25.MAR Sábado, 2017
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LA PORTADA DE HOY

Prevención

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Extremo opuesto

Voy a insistir con esto: rentabilizar la desgracia ajena está mal, es sucio. No se trata de ocultar los logos que llevan por defecto las botellas de agua de una determinada empresa. Tampoco de que quien produce lácteos esconda su nombre para poder anunciar que quien necesite leche puede pasar por ella gratuitamente a sus establos. Tampoco de que un funcionario del gobierno evite mencionar el nombre de una empresa minera gracias a la cual se pudo recuperar la transitabilidad de una importante vía de comunicación.

El congresista Yonhy Lescano asegura que, el lunes, su bancada –Acción Popular– presentó ante la Mesa Directiva del Congreso un pedido de retiro de la moción de interpelación al ministro Vizcarra programada para hoy. Hasta el mediodía del lunes, la presidenta del Congreso, Luz Salgado, insistía en que la interpelación debía realizarse de todos modos. Recién alrededor de las 6 de la tarde admitió la posibilidad de que no se lleve a cabo.

Se hubiera visto pésimo que, en medio de la emergencia que atravesamos, el Congreso se pase dos días haciéndole decenas de preguntas –de seguro mayoritariamente anodinas y redundantes– al ministro Martín Vizcarra. El gesto del fujimorismo de no asistir a la interpelación me parece importante más allá del cálculo político. Lo que toca es que todos metamos el hombro y sin distinciones de ninguna clase. Las cuentas sobre quién quiso rentabilizar la desgracia las arreglamos después.

La mayoría fujimorista ha decidido que el jueves sea interpelado el ministro Martín Vizcarra. Dicho proceso se aplazó porque surgió la emergencia de las inundaciones por toda la costa norte del Perú. Ayer, el premier Fernando Zavala dijo que todavía pasarán dos semanas antes de que amainen las fuertes lluvias que causan las mencionadas inundaciones y los huaicos. No sé qué cosa ha cambiado en el panorama para que de pronto la emergencia que motivó el aplazamiento de la interpelación deje de ser tan emergencia.

El Perú atraviesa una emergencia que nos va costando la vida de unos 80 compatriotas y que ya afecta a más de medio millón de personas. A diferencia de ocasiones anteriores –en mi registro al menos–, se percibe presencia del Estado y se percibe que su capacidad de respuesta ante una emergencia de estas proporciones no falla por falta de gestión, recursos o voluntad política. En mi registro de casi 40 años, la escala, el alcance y la amplitud de la respuesta son inusitados e inéditos.

Hasta las 6 de la tarde del miércoles, el conteo del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación-SINPAD era el siguiente: 62,542 personas damnificadas, 552 mil afectadas, 62 fallecidas, 170 heridas y 11 desaparecidas. Ocho mil viviendas colapsadas, 8 mil viviendas inhabitables y 116 mil viviendas afectadas. Diecinueve colegios colapsados, 900 afectados, 36 inhabitables. Ocho centros de salud colapsados, 338 afectados y 15 inhabitables.

Según la Ley Orgánica de Municipalidades, el alcalde preside el Sistema de Defensa Civil de su jurisdicción. El desempeño de las autoridades frente a las desgracias de las últimas semanas ha sido, en promedio, deficiente. Con pocas excepciones, la mayoría de los gobiernos regionales y municipales ejecutó menos de la mitad de los presupuestos asignados para la prevención de desastres naturales en 2016.

Me parece un despropósito organizar los Panamericanos en el Perú y hacer tanto lío por eso. El deporte jamás ha sido una prioridad para el Estado. Nunca un deportista peruano que haya destacado en el mundo ha logrado hacerlo gracias a las políticas públicas, a la voluntad política o al financiamiento del Estado. Además, en medio de una crisis, el mensaje es atroz: “Podemos hacer los juegos en tiempo récord gastando una montaña de plata aunque no ganemos ni un diploma por participar, pero no podemos prevenir, ni enfrentar, ni mitigar eficazmente un fenómeno natural recurrente y predecible, ni ayudar adecuadamente a los afectados”.

¿La abolición de la esclavitud se alcanzó gracias a una ideología que se impuso subrepticia o explícitamente contra la voluntad popular o fue producto del avance del protestantismo, la ciencia y de la influencia de ambas en los legisladores y hacedores de políticas públicas?

