06.MAY Viernes, 2016
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LA PORTADA DE HOY

Con malas juntas

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Columna Santiago Pedraglio

Es casi un hecho que Donald Trump será el candidato del Partido Republicano para la presidencia de Estados Unidos. ¿Cómo definir a Trump? Es un conservador radical, nacionalista y pragmático.

El último fin de semana, el Frente Amplio tuvo una reunión nacional y dio a conocer algunos de sus acuerdos. El más importante es el impulso de un proceso constituyente, según lo declarado por su principal líder Verónika Mendoza. Ello implicaría un pacto social que pondría fin a la corrupción, la violencia y la injusticia, entre otros males históricos. No obstante los “diez ejes programáticos” planteados no requieren una reforma constitucional, salvo la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción.

Enrique Pasquel le sugiere a PPK que no cometa dos “errores”: “enemistarse con el fujimorismo” y “casarse con la izquierda” (El Comercio, 18.4.2016). Lo primero, porque, de ganar, tendrá que llegar a acuerdos con FP en el Congreso; y lo segundo, porque el FA quiere “concesiones principalmente en temas económicos” que a él le parecen compromisos fatales. Por último, haciendo un desplante torero, asegura que incluso los “políticos y líderes de opinión de izquierda (…) el día de la elección se volverán pepekausas, pues él claramente es su mal menor”.

El triunfo de Keiko Fujimori se explica como la feroz crítica de un importante sector de la población a los gobiernos elegidos entre el 2001 y el 2016. El recuerdo ventajoso del gobierno autoritario de Alberto Fujimori se ha reafirmado por encima de los gobiernos de Toledo, García y Humala; es decir, de regímenes que no se atrevieron a modificar sustantivamente la huella del decenio fujimorista.

La elección confirmó la existencia de tres grandes corrientes: el fujimorismo, un populismo de derecha de origen autoritario; la derecha tradicional, principalmente limeña (antes PPC, ahora PPK); y una nueva izquierda de corte promotor, distributivo y medioambientalista.

Un importante sector se asombra ante el amplio número de votantes que se está inclinando a favor de Verónika Mendoza, así como otros no entienden que haya más que se inclinan por Keiko Fujimori. El primer caso será materia de esta nota; el segundo lo será la semana siguiente, dado que está visto que Fujimori pasa a la segunda vuelta.

Cuando en la reciente encuesta del Instituto de Opinión Pública de la PUCP (marzo del 2016, nacional) se pide manifestar si se está más de acuerdo con el postulado “promover la economía privada de mercado es la única forma en que el Perú puede desarrollarse” (36,4%) o con el planteamiento de que “promover una mayor intervención del Estado en la economía es la única forma en que el Perú puede desarrollarse” (51,6%), se observa que la tendencia por la segunda opción es bastante mayor (12% no precisa). Más aún, entre el 2011 y ahora se ha incrementado de 42% a 52%.

El Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Electoral Especial de Lima Centro (JEE) se hicieron un jaque mate al excluir a Acuña y sobre todo a Guzmán –este último, de manera arbitraria–. Por un lado, sacar a Keiko Fujimori equivale a poner a más de 50% de la intención de voto –sumadas las de KF, Guzmán y Acuña– fuera de juego, con lo que se instalaría un clima de ilegitimidad; y por otro, no sacarla es sinónimo de voluntad de fraude para buena parte del electorado, además de deslegitimar al Jurado por falta de coherencia.

Durante buena parte del siglo XX la política peruana se polarizó entre aprismo y antiaprismo. Pero desde fines del siglo pasado y, en especial, durante estos primeros 16 años del siglo XXI, el eje de la polarización política en el país ha pasado a ser fujimorismo versus antifujimorismo.

En su resolución del 16 de febrero, el JNE decidió por mayoría desconocer la Asamblea General Extraordinaria de Todos por el Perú (TPP) convocada el 20 de enero del 2016 para subsanar las observaciones presentadas por el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Cuando Angélica Mendoza Almeida de Ascarza, hoy conocida como “Mama Angélica”, fundó la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecido del Perú (Anfasep), ella tenía 55 años. Hoy tiene 87 y aún no tiene noticias de su hijo Arquímedes, sacado de la casa de su madre el 2 de julio de 1983 por personal del cuartel Los Cabitos (Ayacucho); él había cumplido 19 años y era estudiante.

