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Columna Santiago Pedraglio

Las protestas en Apurímac y Puno –que no han merecido gran cobertura de los medios de comunicación nacionales– rompen con la inercia sobre el tipo de conflictos sociales que afectan a las regiones (y que se convierten en focos de interés nacional solo cuando alcanzan cierta intensidad o algunos muertos): lo “normal” es que sean conflictos medioambientales, relacionados con la minería o la explotación petrolera.

La semana pasada le espetó a la capital del país cinco muertes evitables: la del niño de Cantagallo, por las quemaduras que sufrió en el incendio de 400 viviendas de migrantes shipibos en Lima; y las de los cuatro trabajadores que fallecieron en el incendio que se produjo en el centro comercial Larcomar. En ambos casos, aún no se han señalado responsabilidades individuales ni institucionales. Mientras tanto, miles de hectáreas están siendo arrasadas por incendios en la sierra norte. Aquí hace falta un sistema masivo de control de catástrofes, y lamentablemente el Estado peruano no está preparado: para empezar, no hay aviones ni helicópteros acondicionados para controlar este tipo de emergencias. A esto cabe sumarle una seguidilla de asesinatos de alcaldes distritales, también en el norte. El representante del área de seguridad de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y alcalde de Los Olivos ha informado, además, que más de 70 alcaldes distritales “han sido amenazados de muerte por bandas criminales” (La República, 21.11.16).

Se encuentran en Lima 125 apus de comunidades amazónicas ubicadas entre Saramurillo y San José de Saramuro. La razón de su viaje: los reiterados derrames de petróleo –y la consiguiente contaminación– que genera la explotación de hidrocarburos y su traslado por el Oleoducto Norperuano.

Detrás –o por delante– del triunfo de Trump hay quienes avizoran un apocalipsis ultranacionalista de visos fascistas, además de un golpe crucial al neoliberalismo desde la propia derecha, y quienes piensan que aquí no pasará nada… o por lo menos casi nada.

Indecopi sancionó a cadenas farmacéuticas por concertar aumentos de precios, práctica sancionada porque afecta la competencia en detrimento del libre mercado y los consumidores. Estas cadenas consiguieron sobreganancias a costa de otras farmacias y de miles de ciudadanos que pagaron sobreprecio. Valga el ejemplo para relativizar un mito instalado desde hace cerca de 30 años en el Perú y parte de Occidente: todo lo privado es eficiente y beneficia a la sociedad y las personas; por tanto, es siempre superior a lo estatal y lo público. Más aun, todo debería ser privatizado.

A propósito del conflicto en Las Bambas, se ha aducido que la carretera por donde se desplazan los camiones de la minera es “nacional”; es decir, que no depende del Gobierno Regional de Apurímac ni de los gobiernos locales (provinciales) por los que discurre su trazo. Esta afirmación es errónea. La carretera motivo del conflicto es vecinal y está designada oficialmente como tal: “ruta Nº AP-954 Trayectoria: Emp. PE-3S F (Quehuira)-Antuyo-Contahuiri-Huancuire-Pamputa-Emp. AP-901”, según el DS 011-2016-MTC, en el que se encuentra entre otras miles de vías vecinales.

Desde setiembre del 2015, Cotabambas protesta por la modificatoria del EIA de la empresa minera Las Bambas. En lugar del mineroducto, que era el compromiso original, ahora los ciudadanos de esa zona tienen que soportar el paso, por una precaria vía calificada como “nacional”, de entre 250 (El Comercio, 16.10.16) y 400 camiones diarios (La República, 15.10.16) cargados con mineral. ¿Se imaginan algo así en un distrito de Lima?

Vulnerabilidad es quizá la palabra que mejor describe lo develado en el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, a propósito del grave incidente provocado por el ex asesor Carlos Moreno.

El anuncio de la presentación del proyecto de ley del congresista Lescano referido al control de las fusiones o la concentración empresarial ha levantado duras críticas, como sucedió con el proyecto presentado el 2012 por Gana Perú sobre este tema. En verdad, antes de que el referido proyecto, u otro que pudiera presentarse, está en discusión la conveniencia política y económica de los monopolios.

Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia de EE.UU., es un nacionalista a la norteamericana; lo que se diría, en jerga política peruana, un outsider, un marginal con respecto a la clase política de USA. Trump es un personaje que, en términos actuales, ha tenido “éxito”. No obstante, representa a aquellos que, como producto de la globalización financiera y tecnológica, comienzan a ser claramente perdedores en EE.UU. Porque también la primera potencia del mundo tiene perdedores golpeados por la crisis –no se han recuperado de aquella de 2008-2009– y de la competencia global liderada por el capital financiero.

Durante las últimas semanas, de manera silenciosa, se están desarrollado conflictos de mediana intensidad: en Loreto, 42 comunidades mantuvieron un paro contra la contaminación petrolera; en Puno los casos van desde la preocupación por la demarcación territorial del sur de Puno hasta el paro preventivo de distritos que exigen “la presencia de una comisión de alto nivel integrada por los ministros de Energía y Minas y del Ambiente” (Noticias SER, 20.9.2016); en Urubamba, Cusco, hubo un paro regional de 48 horas y se anuncia otro para el 26; en Ica, los trabajadores de Shougang piden aumentos salariales.

Tania Pariona (32) nació en Cayara, provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho. Es bachiller en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Huamanga y desde 2015 cursa una maestría en Desarrollo Humano, Enfoques y Políticas en la U. Católica. Desde julio, es congresista por el FA. Siempre tuvo nexos con su comunidad. Al jurar su cargo, lo hizo en quechua y luego en castellano: “Por Cayara, Ayacucho y nuestros pueblos quechuas, aimaras y amazónicos. Por su dignidad y su buen vivir. Porque no tengamos terrorismo de ningún tipo, ni subversivo ni del Estado”. Afirmar lo mismo –el deseo y compromiso de que no se repita lo sufrido de 1980 al 2000—, en una reciente actividad del Ministerio de Justicia, a propósito de la captura de Abimael Guzmán, le significó tener que soportar abucheos y “frases muy duras” (RPP, 12/9/2016). En el video se ve que un grupo la censura y algunos gritan destempladamente contra ella. La congresista opta por guardar silencio y dejar el podio.

Es comprensible que el Ejecutivo busque llegar a acuerdos con la mayoría fujimorista en el Congreso. Decisiones como el voto de confianza al gabinete o la aceptación del pedido de facultades requieren los votos del fujimorismo. Otras decisiones tendrán también que pasar por el Legislativo. La cuestión es si esta exigencia de luz verde terminará por capturar a un pragmático PPK o si, por el contrario, el Ejecutivo mantendrán una clara iniciativa y su autonomía política.

El miércoles, el Senado de Brasil tomó una decisión anunciada: destituir a la hasta entonces presidenta, Dilma Rousseff. El “delito de responsabilidad” fue interpretado por la mayoría del Senado con un criterio exageradamente amplio, sobre todo tratándose de la destitución de la mandataria de la república. ¿Fue un golpe de Estado, como indican la propia afectada y sus seguidores?

Después de cuatro años de negociaciones y más de medio siglo de conflicto armado interno, más de 220 mil muertos, miles de desaparecidos y millares de campesinos desplazados, el gobierno de Colombia, presidido por Juan Manuel Santos, firmó el acuerdo de paz con las FARC. “Hoy comienza el fin del sufrimiento, del dolor y la tragedia de la guerra” dijo Santos en una presentación televisada, horas después de conocido el acuerdo.

La decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por Javier Villa Stein, de anular la condena de enero del 2015 a Alberto Fujimori –ocho años de prisión por delito de peculado–, a propósito de los ‘diarios chicha’, plantea un doble debate sobre el futuro judicial del ex presidente.

Fue una mala decisión de la bancada del Frente Amplio (FA) negarse a firmar un pronunciamiento de denuncia por la situación de Venezuela. El asunto de fondo es si el FA va a seguir defendiendo, como en los últimos 25 años, una bandera decisiva para la izquierda y, en general, el progresismo: la defensa de los derechos humanos en el Perú y en el mundo.

El nuevo presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, tiene un estilo de hablar y de relacionarse que no es el clásico estilo de las clases altas limeñas: es directo, tiene un sentido del humor bastante gringo, puede vincularse más horizontalmente con quienes son distintos a él y, reconocer –como en su reciente entrevista con el diario El País– que “queremos hacer una revolución social porque este país es aún muy retrógrado. Los líderes de los business todavía hablan de ‘los cholos’, están en el siglo XIX y hay que empezar a cambiar eso”.