¿Cómo granjearse la buena voluntad de las personas? ¿Cómo conseguir que extiendan su buena voluntad hacia uno y sus propuestas? ¿Qué es lo que activa a las personas, qué hace que se levanten de sus sillas, dejen lo que están haciendo o aplacen lo que deberían hacer para movilizarse en uno u otro sentido? ¿Qué es lo que determina que algo “valga la pena” (o el esfuerzo) de hacer algo respecto a algo, de hacerse cargo, aunque sea para delegar la responsabilidad en alguien más?

El fujimorismo decidió archivar el pedido para conformar una comisión del Congreso que investigue el caso del Sodalicio. Al día siguiente, el congresista Kenji Fujimori publicó un mensaje en el que decía: “¡Nauseabundo! NO SE DEBE blindar a un presunto abusador sexual, el tema #Figari NO fue debatido en @bankadafp. ¿Quién encubre a #Figari?”.

Ayer fue el Día Internacional de la Mujer. No se celebra, se conmemora. El asunto con las celebraciones es que la mayoría son de mentira. Un cumpleaños ya no es una meta, sino un hito que está en el camino. Uno al que se llega por el inmeritorio –y triste, para algunos– hecho de envejecer. Se celebran las conquistas, sí, que no son pocas, pero es raro celebrar cuando lo conseguido es claramente opacado por lo que aún queda por conseguir.

Y vaya que importaba. La presión del público obligó a que Phillip Butters fuera despedido. Ayer vimos que, sin importar cuán popular sea un programa o un presentador, la opinión pública se los puede bajar de un día para otro; y comprobamos que sí, había un límite para lo que se puede decir en los medios. ¿O no?

Sergio nunca salió al patio del colegio a jugar como todos los demás niños de primaria. Le decían “mariquita” y, cuando se podía, lo empujaban, lo encerraban en el baño, lo perseguían para insultarlo y, si se le ocurría contestar, le pegaban. Sergio tenía un hermano mayor que lo defendía cuando podía, pero que también era un niño.

En 1990, Alberto Fujimori se puso delante de los “desclasados” y ganó. Cuando, dos años después, cerró el Congreso para que no se investigue a sus hermanos ladrones (hoy todos prófugos), la lectura complaciente de la gran mayoría de peruanos fue por otro lado. Cerrar el Congreso tenía más que ver con revancha, con darles su merecido a los “comechados” que vivían cómodamente de la teta del Estado en nombre de un pueblo al que ya hacía muchísimo tiempo habían dejado de representar. El cierre del Congreso, en ese sentido y a ojos de la mayoría que lo aprobó, tenía más de justicia que de gesto autoritario.

Desde 1999 defendía en sus columnas a los delincuentes Calmell del Solar y a Moisés Wolfenson, quienes vendieron las líneas editoriales de sus medios a Montesinos. Fue asesor de Blanca Nélida Colán y Víctor Joy Way, condenados ambos por corrupción durante el fujimorato. En 2009, siendo presidente del Poder Judicial, Javier viajó a El Salvador representando al Poder Ejecutivo (Alan García). Ratificó el archivamiento del caso de falsificación de firmas de Perú 2000 (fallo de un juez montesinista) y anuló los cargos de malversación de fondos contra varios funcionarios del fujimorato.

Gol del Congreso. De todas las bancadas. Independientemente de quién la presentó –PPK–, la iniciativa para establecer que los delitos de corrupción no prescriban ya es casi una realidad. Casi, porque falta una segunda votación en la que, esperemos, no haya sorpresas ni ninguno de los que votó a favor salga a decir “es que yo entendí otra cosa” y cambie su voto o se abstenga. O, algo peor, como que eso de que no prescriban va contra los derechos fundamentales de las personas, como se le ocurrió decir a una congresista.

Acción Popular (AP) tiene solo cinco congresistas y no es el Apra. Lo señalo porque, valgan verdades, son más eficientes y eficaces que bancadas con el triple o el cuádruple de miembros.

Hoy, a las 4 p.m., se firmará un convenio para suspender el inicio de las obras del aeropuerto de Chinchero. ¿Por qué? Porque la Contraloría ha encontrado “un riesgo potencial relacionado a la entrega del valor del adelanto” (casi US$50 millones) al que se obligó el Estado con Kuntur Wasi mediante la adenda que ya todos conocemos.