La tesis central de Alberto Vergara en su artículo “De Guzmán a Guzmán” (El Comercio, 21.2.16) es que la política de la “epopeya” y la “gesta” ha sido sustituida por la del “gesto”.

Si los sondeos más recientes de las encuestadoras se reprodujeran en la primera vuelta electoral –considerando incluso el margen de error de cada una– no solo es seguro que Keiko Fujimori pasaría a la segunda vuelta, sino también que Fuerza Popular tendría una amplia mayoría en el Congreso. Si Ollanta Humala obtuvo 47 parlamentarios gracias a su 32% de primera vuelta, Fujimori podría tener más de 50 congresistas si su voto válido supera el 35%.

Después de la catastrófica crisis global del capitalismo financiero del 2008-2009, hay que ponerle fin al mito del mercado milagroso y de su supuesta y bendecida autorregulación. Paralelamente, la idea del Estado como el gran planificador y propietario también ha fracasado.

La encarnizada disputa por el segundo lugar en las encuestas de intención de voto presidencial está dejando la cancha libre a Keiko Fujimori. Si este escenario no se modifica –algo harto posible–, la candidata de Fuerza Popular puede superar en primera vuelta el 40% del voto válido y, como consecuencia, asegurarse una clara mayoría parlamentaria.

Pedir que los candidatos y sus equipos se concentren en “garantizar el retorno a la estabilidad de la moneda y el saneamiento de las cuentas del Tesoro” (El Comercio, editorial, 23.1.2016), equivale a tener una visión muy restrictiva del manejo económico. Es remitirse a las antiguas propuestas del FMI que, al ser recesivas, desembocan en más desempleo, mayores tasas de interés y recorte de créditos.

Como “funcionario que lideró mayor decomiso de madera ilegal” (16.1.16) y persona “clave en la lucha contra la tala ilegal” ( 17.1.16) calificaron El Comercio y La República al destituido presidente ejecutivo del Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y Fauna Silvestre (Osinfor), Rolando Navarro.

La preocupación de Steven Levitsky en “Los políticos están calatos” (La República, 3.1.2016) es entender por qué “la lógica del transfuguismo” se ha instalado en la política peruana; considera que “si queremos cambiarla, tenemos que entenderla”. Dice que los políticos de acá no son diferentes a los de Suecia o Estados Unidos y que la gran diferencia es que unos actúan al interior de partidos políticos y otros, los peruanos, como no tienen partidos, lo hacen “calatos”. Lo hacen, sostiene, por razones pragmáticas, porque no quieren morir políticamente: “Hay políticos excepcionales que se aferran a sus ideales a todo costo (…) y casi siempre son marginales”.

Para sus planchas presidenciales, prácticamente todas las agrupaciones políticas han recurrido a un ex presidente regional (gobernador, se dice ahora). Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, se jaló a Vladimiro Huaroc, de la región Junín, con larga trayectoria en la izquierda. PPK convocó a Martín Vizcarra, de la región Moquegua. El propio César Acuña era presidente de la región La Libertad hasta hace unas semanas, y ha asimilado a sus filas, aunque no a la plancha, a César Villanueva, de San Martín. En la plancha del Partido Nacionalista van Susana Villarán, ex alcaldesa con funciones de presidenta regional de Lima Metropolitana y de amplio recorrido en la izquierda, y Maciste Díaz, de la región Huancavelica. La alianza del Apra-PPC ha reclutado a David Salazar, de la región Apurímac.

El 2015 le permitió a la derecha continental festejar la derrota de Cristina Fernández en Argentina y la de Nicolás Maduro en el Parlamento de Venezuela, así como celebrar la crisis que vive en Brasil Dilma Rousseff, por la recesión económica y las denuncias por corrupción.

Mientras todos hablan sobre las planchas presidenciales y los repentinos cambios de bando de actores políticos como Susana Villarán, la actividad de los narcotraficantes y sus operadores se incrementa de modo alarmante.

La visión estrictamente económica que se ha instalado en la mente de muchos peruanos les impide reconocer que el Perú vive, desde hace tiempo, una grave crisis institucional. El crecimiento de la economía durante 12 años no la ha resuelto, y en varios ámbitos se ha profundizado. No es cierto, entonces, que, como consecuencia del bajón de los precios de los minerales y del descenso del crecimiento del PBI, el Perú esté recién ingresado a un tiempo crisis.