El centro del mensaje del nuevo presidente fue comprometerse a garantizarle a toda la población peruana sus derechos básicos: agua y desagüe, salud pública (sin ella “no hay desarrollo posible”), educación básica óptima (¿es decir, intercultural?), fin de la anemia y reducción de la tasa de mortalidad infantil. El énfasis en la unidad, el compromiso de “enfrentar los conflictos con diálogo” (“No iremos contra la voluntad del pueblo”), la garantía de derechos para las minorías, el respeto a los derechos de género, así como su lamento de que “nuestra raíz histórica y cultural haya sido despreciada”, son señas de empatía con compatriotas de diverso signo social, geográfico y cultural. Más cauto fue en lucha contra la corrupción y la inseguridad, y en general evitó embarcarse en fechas y cifras. Una de las pocas y concretas fue la disminución de 1% del IGV (2017); ojalá el realismo lo induzca a dar un paso atrás en cuanto a esto. Lo más destacable es que transmitió la voluntad de gobernar pensando en todos sus electores de la segunda vuelta: “Quiero una revolución social para mi país. Que en cinco años sea un país más justo, moderno y solidario. Es decir, que las desigualdades entre pobres y ricos deben resolverse levantando los ingresos de los más pobres”.

Escuchar al escritor y ensayista Jean-Marie Gustave Le Clézio, Nobel de Literatura 2008, invitado a la Feria del Libro 2016, permite revalorar cómo desde la buena literatura –o desde la ficción– y con una inagotable dosis de empatía y sensibilidad, se pueden comprender los pilares de la identidad de un país como el Perú y de gran parte de América Latina.

El gobernador de Cajamarca, Gregorio Santos, quien obtuvo una clara mayoría en su zona en las presidenciales, tiene para rato en prisión sin haber sido sentenciado. Los fiscales se han pasado dos años sin encontrar pruebas que impliquen una sentencia firme dictada por un juez y optan por una abusivamente larga prisión “preventiva”.

El gobierno regional del Cusco ha tenido la iniciativa de doblar al quechua escenas de La era del hielo, La guerra de las galaxias, El rey león y El chavo del ocho. El traductor y encargado del doblaje es el miembro del proyecto Yachay Chasqui, Fernando Valencia. Escenas de ‘Sid’, de La era del hielo, dobladas al quechua, tuvieron en menos de 24 horas más de 50 mil vistas en YouTube y fueron compartidas más de 3 mil veces. Algo similar ocurre con los otros clips.

Las actitudes de los integrantes de Fuerza Popular frente a PPK, después de conocerse los resultados presidenciales, indican que al interior del fujimorismo se han gestado dos facciones que no terminan de dirimir pareceres: “cogobernar” en la práctica o convertirse en una oposición dura.

Hace poco, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró con valentía y conocimiento de causa que “hacer la paz es mucho más difícil que hacer la guerra (…) porque en la guerra todo es blanco o negro, el liderazgo en tiempos de guerra es fácil, allá están los enemigos y a este lado estamos los buenos. En cambio, en un proceso de paz el liderazgo cambia radicalmente. Hay que aprender a perdonar, a convertir la sed de venganza en reconciliación” (entrevista con el diario español ABC, 6/6/16).

¿Sabía Ud. que en la primera vuelta Pedro Pablo Kuczynski obtuvo alrededor de 3’200,000 votos y en la segunda casi 8’600,000? Esto es, 5’400,000 votos más en la vuelta definitoria, lo que equivale a un crecimiento cercano al 270%.

Junto con interesarse por la famosa remontada de PPK en la última semana preelectoral, asunto harto analizado, vale la pena indagar por qué una candidatura heredera de un gobierno que cometió probados actos de corrupción suscita tanta adhesión y fidelidad. Y vale la pena por tres razones centrales: para entender y no satanizar a quienes votaron por KF; para no autocomplacerse con las críticas a la candidata; y porque es imprescindible identificar los “pendientes” impostergables.

Aunque la elección enfrentará este domingo a dos candidatos conservadores, hay diferencias si la interrogante se centra en cómo gobernaría cada cual.

