12.FEB Viernes, 2016
Última actualización 11:22 pm
Clasificados

LA PORTADA DE HOY

Pasaporte a medida

Compartir:

Columna Santiago Pedraglio

Después de la catastrófica crisis global del capitalismo financiero del 2008-2009, hay que ponerle fin al mito del mercado milagroso y de su supuesta y bendecida autorregulación. Paralelamente, la idea del Estado como el gran planificador y propietario también ha fracasado.

La encarnizada disputa por el segundo lugar en las encuestas de intención de voto presidencial está dejando la cancha libre a Keiko Fujimori. Si este escenario no se modifica –algo harto posible–, la candidata de Fuerza Popular puede superar en primera vuelta el 40% del voto válido y, como consecuencia, asegurarse una clara mayoría parlamentaria.

Pedir que los candidatos y sus equipos se concentren en “garantizar el retorno a la estabilidad de la moneda y el saneamiento de las cuentas del Tesoro” (El Comercio, editorial, 23.1.2016), equivale a tener una visión muy restrictiva del manejo económico. Es remitirse a las antiguas propuestas del FMI que, al ser recesivas, desembocan en más desempleo, mayores tasas de interés y recorte de créditos.

Como “funcionario que lideró mayor decomiso de madera ilegal” (16.1.16) y persona “clave en la lucha contra la tala ilegal” ( 17.1.16) calificaron El Comercio y La República al destituido presidente ejecutivo del Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y Fauna Silvestre (Osinfor), Rolando Navarro.

La preocupación de Steven Levitsky en “Los políticos están calatos” (La República, 3.1.2016) es entender por qué “la lógica del transfuguismo” se ha instalado en la política peruana; considera que “si queremos cambiarla, tenemos que entenderla”. Dice que los políticos de acá no son diferentes a los de Suecia o Estados Unidos y que la gran diferencia es que unos actúan al interior de partidos políticos y otros, los peruanos, como no tienen partidos, lo hacen “calatos”. Lo hacen, sostiene, por razones pragmáticas, porque no quieren morir políticamente: “Hay políticos excepcionales que se aferran a sus ideales a todo costo (…) y casi siempre son marginales”.

Para sus planchas presidenciales, prácticamente todas las agrupaciones políticas han recurrido a un ex presidente regional (gobernador, se dice ahora). Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, se jaló a Vladimiro Huaroc, de la región Junín, con larga trayectoria en la izquierda. PPK convocó a Martín Vizcarra, de la región Moquegua. El propio César Acuña era presidente de la región La Libertad hasta hace unas semanas, y ha asimilado a sus filas, aunque no a la plancha, a César Villanueva, de San Martín. En la plancha del Partido Nacionalista van Susana Villarán, ex alcaldesa con funciones de presidenta regional de Lima Metropolitana y de amplio recorrido en la izquierda, y Maciste Díaz, de la región Huancavelica. La alianza del Apra-PPC ha reclutado a David Salazar, de la región Apurímac.

El 2015 le permitió a la derecha continental festejar la derrota de Cristina Fernández en Argentina y la de Nicolás Maduro en el Parlamento de Venezuela, así como celebrar la crisis que vive en Brasil Dilma Rousseff, por la recesión económica y las denuncias por corrupción.

Mientras todos hablan sobre las planchas presidenciales y los repentinos cambios de bando de actores políticos como Susana Villarán, la actividad de los narcotraficantes y sus operadores se incrementa de modo alarmante.

La visión estrictamente económica que se ha instalado en la mente de muchos peruanos les impide reconocer que el Perú vive, desde hace tiempo, una grave crisis institucional. El crecimiento de la economía durante 12 años no la ha resuelto, y en varios ámbitos se ha profundizado. No es cierto, entonces, que, como consecuencia del bajón de los precios de los minerales y del descenso del crecimiento del PBI, el Perú esté recién ingresado a un tiempo crisis.

El ascenso de César Acuña en las encuestas ha generado una ola de sorpresas y de “cómo es posible algo así”. El candidato de Alianza para el Progreso tiene graves acusaciones de corrupción, efectivamente. Marco Sifuentes ha recordado un excelente reportaje de Christopher Acosta, en el que señala que “En el primer periodo de Acuña al frente de la Municipalidad de Trujillo, se destinó una partida de 8 millones de soles para, entre otros fines, obtener apoyo político. Decenas de militantes de Alianza para el Progreso (APP) recibieron, cada uno y en persona, cientos de miles de soles que solicitaron a una partida de ‘subvenciones sociales’ del gobierno local” (La República, 9.12.15).

El Callao es, según diversos indicios, el principal puerto peruano de salida de la droga, sobre todo de cocaína. Los principales hallazgos en el extranjero de droga proveniente del Perú tienen como punto de salida este puerto. No es que por otros no se exporte droga en gran cantidad, pero el Callao ha pasado a ser el más importante: 80% de la que sale por vía marítima (El Comercio, 24.5.2015).