El ascenso de César Acuña en las encuestas ha generado una ola de sorpresas y de “cómo es posible algo así”. El candidato de Alianza para el Progreso tiene graves acusaciones de corrupción, efectivamente. Marco Sifuentes ha recordado un excelente reportaje de Christopher Acosta, en el que señala que “En el primer periodo de Acuña al frente de la Municipalidad de Trujillo, se destinó una partida de 8 millones de soles para, entre otros fines, obtener apoyo político. Decenas de militantes de Alianza para el Progreso (APP) recibieron, cada uno y en persona, cientos de miles de soles que solicitaron a una partida de ‘subvenciones sociales’ del gobierno local” (La República, 9.12.15).

El Callao es, según diversos indicios, el principal puerto peruano de salida de la droga, sobre todo de cocaína. Los principales hallazgos en el extranjero de droga proveniente del Perú tienen como punto de salida este puerto. No es que por otros no se exporte droga en gran cantidad, pero el Callao ha pasado a ser el más importante: 80% de la que sale por vía marítima (El Comercio, 24.5.2015).

El Partido Popular Cristiano (PPC) está al borde de su –no deseable– extinción, ya sea por una ruptura entre las facciones en pugna o porque esta pugna lo dejará tan desgastado que sus electores lo abandonarán y no lo querrán ni sus potenciales aliados para las generales del 2016.

El atentado terrorista del Estado Islámico en París tiene un objetivo político: alentar en Europa una reacción conservadora, en los terrenos político, cultural y militar. No obstante, nada de lo ocurrido puede hacer olvidar las responsabilidades de Occidente —y de EE.UU. en particular— en el inicio y desarrollo de los actuales conflictos. Porque, sin duda, la inadecuada reacción estadounidense ante el ataque contra las Torres Gemelas (2001) aceleró la crisis que ahora se vive en Iraq y Siria.

La candidatura de César Acuña puede subir como también caerse de manera estrepitosa, y está claro que sobre él recaen serias interrogantes a propósito de cómo hizo su fortuna. Sin embargo, resulta contradictorio que El Comercio, en su nota editorial de ayer 12 de noviembre, le parezca escandaloso que la Universidad César Vallejo haya sido “de hecho una herramienta fundamental para hacer realidad las aspiraciones políticas de Acuña (…)”. ¿Y por qué es contradictorio? Porque El Comercio se ha opuesto sistemáticamente a cualquier regulación de las universidades con fines de lucro, para que florezcan gracias al libre mercado. Tal parece que ahora están descubriendo la cosecha de aquello que cultivaron durante los últimos años.

Alan García inauguró el viernes pasado su campaña electoral con un discurso que califica de levantisco. He aquí algunas de sus propuestas: reducir la pobreza al 10% para el 2021, crecimiento del producto bruto interno a un promedio anual del 6% (no dijo cómo), reducción de la desnutrición infantil a menos del 5% (tampoco dijo cómo), corrección del funcionamiento de las AFP y las tarjetas de crédito (“necesitan regulación de parte del Estado”, El Comercio, 31-10-2015). Además, propuso que el suelo y el subsuelo sean de las comunidades campesinas, como en Estados Unidos y Canadá; un canon comunal para saltarse la burocracia y beneficiar directamente a los campesinos; y la eliminación del régimen laboral de 24 x 24 en la Policía Nacional.

Al margen de los resultados sobre las investigaciones a Nadine Heredia y de las conclusiones sobre los ‘narcoindultos’ –así como del respectivo barullo mediático–, ¿quién está ganando puntos en el desmadre de cara a las elecciones?

Los adalides del conservadurismo insisten tercamente –y no dejarán de hacerlo– en que el mundo es cada vez mejor: hay menos pobres, las guerras solo son culpa de los extremistas. No obstante, un gran grupo financiero suizo –la “crema de la crema”–, el Credit Suisse, ha emitido un informe recogido por El País de España, que afirma que “El 1% más rico tiene tanto patrimonio como todo el resto del mundo” (14.10.15).