Mañana (hoy) se elige al próximo jefe de la ONPE por los próximos cinco años. Esta persona estará a cargo de gestionar la realización y la logística de los próximos procesos electorales, empezando por las elecciones regionales y municipales de octubre de 2018 y las elecciones generales de 2021. La ONPE no solo pone mesas y cuenta votos –tareas muy importantes y sensibles– sino que también es voz dirimente en los asuntos que tienen que ver con esos temas. Porque se trata de un cargo tan importante, el proceso de selección –a cargo del CNM– debe ser ultra transparente y estar fuera del alcance de cualquier cuestionamiento. Las presiones políticas se deben evitar a toda costa y, por eso, entre los requisitos para acceder al cargo está el no haber tenido relación con ningún grupo político en los cinco años anteriores a la postulación.

Cuando en el 2011 el diario Correo, dirigido entonces por mi vecino, denunció que Odebrecht estaba en contubernio con algunas altas autoridades y grandes empresas de nuestro país –y luego de que trataran de reclutarlo ofreciéndole ser expositor por el precio que él fijase y él los rechazara–, lo botaron. No sé si esa fue la única razón, tampoco sé si todas las denuncias de Correo tenían sustento –sé que muchas otras, en algunos otros casos, no pasaban de ruido mediático– pero ese solo hecho merece un reconocimiento que desde aquí le hago. Aldo, te botaron porque no quisiste mirar a otro lado. Salud por eso.

No es un delito que la Dra. Julia Príncipe sea amiga del Dr. Tambini. Ni siquiera es poco ético, aunque él sea un íntimo viejo amigo del ex presidente Alan García.

Veo negación en cantidades alarmantes. Aterricemos: son muchos, muchísimos más; les importa medio pepino que los derechos no deban/puedan estar sometidos a la voluntad de la mayoría. Y, de hecho, para que eso se cumpla en un país con un estado de institucionalidad precaria y un gobierno muy débil, esas grandes mayorías deben estar de acuerdo con que no es de su incumbencia ni necesaria su aquiescencia para que cada ciudadano pueda ejercer plenamente sus derechos y tenga las mismas oportunidades. Y no pues, no están de acuerdo.

Se supone –o se suponía, ya no sé– que el gobierno se había comprometido con la igualdad de oportunidades y derechos para hombres y mujeres, y a trabajar para que la comunidad LGTBI tenga derechos plenos. Esto, según dijo PPK el 28 de julio pasado, para construir una sociedad justa e inclusiva que nos lleve a ser –por fin– un país civilizado.

Seguirá entregando a la “justicia” la cabeza de sus mandos medios, opositores y posibles rivales en su partido. Tal vez la acusación contra él y su ex esposa por lavado de activos sea armada para que abra sus cuentas “voluntariamente” y cuando, por supuesto, no le encuentren nada –porque le bastó un viejo ex correligionario y ex ministro mártir para aprender–, dirá que solo lo persiguen por odio. Luego aparecerá como ahora, haciéndose el sorprendido y, compungido, hará un acto público de constricción en el que se reconocerá torpemente confiado y profundamente desilusionado; decepcionado por la traición de la que ha sido víctima por quienes fueron sus colaboradores y amigos. Pedirá disculpas al país, dirá que le está en deuda eterna por sonso (nunca por corrupto) y que quiere pasar sus últimos años honrando esa deuda moral con su patria trabajando para ella hasta desfallecer. Dirá que su partido ya puso su cuota de sangre y que a él nada le han encontrado pues no cayó en tentación “gracias a Dios” y ¡zas!, postula en 2021 y Keiko pierde de nuevo. (No lo saben, pero los fujis están alimentando a su propio verdugo).

El Perú cojea de manera flagrante en el frente regulatorio. La regulación es extensa pero ineficaz. Es decir, todo está regulado, pero de manera deficiente y los organismos encargados de ello no tienen apoyo político ni del gobierno, ni del Congreso. Sus presupuestos son tan magros que no puede retener a su talento, ni siquiera a los especialistas porque no pueden competir con los sueldos que ofrecen sus regulados. Como consecuencia, los organismos reguladores en el Perú funcionan como escuelas de especialización gratuitas para las instituciones reguladas (principalmente empresas privadas proveedoras de servicios) y los estudios de abogados que utilizan a los reguladores como si fueran bolsas de trabajo universitarias.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, no tiene reparo alguno en llamar ‘mentiroso’ a todo aquel que ponga en evidencia alguna de sus múltiples malas decisiones. O en llamar “noticias de mentira” a cualquier nota periodística que contradiga lo que él o su equipo afirman con absoluta certeza por inverosímil que sea.

