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LA PORTADA DE HOY

¿Aló? ¿Aló?

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Columna Santiago Pedraglio

La reforma electoral que se requiere es compleja y tiene múltiples aristas: financiamiento anónimo, bancarización de aportes, dádivas… Sin embargo, hay aspectos medulares que si no se abordan y corrigen, poco o nada se habrá hecho.

Una idea de batalla del gobierno es que no se trata solo de reconstruir lo arrasado por lluvias y huaicos. Hay que levantar algo mejor, más seguro, en infraestructura pública y para los afectados por la pérdida de viviendas, enseres, animales, cosechas, herramientas.

No le falta razón a Alberto Fujimori cuando, desde la cárcel, recuerda que es “el arquitecto de la democracia moderna” y “quien generó la Constitución que hoy todos respetan” (El Comercio, 5-4-17). Cuando Fujimori se refiere a “la democracia moderna” hay que entender que se refiere a la democracia peruana actual, con todos sus pros y sus grandes contras, y no a la democracia de ciudadanos de las sociedades políticamente más avanzadas; y que cuando alude a la Constitución se refiere al texto vigente, que promovió e hizo aprobar, y que se ha convertido en palabra santa para muchos, hasta el punto de que quien se atreve a proponer su reforma, sobre todo del capítulo económico, resulta fulminado de inmediato por los profetas del libre mercado.

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el sentido de que “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga”, consumó el autogolpe de Estado.

A menudo, en el Perú, el fin de una emergencia –como la inundación de territorios habitados y el desabastecimiento de agua– trae consigo, también, el fin de la voluntad de cambio. ¿Es posible ponerle término a ese reiterado volver a la modorra después de una tragedia?

El ecólogo tropical Ernesto Ráez anotó en una reciente entrevista con NoticiasSer que “es inaceptable que estemos mal preparados para atender las consecuencias estrictamente predecibles de incremento de lluvias o de sequías prolongadas en la costa peruana; porque (…) son eventos climáticos que sabemos que ocurren hace siglos y que van a ocurrir nuevamente”.

Detrás de la campaña contra la llamada “ideología de género” se esconde una visión machista y conservadora de la vida y de las relaciones entre los seres humanos. Machista porque sus activistas buscan mantener los estereotipos de género, algo evidente en el uso del rosado (mujeres) y celeste (hombres), con toda la carga simbólica que esto representa. Y conservadora porque, según sus defensores, las personas de orientación no estrictamente heterosexual –lesbianas, gays, trans…– están excluidas del “plan de Dios”, por más creyentes o buenas personas que puedan ser.

En el último informe de GfK (febrero de 2017), el ítem delincuencia/inseguridad (61%) sigue a la cabeza de la lista de aquello que los peruanos perciben como principales problemas del país. Le sigue el porcentaje de los que consideran que lo principal es la corrupción, con un porcentaje que ha crecido de 41% a 52% en un año. Las denuncias que vinculan a Odebrecht con altos funcionarios, incluidos ex presidentes de la República, deben de haber catapultado este ascenso.

El “Perú Odebrecht” atiende a qué hacen y dicen los fiscales y jueces brasileños. Hace una semana, una cumbre latinoamericana promovida por el Ministerio Público Federal de Brasil reunió a 11 fiscales de la Nación, incluido el del Perú, Pablo Sánchez. El objetivo: intercambiar información y acordar medidas.

Durante las primeras semanas del gobierno de Donald Trump está sucediendo algo para nosotros sumamente extraño: instituciones del Estado, incluso del propio Ejecutivo, están oponiéndose abiertamente a decisiones del nuevo presidente.

Como es natural, el interés nacional está concentrado en los escándalos de corrupción. Sin embargo, por más importantes que estos sean, el gobierno del presidente PPK no puede dejar fuera de su radar el manejo de las demandas sociales y los posibles conflictos que puedan desatarse. Porque, valgan verdades, un coctel que mezcle escándalos de corrupción con conflictos sociales podría colocar al gobierno en una situación excepcionalmente complicada.

Se está haciendo cada vez más evidente un conflicto entre el Congreso, en particular la comisión Lava Jato, y la Fiscalía. La tensión aumentó cuando el último miércoles, por decisión del colegiado de la Fiscalía, el encargado de la investigación, el fiscal Hamilton Castro, no asistió a la mencionada comisión.

A la lamentable rutina anual de los huaicos se le debe sumar un asunto estructural, señalado por Beatriz Salazar, investigadora del Centro Peruano de Estudios Sociales, en Noticias SER: la vertiente oriental de los Andes, es decir, la sierra y la Amazonía, “tiene más del 95% del agua dulce disponible del país, pero ahí hay relativamente poca población”. Por el contrario, “en la vertiente del Pacífico solo hay un 2% de agua dulce disponible (…), pero ahí se asienta más del 50% de la población del país”.