Segunda vuelta

El tardío paso al costado de Joaquín Ramírez parece surgir de la evaluación de tres posibles circunstancias, por parte de la cúpula del fujimorismo: (a) saben que el audio o algo similar existe, está circulando y se difundirá en los próximos días como respuesta al pedido que ellos mismos han estado formulando; (b) recibieron información directa o indirecta de la DEA (o de terceros) anunciándoles que hay más información sobre su secretario general y que, antes o después, se hará pública; o © a escasos días de la segunda vuelta, las encuestas que periódicamente debe de mandar hacer Fuerza Popular les mostraron un bajón considerable.

Pésimos recuerdos quedan de cómo funcionó la administración de justicia durante los dos periodos de gobierno de Alberto Fujimori. Uno de los peores, la intervención directa en el sistema, después del autogolpe de 1992. Reconociendo que hubo jueces, fiscales y magistrados valientes, que se enfrentaron al poder omnímodo de ese entonces, no hay que olvidar que muchos jueces y fiscales tuvieron un comportamiento vergonzosamente obsecuente.

Es casi un hecho que Donald Trump será el candidato del Partido Republicano para la presidencia de Estados Unidos. ¿Cómo definir a Trump? Es un conservador radical, nacionalista y pragmático.

El último fin de semana, el Frente Amplio tuvo una reunión nacional y dio a conocer algunos de sus acuerdos. El más importante es el impulso de un proceso constituyente, según lo declarado por su principal líder Verónika Mendoza. Ello implicaría un pacto social que pondría fin a la corrupción, la violencia y la injusticia, entre otros males históricos. No obstante los “diez ejes programáticos” planteados no requieren una reforma constitucional, salvo la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción.

Enrique Pasquel le sugiere a PPK que no cometa dos “errores”: “enemistarse con el fujimorismo” y “casarse con la izquierda” (El Comercio, 18.4.2016). Lo primero, porque, de ganar, tendrá que llegar a acuerdos con FP en el Congreso; y lo segundo, porque el FA quiere “concesiones principalmente en temas económicos” que a él le parecen compromisos fatales. Por último, haciendo un desplante torero, asegura que incluso los “políticos y líderes de opinión de izquierda (…) el día de la elección se volverán pepekausas, pues él claramente es su mal menor”.

El triunfo de Keiko Fujimori se explica como la feroz crítica de un importante sector de la población a los gobiernos elegidos entre el 2001 y el 2016. El recuerdo ventajoso del gobierno autoritario de Alberto Fujimori se ha reafirmado por encima de los gobiernos de Toledo, García y Humala; es decir, de regímenes que no se atrevieron a modificar sustantivamente la huella del decenio fujimorista.

La elección confirmó la existencia de tres grandes corrientes: el fujimorismo, un populismo de derecha de origen autoritario; la derecha tradicional, principalmente limeña (antes PPC, ahora PPK); y una nueva izquierda de corte promotor, distributivo y medioambientalista.

Un importante sector se asombra ante el amplio número de votantes que se está inclinando a favor de Verónika Mendoza, así como otros no entienden que haya más que se inclinan por Keiko Fujimori. El primer caso será materia de esta nota; el segundo lo será la semana siguiente, dado que está visto que Fujimori pasa a la segunda vuelta.

Cuando en la reciente encuesta del Instituto de Opinión Pública de la PUCP (marzo del 2016, nacional) se pide manifestar si se está más de acuerdo con el postulado “promover la economía privada de mercado es la única forma en que el Perú puede desarrollarse” (36,4%) o con el planteamiento de que “promover una mayor intervención del Estado en la economía es la única forma en que el Perú puede desarrollarse” (51,6%), se observa que la tendencia por la segunda opción es bastante mayor (12% no precisa). Más aún, entre el 2011 y ahora se ha incrementado de 42% a 52%.

El Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Electoral Especial de Lima Centro (JEE) se hicieron un jaque mate al excluir a Acuña y sobre todo a Guzmán –este último, de manera arbitraria–. Por un lado, sacar a Keiko Fujimori equivale a poner a más de 50% de la intención de voto –sumadas las de KF, Guzmán y Acuña– fuera de juego, con lo que se instalaría un clima de ilegitimidad; y por otro, no sacarla es sinónimo de voluntad de fraude para buena parte del electorado, además de deslegitimar al Jurado por falta de coherencia.

Durante buena parte del siglo XX la política peruana se polarizó entre aprismo y antiaprismo. Pero desde fines del siglo pasado y, en especial, durante estos primeros 16 años del siglo XXI, el eje de la polarización política en el país ha pasado a ser fujimorismo versus antifujimorismo.

