quienes hicieron dichos trabajos.

La designación de Bruno Giuffra al frente del MTC y del congresista Pedro Olaechea en Produce ha generado, como se esperaba, alguna controversia entre quienes los ven como los más conspicuos representantes de lo que queda del neoliberalismo y del mercantilismo, y quienes piensan que son, por lo mismo, dos piezas que no deberían faltar en ningún gabinete, nunca.

Hay decenas de estudios que muestran con bastante claridad que, en promedio, las personas suelen ceder con más facilidad a la tentación de portarse mal cuando no hay nadie mirándolas, incluso más que cuando su “travesura” puede quedar impune habiendo testigos. Pero Nadie quiere ser atrapado in fraganti ni ser considerado deshonesto, ni siquiera a los propios ojos. La manera en la que este tipo de conductas se racionalizan suelen ser siempre las mismas y están basadas, casi todas ellas, en una idea que dice más o menos: “esto no le hace daño a nadie” o “esto (que estoy haciendo) es insignificante”. Es decir, las personas a veces se permiten ser deshonestas delante de sus propios ojos, pero jamás delante de los ojos de los demás. Estamos hablando, claramente, de personas normales, no de delincuentes.

La lista de objetivos estaba definida desde antes de la emergencia. Vizcarra, Basombrío y García. Si tras esto no había mucho alboroto, podían escoger un ministro más y, antes del año, el fujimorismo se habría bajado al menos a cuatro ministros. El costo posible –o probable, ¿qué importa?– era relativamente bajo: faltan cuatro años para las próximas elecciones oficiales y un gobierno que se deja bajar los ministros como calzoncillos sin elástico no tendrá tanto apoyo porque, digámoslo, a nadie le gusta que lo represente un lorna a menos que se ponga a todos al hombro. Y no es el caso.

Se fue Martín Vizcarra, se canceló el contrato de Chinchero y la adenda y, sin embargo, el fujimorismo pide que Vizcarra renuncie a la vicepresidencia. Y lo hacen público aun cuando no está entre los denunciados por Contraloría y los fujis saben que es un hombre honesto y profesional y que su exigencia es por completo desproporcionada. Recuerde, PPK: 72 votos son todas las “razones” que necesitan.

Lo he escrito aquí varias veces: la verdad siempre ofende a alguien y si no ofende a nadie, entonces no es verdad. Y esto no quiere decir que algo es cierto solo porque es ofensivo.

El Colegio de Ingenieros de Lambayeque recibió un informe sobre las características que tienen las viviendas temporales que el Estado está comprándole a la empresa Eternit para albergar a las familias afectadas por las inundaciones.

De pronto, es lícito que PPK indulte a Fujimori y, como sería lícito, entonces debe hacerlo. Si no, es que lo odia o es que le teme. Los principios no tienen cabida en las opciones maniqueas. Como en la última campaña: si estás contra Keiko es por odio, si estás con Mendoza es porque eres proterruco. Igual del otro lado: si estás contra Mendoza apoyas la opresión y la desigualdad, y si votas por Keiko eres delincuente.

El lunes, el Banco de la Nación publicó en sus redes sociales un saludo con un mensaje que decía: “Feliz Día Internacional de la Familia”. El mensaje estaba acompañado de un “meme” en el que se apreciaban una monoparental (mamá y bebé), dos padres gay y un niño, un hombre negro con una mujer blanca y una niña negra y un niño blanco, y una pareja con una hija en silla de ruedas. Todo acompañado con la frase “porque el amor define lo que es una familia”.

Es una gran idea que el presidente de la República tenga un canal de comunicación directa con la ciudadanía. No, no está imitando a Chávez o a Maduro. En todo caso, estaría imitando a Franklin D. Roosevelt y sus “charlas junto a la chimenea”. Es una gran idea que el primer representante del Estado se acerque a la gente de forma que no parezca que va a anunciar otro shock como el que Fujimori dijo que no iba a hacer o que va a disolver el Congreso.

En el Perú, el déficit de viviendas crece a razón de 100 mil unidades al año. El déficit de viviendas en el Perú ronda los 1.8 millones y, al cierre de 2016, solo en Lima dicho déficit es de más de 610 mil. La demanda insatisfecha por viviendas de menos de S/190 mil (aproximadamente US$57 mil) representa el 71% del total.

En agosto del 2012, Edu Saettone, conductor de un programa de radio y de otro de televisión por cable, atropelló a la Sra. María Elena Coronado, de 69 años, causándole la muerte luego de una agonía de una semana.

Salgo de mi casa y el primer taxista que me encuentro cierra a dos autos para tratar de recogerme. Ni me acerco. El segundo no me quiere llevar a mi destino porque dice que “no va”. El que le sigue me quiere cobrar 50% más de lo que pago normalmente, lo cual es un absurdo. El tercero me da un precio, le cuento lo que pago todos los días y acepta. En el camino se pasa una luz roja. Le llamo la atención, pero me ignora. Luego se cambia abruptamente de carril y cierra a otro conductor. Cuando este reclama, le grita un improperio y acelera para ganarle a la luz ámbar. No puede seguir avanzando porque otros como él le ganaron el vivo en la transversal. Refunfuña parado en el cruce peatonal y encima le dice a la gente que lo mira feo que se dé la vuelta, que no jodan. Agarro mis chivas y me bajo. “Oiga, ¿no me va a pagar?”. “¡En cinco cuadras ha cometido todas las faltas del reglamento de tránsito, agradezca que no lo denuncio!”. El tipo se baja y camina hacia mí. Cambia la luz, sigue caminando hacia mí. Me detengo, lo espero. -¿Qué? -Ya pes aunque sean dos luquitas dame.