El Perú vivirá buen tiempo encharcado en los impredecibles efectos de la corrupción de políticos y de altos funcionarios por empresas brasileñas. No obstante, en la agenda internacional lo que preocupa es la crisis de los regímenes políticos democráticos (que el socialismo marxista-leninista murió hace décadas es indiscutible, salvo para pequeños grupos marginales; los “socialismos” de Venezuela, Ecuador y Bolivia son, en sus diferentes versiones, regímenes nacionalistas y pretendidamente redistributivos).

No tiene lugar seguir discutiendo sobre si el Congreso debe o no investigar la corrupción de las empresas brasileñas en el Perú. La comisión ya está funcionando. Lo que sí vale la pena es que sus integrantes precisen algunos presupuestos del trabajo.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski insiste en comportarse como ministro de Economía, presidente del Consejo de Ministros o banquero victorioso y relajado. Es lo que ha hecho en el pasado y lo que ha sabido hacer bastante bien. El cargo de presidente de la República es, sin embargo, esencialmente político, y él se niega a asumirlo así.

El próximo año, que se inicia en pocos días, tendrá como punto central de la agenda política y mediática las investigaciones, filtraciones y destapes de los sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios durante los últimos tres (¿o cuatro?) gobiernos centrales e incluso, quizá, regionales y municipales.

El presupuesto de los diálogos promovidos por el presidente Pedro Pablo Kuczynski es que quiere acercarse a Fuerza Popular; más en particular, a su lideresa Keiko Fujimori, para establecer con ella un vínculo personal.

En las últimas semanas –e incluso desde el ajustado triunfo de PPK en la segunda vuelta– se oyen voces que proclaman la urgencia de una gran coalición de derecha: ppkausas + fujimoristas; derecha tradicional limeña + derecha emprendedora; antiguos apellidos + nuevos apellidos; los distritos de la clase alta y media alta limeña + los distritos posdécada del cuarenta del siglo pasado de Lima y de la mayoría del país. La amalgama de esta gran coalición de derecha sería la defensa del modelo económico, a lo que debe añadirse la pasión unilateral por las inversiones y la visión tecnocrática y pragmática del ejercicio de la política.

En la interpelación y anunciada censura del ministro de Educación, Jaime Saavedra, una primera fase se centró en la crítica –precaria y parcial– a la Ley Universitaria, liderada por el fujimorismo y el aprismo, y en la “herencia humalista” que representaría el ministro en el actual gabinete. El grave retraso de la preparación de los Panamericanos vino en su ayuda.

Las protestas en Apurímac y Puno –que no han merecido gran cobertura de los medios de comunicación nacionales– rompen con la inercia sobre el tipo de conflictos sociales que afectan a las regiones (y que se convierten en focos de interés nacional solo cuando alcanzan cierta intensidad o algunos muertos): lo “normal” es que sean conflictos medioambientales, relacionados con la minería o la explotación petrolera.

La semana pasada le espetó a la capital del país cinco muertes evitables: la del niño de Cantagallo, por las quemaduras que sufrió en el incendio de 400 viviendas de migrantes shipibos en Lima; y las de los cuatro trabajadores que fallecieron en el incendio que se produjo en el centro comercial Larcomar. En ambos casos, aún no se han señalado responsabilidades individuales ni institucionales. Mientras tanto, miles de hectáreas están siendo arrasadas por incendios en la sierra norte. Aquí hace falta un sistema masivo de control de catástrofes, y lamentablemente el Estado peruano no está preparado: para empezar, no hay aviones ni helicópteros acondicionados para controlar este tipo de emergencias. A esto cabe sumarle una seguidilla de asesinatos de alcaldes distritales, también en el norte. El representante del área de seguridad de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y alcalde de Los Olivos ha informado, además, que más de 70 alcaldes distritales “han sido amenazados de muerte por bandas criminales” (La República, 21.11.16).

Se encuentran en Lima 125 apus de comunidades amazónicas ubicadas entre Saramurillo y San José de Saramuro. La razón de su viaje: los reiterados derrames de petróleo –y la consiguiente contaminación– que genera la explotación de hidrocarburos y su traslado por el Oleoducto Norperuano.

Detrás –o por delante– del triunfo de Trump hay quienes avizoran un apocalipsis ultranacionalista de visos fascistas, además de un golpe crucial al neoliberalismo desde la propia derecha, y quienes piensan que aquí no pasará nada… o por lo menos casi nada.