En Colombia, en los momentos cumbres del narcotráfico, se popularizó una forma de vida entre un sector de la juventud: vivir rápido e intensamente y utilizar cualquier método para conseguirlo, incluidos, por supuesto, los criminales. No les importaba si vivían pocos años; el propósito era “tener billete”, obtener éxito aunque resultara efímero. Dicho sea entre paréntesis, el escritor colombiano Fernando Vallejo publicó, hace unos años, una interesante novela sobre el tema: “La virgen de los sicarios”.

Cuando Keiko Fujimori salió a defender la participación de Petroperú en el Lote 192; cuando dijo que Tía María debe tomarse su tiempo; y cuando dijo que la CVR tuvo aspectos positivos, fue tildada de oportunista y electorera. Calificación aparte, vale la pena indagar sobre los porqués de su calculado giro.

Resulta perverso que tengan que haber cuatro muertos para que, recién entonces, se instale la mesa de diálogo conformada por los alcaldes de la provincia de Cotabambas y varios ministros, incluida la de Energía y Minas, ayer en Lima, y que se anuncie que una comisión de alto nivel llegará el 6 de octubre a Cotabambas para “iniciar la explicación del informe técnico […] que modifica el estudio de impacto ambiental del proyecto minero Las Bambas” (El Comercio, 1.10.2015). Esto, sobre todo tomando en cuenta que el primer paro de la población a propósito de los nuevos problemas fue en febrero, tal como recuerda Noticias SER.

El anuncio de que el Gobierno colombiano y las FARC han llegado a un acuerdo crucial sobre la creación de una “Jurisdicción Especial para la Paz” es decisivo. Para el largo curso de negociaciones en aras de conquistar la paz no es sino una excelente noticia.

El comunicado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no puede ser más claro: en lugar de reformar positivamente la ley de partidos, tal como lo proponen ambos organismos, en aras de garantizar la democracia interna e impedir o reducir el ingreso de “dinero ilegal” a las campañas electorales, el Congreso está a punto de hacer lo contrario, pues la Comisión de Constitución ha aprobado un dictamen bochornoso.

Las encuestas dicen desde hace años que para los peruanos el principal problema es la inseguridad producida por la delincuencia. Incluso no la gran delincuencia, sino la menuda, la del arranchón, la del cuadre en cualquier calle, la que entra a las casas para robarse lo que se pueda.

Europa está siendo presionada por una inmensa ola migratoria. Centenas de miles de personas, procedentes sobre todo de Siria, pero, además, de Kosovo, Afganistán, Eritrea, Serbia, Albania e Iraq buscan salvar sus vidas y las de sus familias. Huyen de la guerra y de la destrucción. Como antes, luego de las guerras mundiales, lo hicieron familias alemanas, italianas o francesas. Como en los años 30 del siglo XX, miles de españoles salieron a causa de la guerra civil. Como en los años 80, en el Perú, durante el “conflicto armado interno”, lo hicieron “600,000 personas [que] decidieron abandonar sus lugares de origen […] en el sector rural”, según recoge la OIM (“Desplazamientos internos en el Perú”, Lima, 2015).

Los peruanos que quieren más seguridad, es decir, la mayoría, difícilmente confiarán en políticos que no dejan de golpearse unos a otros, como queriendo confirmar lo que en la calle se dice de ellos: “todos son iguales”. Los enfrentamientos entre el Apra, el fujimorismo y el oficialismo alimentan la idea de que los políticos son y serán incapaces de controlar la delincuencia.

En el Perú, la palabra “terrorismo” se comenzó a usar en la década de los 80 para calificar las acciones de Sendero Luminoso, organización política armada que hizo uso sistemático del terror como arma contra sus adversarios y para amedrentar a la población.

Un informe del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), de México, titulado “El Chapo y los desaciertos de la estrategia de seguridad” (15.7.2015), señala que la sonada fuga del narcotraficante “acentúa la percepción negativa de un gobierno que ha sido señalado por corrupción, impunidad e incapacidad”; es decir, existiría una directa relación del incremento de la inseguridad –en especial, de la escandalosa actuación del narcotráfico– con la corrupción y la impunidad. Esta percepción, con diferencias en cada país, se ancla en la realidad no solo de México sino de gran parte de la región latinoamericana.