Si PPK indulta a Fujimori, sería como dispararse en la sien. Sería como intentar ganarse al enemigo clavándole un puñal al compañero que se fajó por uno. Se quedaría solo, listo para ser vacado.

Todo lo que lleva la etiqueta “Dios” tiene –para cada vez menos personas– una especie de sello de garantía que dice “esto es bueno”. Aun si, por ejemplo, detrás de la etiqueta están los monstruos del Sodalicio o de sus fundadores, Luis Figari (acusado de violar por lo menos a siete menores) y Germán Doig (conocido y probado pederasta).

¿Por qué Martín Vizcarra sigue siendo ministro de Transportes y Comunicaciones manteniendo en una posición vulnerable al primer vicepresidente de la República? ¿No hay reemplazo?

“De lo que se trata es de no dejar muñeco con cabeza”, me decía una amiga la semana pasada. Y tiene razón. Ayer cuatro sujetos armados entraron a un restaurante en el que se encontraba mi amigo, el economista Pablo Secada, armados con pistolas y se llevaron todas las billeteras, los teléfonos y los relojes. La policía y el serenazgo llegaron demasiado tarde, como siempre.

La izquierda peruana se subió a la carreta de Toledo y de Humala, pero estos no ganaron gracias a la izquierda (PPK sí, por ejemplo). Y seamos absolutamente claros: la derecha no fue la que votó por el “Capitán Carlos” a sabiendas de que muy probablemente lo fuera y sin soltar por un minuto –ni siquiera por vergüenza– las banderas de los derechos humanos que dicen defender sobre todas las cosas. Y allí siguen muchos de ellos, sordos y ciegos en los laberínticos sótanos cretenses que ellos mismos construyeron entusiastas mientras cantaban “A desalambrar” de Víctor Jara.

Que yo sepa, nadie le dice a Micky Torres que es un delincuente porque sea fujimorista. Uno puede no entender qué cosa hace allí, rodeado de Aramayo o Tubino o Lucio o Maritza García, pero fujimorista no es igual que felón. O, en todo caso, la relación no es automática.

Que el caso Madre Mía haya regresado a las primeras planas luego de que “AG” apareciera en los documentos de Odebrecht al lado de “Olmos” (megaobra de irrigación) y “DGI” (código de las coimas) y “1 millón” (el monto de la coima) ha revivido un debate que es saludable tener: la teoría del “mal menor”.

La congresista fujimorista Alexandra Aramayo –la misma de la ley mordaza contra la prensa– ha presentado un proyecto de ley en el que se propone que la minería ilegal deje de ser considerada crimen organizado. El proyecto, que lleva la firma de otros siete congresistas de su partido, sostiene que el endurecimiento de las penas no resolverá el problema de la formalización minera.

Ha “aparecido” una centena de audios con conversaciones que incriminarían al ex presidente Humala y lo señalarían como el Capitán Carlos. Quienes patrocinan tales chuponeos aseguran que se realizaron bajo orden judicial, lo que los convierte en pruebas legítimas.

Si Alberto Fujimori sale o no de prisión, debe decidirlo la justicia. O los legisladores. Tal y como están las cosas hoy, Fujimori no puede pedir indulto por la naturaleza de los delitos por los que ha sido condenado –delitos graves contra los derechos humanos y secuestro agravado– y no califica para indulto humanitario porque no se está muriendo ni las condiciones de su encierro ponen en riesgo su vida.

¿Tiene sentido que las autoridades de los gobiernos subnacionales no sean reelegidas? No, no tiene. En primer lugar, constituye un incentivo perverso para quien hoy ocupa el puesto: “No hay reelección, no me tengo que esforzar ni me tengo que portar bien, porque no me van a reelegir y porque los que me van a enjuiciar y a acusar de corrupto lo harán igual”.

La historia del Perú está marcada por decisiones políticas y estratégicas que tuvieron un efecto contrario al pretendido. Keiko y los audios; PPK arrodillado en casa de Cipriani. El costo y riesgo eran tan altos que uno no se explica cómo fue que nadie lo vio. En el más reciente episodio de “pero ¿qué podría salir mal?” hay asesores de PPK que piensan que indultar a Fujimori es una buena idea.

Dos cineastas y documentalistas canadienses son acusados por el Ministerio del Interior de soliviantar a los vecinos de una mina gestionada por una empresa también canadiense. Vecinos que, según el ministerio, ya antes se manifestaron contra dicha empresa, lo que produjo un incidente que pudo terminar en desgracia. Ambos ciudadanos canadienses, de acuerdo a la versión del ministerio, están en proceso de expulsión por haber violado las condiciones de la visa de turista que se les expidió.

La gestión de las comunicaciones en cualquier organización es muy importante y, aunque nadie parezca darle bola, esta realmente puede hacer que lo que de un modo constituya una crisis catastrófica que destruye reputaciones y marcas se convierta en un problema que se transforme en trampolín. Particularmente en un gobierno, las comunicaciones no son un asunto menor.

Solo una vez en ocho años me levantaron una nota. O sea, quien estaba a cargo del diario no permitió que se publique. En esos mismos ocho años, quizás solo un puñado de veces alguien en la última etapa de la edición (nunca había un solo responsable puntual a quien señalar) decidió que había que “ajustar” alguna o algunas cosas y el titular de la nota terminaba no diciendo lo que decía la nota o la nota no decía lo que yo había querido decir.

Toledo recibió su segunda orden de detención preventiva mientras sigue paseando tranquilito por EE.UU. y Nadine Heredia ya puede salir del país, a menos de una semana de que Marcelo Odebrecht confirmara la versión de Jorge Barata: la brasileña les dio US$3 millones a los Humala para su campaña en 2010. Qué interesante es todo y cuán falto de sentido común y de sentido de la oportunidad. ¿O no? Ese es mi Perú.