Indecopi sancionó a cadenas farmacéuticas por concertar aumentos de precios, práctica sancionada porque afecta la competencia en detrimento del libre mercado y los consumidores. Estas cadenas consiguieron sobreganancias a costa de otras farmacias y de miles de ciudadanos que pagaron sobreprecio. Valga el ejemplo para relativizar un mito instalado desde hace cerca de 30 años en el Perú y parte de Occidente: todo lo privado es eficiente y beneficia a la sociedad y las personas; por tanto, es siempre superior a lo estatal y lo público. Más aun, todo debería ser privatizado.

A propósito del conflicto en Las Bambas, se ha aducido que la carretera por donde se desplazan los camiones de la minera es “nacional”; es decir, que no depende del Gobierno Regional de Apurímac ni de los gobiernos locales (provinciales) por los que discurre su trazo. Esta afirmación es errónea. La carretera motivo del conflicto es vecinal y está designada oficialmente como tal: “ruta Nº AP-954 Trayectoria: Emp. PE-3S F (Quehuira)-Antuyo-Contahuiri-Huancuire-Pamputa-Emp. AP-901”, según el DS 011-2016-MTC, en el que se encuentra entre otras miles de vías vecinales.

Desde setiembre del 2015, Cotabambas protesta por la modificatoria del EIA de la empresa minera Las Bambas. En lugar del mineroducto, que era el compromiso original, ahora los ciudadanos de esa zona tienen que soportar el paso, por una precaria vía calificada como “nacional”, de entre 250 (El Comercio, 16.10.16) y 400 camiones diarios (La República, 15.10.16) cargados con mineral. ¿Se imaginan algo así en un distrito de Lima?

Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia de EE.UU., es un nacionalista a la norteamericana; lo que se diría, en jerga política peruana, un outsider, un marginal con respecto a la clase política de USA. Trump es un personaje que, en términos actuales, ha tenido “éxito”. No obstante, representa a aquellos que, como producto de la globalización financiera y tecnológica, comienzan a ser claramente perdedores en EE.UU. Porque también la primera potencia del mundo tiene perdedores golpeados por la crisis –no se han recuperado de aquella de 2008-2009– y de la competencia global liderada por el capital financiero.

Durante las últimas semanas, de manera silenciosa, se están desarrollado conflictos de mediana intensidad: en Loreto, 42 comunidades mantuvieron un paro contra la contaminación petrolera; en Puno los casos van desde la preocupación por la demarcación territorial del sur de Puno hasta el paro preventivo de distritos que exigen “la presencia de una comisión de alto nivel integrada por los ministros de Energía y Minas y del Ambiente” (Noticias SER, 20.9.2016); en Urubamba, Cusco, hubo un paro regional de 48 horas y se anuncia otro para el 26; en Ica, los trabajadores de Shougang piden aumentos salariales.

Tania Pariona (32) nació en Cayara, provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho. Es bachiller en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Huamanga y desde 2015 cursa una maestría en Desarrollo Humano, Enfoques y Políticas en la U. Católica. Desde julio, es congresista por el FA. Siempre tuvo nexos con su comunidad. Al jurar su cargo, lo hizo en quechua y luego en castellano: “Por Cayara, Ayacucho y nuestros pueblos quechuas, aimaras y amazónicos. Por su dignidad y su buen vivir. Porque no tengamos terrorismo de ningún tipo, ni subversivo ni del Estado”. Afirmar lo mismo –el deseo y compromiso de que no se repita lo sufrido de 1980 al 2000—, en una reciente actividad del Ministerio de Justicia, a propósito de la captura de Abimael Guzmán, le significó tener que soportar abucheos y “frases muy duras” (RPP, 12/9/2016). En el video se ve que un grupo la censura y algunos gritan destempladamente contra ella. La congresista opta por guardar silencio y dejar el podio.

El miércoles, el Senado de Brasil tomó una decisión anunciada: destituir a la hasta entonces presidenta, Dilma Rousseff. El “delito de responsabilidad” fue interpretado por la mayoría del Senado con un criterio exageradamente amplio, sobre todo tratándose de la destitución de la mandataria de la república. ¿Fue un golpe de Estado, como indican la propia afectada y sus seguidores?

Después de cuatro años de negociaciones y más de medio siglo de conflicto armado interno, más de 220 mil muertos, miles de desaparecidos y millares de campesinos desplazados, el gobierno de Colombia, presidido por Juan Manuel Santos, firmó el acuerdo de paz con las FARC. “Hoy comienza el fin del sufrimiento, del dolor y la tragedia de la guerra” dijo Santos en una presentación televisada, horas después de conocido el acuerdo.

La decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por Javier Villa Stein, de anular la condena de enero del 2015 a Alberto Fujimori –ocho años de prisión por delito de peculado–, a propósito de los ‘diarios chicha’, plantea un doble debate sobre el futuro judicial del ex presidente.