Dos agrupaciones de izquierda, el Frente Amplio (Tierra y Libertad, Sembrar y otros núcleos) y Únete (Partido Humanista, Ciudadanos por el Cambio, Fuerza Social…) han convocado a sendas elecciones primarias: las inscripciones de precandidatos se cierran en agosto. Si se les suma la precandidatura de Sergio Tejada (Bloque Nacional y fonavistas), el absurdo resultado, por más reuniones bilaterales que se produzcan, es que habrá por lo menos tres –suicidas– candidaturas de izquierda.

En los últimos años se ha hecho moneda corriente calificar de “populismo” toda medida que pretenda beneficiar aunque sea a solo un sector de los trabajadores. Se proclama, con ese calificativo, que son políticas demagógicas, que afectarían el crecimiento de la economía y, a la larga, a los mismos trabajadores.

¿Cómo subsiste, sin desparpajo, la soberbia pretensión de que el Perú está próximo a ser del primer mundo si el Estado no toma decisiones prácticas para evitar las muertes de menores por las heladas en el sur del país y el sector privado tampoco toma más iniciativa? Este año, hasta ayer 23 de julio, se había reportado la muerte de 129 menores, sobre todo en Puno, Ayacucho y Huancavelica (Canal N, 23.7.15).

La comisión parlamentaria que investiga a Martín Belaunde Lossio se ha convertido, en la práctica, en la “comisión Primera Dama”. Por lo menos mediáticamente, no hay duda: ya preso Belaunde, lo que diga o no ha pasado a ser un asunto judicial que no genera titulares. Nadine Heredia, por el contrario, llena páginas y pantallas sin cesar.

A menudo los políticos hablan, muy preocupados, sobre el riesgo que corre el país de convertirse en un narcoestado. Los medios de comunicación de vez en cuando centran su foco de atención en este grave problema. La ciudadanía considera que el narcotráfico es causa central de la inseguridad en el país. El sicariato tiene hoy una fuerza inusual; en el Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía se han dado reiteradas señales de su intromisión. Hay, además, varias denuncias sobre infiltración del narcotráfico en la política peruana, nacional regional y local; y sin duda, el narcotráfico es el principal origen del lavado de dinero en el país.

Si la situación sigue como está, los resultados electorales del 2016 serán catastróficos para las tendencias de izquierda. El triunfo de cualquiera de los hoy punteros en las encuestas –Fujimori, Kuczynski y García, cada uno con su historia y con un mayor o menor énfasis autoritario– equivale a la consolidación del modelo económico y del régimen político conservador. El triunfo de la derecha sería total, como en ningún otro país de América del Sur. Aunque parezca broma, muchos izquierdistas recordarán con melancolía algunos gestos del gobierno de Ollanta Humala, a ciertos ministros y una que otra iniciativa política del régimen actual.

Refiriéndose al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), Joseph Stiglitz, premio Nobel que alguna credibilidad debe tener entre los funcionarios del MEF, ha dicho que “tal vez la parte más odiosa –más deshonesta– de estos acuerdos sea la concerniente a la protección de los inversores”.

El Perú urbano le hace sombra al Perú rural. Una sombra tan densa que lo desaparece del mapa: solo llegan a la capital del país noticias de la agroindustria, sobre todo de las regiones costeñas que producen para la exportación. De los más de 3 millones de personas ocupadas en la producción familiar agropecuaria no se dice nada. Para muchos representan el atraso, el Perú no moderno, que tantos quieren olvidar o desaparecer. No se reconoce su cambio permanente ni la riqueza de sus conexiones ni su vínculo con otros sectores laborales. Ni las ciencias sociales se preocupan de ellas. Incluso la izquierda les pone el foco solo cuando se ven involucradas en disputas, pero no a propósito de sus demandas agropecuarias, sino de sus protestas contra la minería u otra explotación extractiva.

Recambio generacional. Así se resumen los consejos de Steven Levitsky (La República, 4.6.15) y Alberto Vergara (Perú21, 4.6.15) para relanzar la izquierda. Una versión siglo XXI de “los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra” de Manuel González Prada y una modalidad a la peruana de la propuesta de Albert Rivera, el líder del movimiento de centroderecha español Ciudadanos: los mayores de 38, a jubilarse de la política.

Durante semanas se tejieron mil historias sobre cómo los presidentes Evo Morales y Ollanta Humala habían urdido un cuento para permitir el ingreso de Martín Belaunde Lossio a Bolivia, protegerlo e impedir que desparramara acusaciones contra su antiguo amigo y ex asesorado, el presidente del Perú.