En su resolución del 16 de febrero, el JNE decidió por mayoría desconocer la Asamblea General Extraordinaria de Todos por el Perú (TPP) convocada el 20 de enero del 2016 para subsanar las observaciones presentadas por el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Cuando Angélica Mendoza Almeida de Ascarza, hoy conocida como “Mama Angélica”, fundó la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecido del Perú (Anfasep), ella tenía 55 años. Hoy tiene 87 y aún no tiene noticias de su hijo Arquímedes, sacado de la casa de su madre el 2 de julio de 1983 por personal del cuartel Los Cabitos (Ayacucho); él había cumplido 19 años y era estudiante.

La tesis central de Alberto Vergara en su artículo “De Guzmán a Guzmán” (El Comercio, 21.2.16) es que la política de la “epopeya” y la “gesta” ha sido sustituida por la del “gesto”.

Si los sondeos más recientes de las encuestadoras se reprodujeran en la primera vuelta electoral –considerando incluso el margen de error de cada una– no solo es seguro que Keiko Fujimori pasaría a la segunda vuelta, sino también que Fuerza Popular tendría una amplia mayoría en el Congreso. Si Ollanta Humala obtuvo 47 parlamentarios gracias a su 32% de primera vuelta, Fujimori podría tener más de 50 congresistas si su voto válido supera el 35%.

Después de la catastrófica crisis global del capitalismo financiero del 2008-2009, hay que ponerle fin al mito del mercado milagroso y de su supuesta y bendecida autorregulación. Paralelamente, la idea del Estado como el gran planificador y propietario también ha fracasado.

La encarnizada disputa por el segundo lugar en las encuestas de intención de voto presidencial está dejando la cancha libre a Keiko Fujimori. Si este escenario no se modifica –algo harto posible–, la candidata de Fuerza Popular puede superar en primera vuelta el 40% del voto válido y, como consecuencia, asegurarse una clara mayoría parlamentaria.

Pedir que los candidatos y sus equipos se concentren en “garantizar el retorno a la estabilidad de la moneda y el saneamiento de las cuentas del Tesoro” (El Comercio, editorial, 23.1.2016), equivale a tener una visión muy restrictiva del manejo económico. Es remitirse a las antiguas propuestas del FMI que, al ser recesivas, desembocan en más desempleo, mayores tasas de interés y recorte de créditos.

Como “funcionario que lideró mayor decomiso de madera ilegal” (16.1.16) y persona “clave en la lucha contra la tala ilegal” ( 17.1.16) calificaron El Comercio y La República al destituido presidente ejecutivo del Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y Fauna Silvestre (Osinfor), Rolando Navarro.

La preocupación de Steven Levitsky en “Los políticos están calatos” (La República, 3.1.2016) es entender por qué “la lógica del transfuguismo” se ha instalado en la política peruana; considera que “si queremos cambiarla, tenemos que entenderla”. Dice que los políticos de acá no son diferentes a los de Suecia o Estados Unidos y que la gran diferencia es que unos actúan al interior de partidos políticos y otros, los peruanos, como no tienen partidos, lo hacen “calatos”. Lo hacen, sostiene, por razones pragmáticas, porque no quieren morir políticamente: “Hay políticos excepcionales que se aferran a sus ideales a todo costo (…) y casi siempre son marginales”.

Para sus planchas presidenciales, prácticamente todas las agrupaciones políticas han recurrido a un ex presidente regional (gobernador, se dice ahora). Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, se jaló a Vladimiro Huaroc, de la región Junín, con larga trayectoria en la izquierda. PPK convocó a Martín Vizcarra, de la región Moquegua. El propio César Acuña era presidente de la región La Libertad hasta hace unas semanas, y ha asimilado a sus filas, aunque no a la plancha, a César Villanueva, de San Martín. En la plancha del Partido Nacionalista van Susana Villarán, ex alcaldesa con funciones de presidenta regional de Lima Metropolitana y de amplio recorrido en la izquierda, y Maciste Díaz, de la región Huancavelica. La alianza del Apra-PPC ha reclutado a David Salazar, de la región Apurímac.

El 2015 le permitió a la derecha continental festejar la derrota de Cristina Fernández en Argentina y la de Nicolás Maduro en el Parlamento de Venezuela, así como celebrar la crisis que vive en Brasil Dilma Rousseff, por la recesión económica y las denuncias por corrupción.