Fue una mala decisión de la bancada del Frente Amplio (FA) negarse a firmar un pronunciamiento de denuncia por la situación de Venezuela. El asunto de fondo es si el FA va a seguir defendiendo, como en los últimos 25 años, una bandera decisiva para la izquierda y, en general, el progresismo: la defensa de los derechos humanos en el Perú y en el mundo.

El centro del mensaje del nuevo presidente fue comprometerse a garantizarle a toda la población peruana sus derechos básicos: agua y desagüe, salud pública (sin ella “no hay desarrollo posible”), educación básica óptima (¿es decir, intercultural?), fin de la anemia y reducción de la tasa de mortalidad infantil. El énfasis en la unidad, el compromiso de “enfrentar los conflictos con diálogo” (“No iremos contra la voluntad del pueblo”), la garantía de derechos para las minorías, el respeto a los derechos de género, así como su lamento de que “nuestra raíz histórica y cultural haya sido despreciada”, son señas de empatía con compatriotas de diverso signo social, geográfico y cultural. Más cauto fue en lucha contra la corrupción y la inseguridad, y en general evitó embarcarse en fechas y cifras. Una de las pocas y concretas fue la disminución de 1% del IGV (2017); ojalá el realismo lo induzca a dar un paso atrás en cuanto a esto. Lo más destacable es que transmitió la voluntad de gobernar pensando en todos sus electores de la segunda vuelta: “Quiero una revolución social para mi país. Que en cinco años sea un país más justo, moderno y solidario. Es decir, que las desigualdades entre pobres y ricos deben resolverse levantando los ingresos de los más pobres”.

Escuchar al escritor y ensayista Jean-Marie Gustave Le Clézio, Nobel de Literatura 2008, invitado a la Feria del Libro 2016, permite revalorar cómo desde la buena literatura –o desde la ficción– y con una inagotable dosis de empatía y sensibilidad, se pueden comprender los pilares de la identidad de un país como el Perú y de gran parte de América Latina.

El gobernador de Cajamarca, Gregorio Santos, quien obtuvo una clara mayoría en su zona en las presidenciales, tiene para rato en prisión sin haber sido sentenciado. Los fiscales se han pasado dos años sin encontrar pruebas que impliquen una sentencia firme dictada por un juez y optan por una abusivamente larga prisión “preventiva”.

El gobierno regional del Cusco ha tenido la iniciativa de doblar al quechua escenas de La era del hielo, La guerra de las galaxias, El rey león y El chavo del ocho. El traductor y encargado del doblaje es el miembro del proyecto Yachay Chasqui, Fernando Valencia. Escenas de ‘Sid’, de La era del hielo, dobladas al quechua, tuvieron en menos de 24 horas más de 50 mil vistas en YouTube y fueron compartidas más de 3 mil veces. Algo similar ocurre con los otros clips.

Las actitudes de los integrantes de Fuerza Popular frente a PPK, después de conocerse los resultados presidenciales, indican que al interior del fujimorismo se han gestado dos facciones que no terminan de dirimir pareceres: “cogobernar” en la práctica o convertirse en una oposición dura.

Hace poco, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró con valentía y conocimiento de causa que “hacer la paz es mucho más difícil que hacer la guerra (…) porque en la guerra todo es blanco o negro, el liderazgo en tiempos de guerra es fácil, allá están los enemigos y a este lado estamos los buenos. En cambio, en un proceso de paz el liderazgo cambia radicalmente. Hay que aprender a perdonar, a convertir la sed de venganza en reconciliación” (entrevista con el diario español ABC, 6/6/16).

Aunque la elección enfrentará este domingo a dos candidatos conservadores, hay diferencias si la interrogante se centra en cómo gobernaría cada cual.

Segunda vuelta

El tardío paso al costado de Joaquín Ramírez parece surgir de la evaluación de tres posibles circunstancias, por parte de la cúpula del fujimorismo: (a) saben que el audio o algo similar existe, está circulando y se difundirá en los próximos días como respuesta al pedido que ellos mismos han estado formulando; (b) recibieron información directa o indirecta de la DEA (o de terceros) anunciándoles que hay más información sobre su secretario general y que, antes o después, se hará pública; o © a escasos días de la segunda vuelta, las encuestas que periódicamente debe de mandar hacer Fuerza Popular les mostraron un bajón considerable.

Pésimos recuerdos quedan de cómo funcionó la administración de justicia durante los dos periodos de gobierno de Alberto Fujimori. Uno de los peores, la intervención directa en el sistema, después del autogolpe de 1992. Reconociendo que hubo jueces, fiscales y magistrados valientes, que se enfrentaron al poder omnímodo de ese entonces, no hay que olvidar que muchos jueces y fiscales tuvieron un comportamiento vergonzosamente obsecuente.

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