El Partido Popular Cristiano (PPC) está al borde de su –no deseable– extinción, ya sea por una ruptura entre las facciones en pugna o porque esta pugna lo dejará tan desgastado que sus electores lo abandonarán y no lo querrán ni sus potenciales aliados para las generales del 2016.

El atentado terrorista del Estado Islámico en París tiene un objetivo político: alentar en Europa una reacción conservadora, en los terrenos político, cultural y militar. No obstante, nada de lo ocurrido puede hacer olvidar las responsabilidades de Occidente —y de EE.UU. en particular— en el inicio y desarrollo de los actuales conflictos. Porque, sin duda, la inadecuada reacción estadounidense ante el ataque contra las Torres Gemelas (2001) aceleró la crisis que ahora se vive en Iraq y Siria.

La candidatura de César Acuña puede subir como también caerse de manera estrepitosa, y está claro que sobre él recaen serias interrogantes a propósito de cómo hizo su fortuna. Sin embargo, resulta contradictorio que El Comercio, en su nota editorial de ayer 12 de noviembre, le parezca escandaloso que la Universidad César Vallejo haya sido “de hecho una herramienta fundamental para hacer realidad las aspiraciones políticas de Acuña (…)”. ¿Y por qué es contradictorio? Porque El Comercio se ha opuesto sistemáticamente a cualquier regulación de las universidades con fines de lucro, para que florezcan gracias al libre mercado. Tal parece que ahora están descubriendo la cosecha de aquello que cultivaron durante los últimos años.

Alan García inauguró el viernes pasado su campaña electoral con un discurso que califica de levantisco. He aquí algunas de sus propuestas: reducir la pobreza al 10% para el 2021, crecimiento del producto bruto interno a un promedio anual del 6% (no dijo cómo), reducción de la desnutrición infantil a menos del 5% (tampoco dijo cómo), corrección del funcionamiento de las AFP y las tarjetas de crédito (“necesitan regulación de parte del Estado”, El Comercio, 31-10-2015). Además, propuso que el suelo y el subsuelo sean de las comunidades campesinas, como en Estados Unidos y Canadá; un canon comunal para saltarse la burocracia y beneficiar directamente a los campesinos; y la eliminación del régimen laboral de 24 x 24 en la Policía Nacional.

Al margen de los resultados sobre las investigaciones a Nadine Heredia y de las conclusiones sobre los ‘narcoindultos’ –así como del respectivo barullo mediático–, ¿quién está ganando puntos en el desmadre de cara a las elecciones?

Los adalides del conservadurismo insisten tercamente –y no dejarán de hacerlo– en que el mundo es cada vez mejor: hay menos pobres, las guerras solo son culpa de los extremistas. No obstante, un gran grupo financiero suizo –la “crema de la crema”–, el Credit Suisse, ha emitido un informe recogido por El País de España, que afirma que “El 1% más rico tiene tanto patrimonio como todo el resto del mundo” (14.10.15).

En Colombia, en los momentos cumbres del narcotráfico, se popularizó una forma de vida entre un sector de la juventud: vivir rápido e intensamente y utilizar cualquier método para conseguirlo, incluidos, por supuesto, los criminales. No les importaba si vivían pocos años; el propósito era “tener billete”, obtener éxito aunque resultara efímero. Dicho sea entre paréntesis, el escritor colombiano Fernando Vallejo publicó, hace unos años, una interesante novela sobre el tema: “La virgen de los sicarios”.

Cuando Keiko Fujimori salió a defender la participación de Petroperú en el Lote 192; cuando dijo que Tía María debe tomarse su tiempo; y cuando dijo que la CVR tuvo aspectos positivos, fue tildada de oportunista y electorera. Calificación aparte, vale la pena indagar sobre los porqués de su calculado giro.

Resulta perverso que tengan que haber cuatro muertos para que, recién entonces, se instale la mesa de diálogo conformada por los alcaldes de la provincia de Cotabambas y varios ministros, incluida la de Energía y Minas, ayer en Lima, y que se anuncie que una comisión de alto nivel llegará el 6 de octubre a Cotabambas para “iniciar la explicación del informe técnico […] que modifica el estudio de impacto ambiental del proyecto minero Las Bambas” (El Comercio, 1.10.2015). Esto, sobre todo tomando en cuenta que el primer paro de la población a propósito de los nuevos problemas fue en febrero, tal como recuerda Noticias SER.

El anuncio de que el Gobierno colombiano y las FARC han llegado a un acuerdo crucial sobre la creación de una “Jurisdicción Especial para la Paz” es decisivo. Para el largo curso de negociaciones en aras de conquistar la paz no es sino una excelente noticia.

El comunicado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no puede ser más claro: en lugar de reformar positivamente la ley de partidos, tal como lo proponen ambos organismos, en aras de garantizar la democracia interna e impedir o reducir el ingreso de “dinero ilegal” a las campañas electorales, el Congreso está a punto de hacer lo contrario, pues la Comisión de Constitución ha aprobado un dictamen bochornoso.

Las encuestas dicen desde hace años que para los peruanos el principal problema es la inseguridad producida por la delincuencia. Incluso no la gran delincuencia, sino la menuda, la del arranchón, la del cuadre en cualquier calle, la que entra a las casas para robarse lo que se pueda.