Demasiada gente está muy cómoda con la podredumbre. Tanto, que si no fuera porque la cloaca se destapó en Brasil, aquí todo seguiría como siempre. Piénselo: Toledo no estaría siendo buscado; no habría ningún ex ministro o ex funcionario aprista detenido; nadie pediría que investiguen al ‘Mudo’; no habría comisión Lava Jato; el informe Pari seguiría acumulando polvo y polillas; no temblarían Humala y su mujer (y quizás PPK); no se notarían las groseras salpicaduras en las solapas de algunos periodistas; no estaríamos fijándonos en las viejas chambas de asesores de la PCM ni en qué cosa le firmó quién a alguna empresa brasileña hace 20 años.

“La codicia –a falta de una mejor palabra– es buena. La codicia es correcta. La codicia funciona. La codicia se abre camino, aclara y captura la esencia del espíritu evolucionario. La codicia en todas sus formas: la codicia de vivir, de saber, del amor, del dinero; es lo que ha marcado el surgimiento de la humanidad”, decía Gordon Gekko, el personaje de la película Wall Street al que da vida un impecable Michael Douglas.

Al cierre de esta columna, el paradero del ex presidente Alejandro Toledo era desconocido. Se rumoreaba que había aterrizado en Tel Aviv, pero una nota de la agencia Reuters daba cuenta de que ese país anunció –a través de un vocero de su Ministerio de Relaciones Exteriores– que no le permitiría su ingreso “hasta que no haya solucionado sus asuntos en el Perú”.

O sea, quiero saber qué quieres para poder ofrecértelo. Aunque no sea cierto, aunque –otra vez– te esté mintiendo. En un país con una población tan jodidamente heterogénea en todos los sentidos, encontrar una sola respuesta es misión imposible.

El martes por la noche, la Policía allanó un laboratorio en el que se elabora aceite y resina de cannabis. Esto no pasaría de ser otro caso anecdótico en el que capturan un montón de drogas y después las incendian a la vista del fiscal, la Policía y los transeúntes y nunca nadie se hornea (qué curioso, ¿no?) si no fuera por la historia que hay detrás.

La clase política está desprestigiada. Toda ella. Las últimas encuestas son claras: la aprobación de la gestión del presidente, de sus ministros, del Congreso, de la oposición –y de la lideresa de la oposición–, todas caen. Y seguirán cayendo porque, como reveló otra encuesta, la inmensa mayoría de los peruanos no nos sentimos representados por nuestros… representantes.

En medio de una investigación internacional de corrupción al más alto nivel es fácil perder la perspectiva de lo que significa para el ciudadano de a pie que un presidente cobre una coima para entregar un proyecto de infraestructura.

En el 2000, seguramente, la ansiedad tenía esta forma: “Yo me reuní con Montesinos, ¿me habrá grabado? ¿Saldré en la TV?”. Hoy quizás sea: “¿Yo recibí plata de XYZ, ¿estaré en alguna lista?”.

Con idas, venidas, decisiones y convicciones firmes que en realidad no lo eran tanto, consultas de ida y de vuelta, una carta que detuvo el proceso aunque no fuera vinculante y más; la adenda que hace viable la ejecución del proyecto del aeropuerto de Chinchero, se firma hoy.

Martha Meier escribió ayer en Twitter: “¿Hasta cuándo certificado de mala conducta llamado “prescripción” santificará a corruptos? Muerte civil, empresarial y política a ‘prescritos’”. La indignación de Martha se debe a que el Poder Judicial declaró que los presuntos delitos cometidos en el caso Comunicore han prescrito. Este caso involucra a varios ex gerentes municipales, viejos y cercanos colaboradores del actual alcalde, Luis Castañeda por cabecearle S/21 millones a la municipalidad.

Cuando se anunció la licitación del proyecto del aeropuerto de Chinchero, el precio del metro cuadrado de tierra en la zona se triplicó. Lo curioso es que ya había empezado a subir antes de que la aprobación del proyecto se hiciera pública.

El fiscal ad hoc del caso Odebrecht, Hamilton Castro, rechazó el pedido de la Procuraduría Anticorrupción para incautar los activos de la empresa y congelar sus cuentas, como ha sucedido en otros países ante el mismo caso. El procurador Amado Enco encuentra inexplicables la respuesta y proceder de la Fiscalía y evalúa presentar medidas legales para obligar al Ministerio Público a ser más “drástico”.

En poco más de una semana, Trump ha movilizado a una parte importante de la sociedad de EE.UU. en contra de sus decisiones. En su más reciente ataque contra lo que el pueblo estadounidense piensa de sí mismo (al menos para poder autoproclamarse “la tierra de los libres”), Trump prohibió el ingreso a su país de refugiados y ciudadanos de siete países con mayoría musulmana por infundadas razones de seguridad.

Imagine que usted quiere poner un negocio. Imagine que usted es un profesional de la salud y eso es de lo que sabe. Ahora imagine que descubre un hueco en la cobertura que ofrecen las aseguradoras más grandes del mercado. Estas no cubren –o lo hacen de manera insuficiente y con costos elevadísimos– un tipo de enfermedad que, cuando se presenta, requiere de tratamientos larguísimos y carísimos; o de intervenciones muy delicadas que no siempre tienen final feliz.

Kuntur Wasi ganó la licitación del aeropuerto de Chinchero con una propuesta económica que equivalía a la mitad de la que presentaron sus competidores. Nada mal, ¿no? Sin embargo, hoy, la necesidad de destrabar el proyecto mediante una adenda se origina porque –gracias a un “error” en el diseño del contrato– KW puso una tasa de interés –por sus molestias– que elevaba el costo del proyecto de US$500 millones –lo planteado originalmente– a casi US$1,200 millones.

La lista de nombres en las planillas –formales o informales– de las empresas brasileñas involucradas en el caso Lava Jato es enorme. Y hasta cierto punto insospechada. Por lo que hemos visto, ni siquiera algunos de los sabuesos más experimentados del periodismo de investigación pudieron resistirse. Un cheque de un cuarto de millón de dólares girado a nombre de la organización a la que pertenece no es algo que un periodista vea todos los días. La mayoría de los periodistas ni siquiera sueña con ello.

uena bien que el presidente Kuczynski o sus ministros digan que van a destrabar las inversiones. ¿Quién puede estar en desacuerdo si se trata, sobre todo, de inversión en infraestructura, en la que tenemos una brecha gigantesca por cerrar? ¿Quién, cuando estas inversiones crean cientos –cuando no miles– de empleos temporales y permanentes, mejoran la calidad de vida de la gente, impulsan la demanda interna y elevan los ingresos del Estado?

Ositran se pronunció sobre la adenda del contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero. Dos de sus directores –Antonio Balbuena y Alfredo Dammert– votaron a favor, mientras que la presidenta de la institución –Patricia Benavente– votó en contra.

El jueves de la semana conversábamos en Chicharrón de Prensa con el presidente de Proética, Jorge Medina, sobre el escándalo Odebrecht y todo lo que hace que la corrupción se instale en el Perú y en todos sus estamentos, instituciones, sectores y comunidades como Pedro en su casa. “La corrupción es un síntoma, no algo que existe por sí mismo”, decía. Jorge ha sido el CEO de E&Y y –entre los empresarios– tiene una muy inusual visión humanista y trascendental de la vida, la sociedad y las personas (por eso, algunos idiotas creen que es medio “rojo” o por lo menos “caviar”; pero esa es otra historia).

Ayer, José Luis Guash escribió una columna como las que, él mismo dice, ha escrito montones de veces, pero que el affaire Odebrecht recién ha puesto en relieve: los procesos de concesión y de asociaciones público-privadas (APP) en el Perú –y en general en América Latina– han sido y son muy adefesieros.

La campaña contra la “ideología de género” –que no, que eso no existe– mantiene su virulencia. A los carteles en la Vía Expresa y al balbuceo asustado de quienes no pueden explicar de qué se trata eso a lo que se oponen, se suma la embestida de sectores conservadores que sienten que la historia se aleja de ellos inexorable y, en su desesperación, se les escapa el fascismo como el aire a una llanta pinchada.

Ayer escuché en RPP al defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, explicando que se debería trabar embargo sobre los activos de Odebrecht, toda vez que esta empresa ya reconoció sus delitos. La Fiscalía, sin embargo, espera que la firma pague US$10 millones (¿ya pagó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A quién?) y sea un colaborador eficaz… pues, eficaz.

¿Logrará el caso Odebrecht lo que los ‘vladivideos’? Me gustaría pensar que sí, pero me temo que no. Lo único que sostiene mis pocas esperanzas de transparencia total es que la justicia de EE.UU. y Suiza están investigando.