Europa está siendo presionada por una inmensa ola migratoria. Centenas de miles de personas, procedentes sobre todo de Siria, pero, además, de Kosovo, Afganistán, Eritrea, Serbia, Albania e Iraq buscan salvar sus vidas y las de sus familias. Huyen de la guerra y de la destrucción. Como antes, luego de las guerras mundiales, lo hicieron familias alemanas, italianas o francesas. Como en los años 30 del siglo XX, miles de españoles salieron a causa de la guerra civil. Como en los años 80, en el Perú, durante el “conflicto armado interno”, lo hicieron “600,000 personas [que] decidieron abandonar sus lugares de origen […] en el sector rural”, según recoge la OIM (“Desplazamientos internos en el Perú”, Lima, 2015).

Los peruanos que quieren más seguridad, es decir, la mayoría, difícilmente confiarán en políticos que no dejan de golpearse unos a otros, como queriendo confirmar lo que en la calle se dice de ellos: “todos son iguales”. Los enfrentamientos entre el Apra, el fujimorismo y el oficialismo alimentan la idea de que los políticos son y serán incapaces de controlar la delincuencia.

En el Perú, la palabra “terrorismo” se comenzó a usar en la década de los 80 para calificar las acciones de Sendero Luminoso, organización política armada que hizo uso sistemático del terror como arma contra sus adversarios y para amedrentar a la población.

Un informe del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), de México, titulado “El Chapo y los desaciertos de la estrategia de seguridad” (15.7.2015), señala que la sonada fuga del narcotraficante “acentúa la percepción negativa de un gobierno que ha sido señalado por corrupción, impunidad e incapacidad”; es decir, existiría una directa relación del incremento de la inseguridad –en especial, de la escandalosa actuación del narcotráfico– con la corrupción y la impunidad. Esta percepción, con diferencias en cada país, se ancla en la realidad no solo de México sino de gran parte de la región latinoamericana.

Dos agrupaciones de izquierda, el Frente Amplio (Tierra y Libertad, Sembrar y otros núcleos) y Únete (Partido Humanista, Ciudadanos por el Cambio, Fuerza Social…) han convocado a sendas elecciones primarias: las inscripciones de precandidatos se cierran en agosto. Si se les suma la precandidatura de Sergio Tejada (Bloque Nacional y fonavistas), el absurdo resultado, por más reuniones bilaterales que se produzcan, es que habrá por lo menos tres –suicidas– candidaturas de izquierda.

En los últimos años se ha hecho moneda corriente calificar de “populismo” toda medida que pretenda beneficiar aunque sea a solo un sector de los trabajadores. Se proclama, con ese calificativo, que son políticas demagógicas, que afectarían el crecimiento de la economía y, a la larga, a los mismos trabajadores.

¿Cómo subsiste, sin desparpajo, la soberbia pretensión de que el Perú está próximo a ser del primer mundo si el Estado no toma decisiones prácticas para evitar las muertes de menores por las heladas en el sur del país y el sector privado tampoco toma más iniciativa? Este año, hasta ayer 23 de julio, se había reportado la muerte de 129 menores, sobre todo en Puno, Ayacucho y Huancavelica (Canal N, 23.7.15).

La comisión parlamentaria que investiga a Martín Belaunde Lossio se ha convertido, en la práctica, en la “comisión Primera Dama”. Por lo menos mediáticamente, no hay duda: ya preso Belaunde, lo que diga o no ha pasado a ser un asunto judicial que no genera titulares. Nadine Heredia, por el contrario, llena páginas y pantallas sin cesar.

A menudo los políticos hablan, muy preocupados, sobre el riesgo que corre el país de convertirse en un narcoestado. Los medios de comunicación de vez en cuando centran su foco de atención en este grave problema. La ciudadanía considera que el narcotráfico es causa central de la inseguridad en el país. El sicariato tiene hoy una fuerza inusual; en el Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía se han dado reiteradas señales de su intromisión. Hay, además, varias denuncias sobre infiltración del narcotráfico en la política peruana, nacional regional y local; y sin duda, el narcotráfico es el principal origen del lavado de dinero en el país.

Si la situación sigue como está, los resultados electorales del 2016 serán catastróficos para las tendencias de izquierda. El triunfo de cualquiera de los hoy punteros en las encuestas –Fujimori, Kuczynski y García, cada uno con su historia y con un mayor o menor énfasis autoritario– equivale a la consolidación del modelo económico y del régimen político conservador. El triunfo de la derecha sería total, como en ningún otro país de América del Sur. Aunque parezca broma, muchos izquierdistas recordarán con melancolía algunos gestos del gobierno de Ollanta Humala, a ciertos ministros y una que otra iniciativa política del régimen actual.

Refiriéndose al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), Joseph Stiglitz, premio Nobel que alguna credibilidad debe tener entre los funcionarios del MEF, ha dicho que “tal vez la parte más odiosa –más deshonesta– de estos acuerdos sea la concerniente a la protección de los inversores”.

El Perú urbano le hace sombra al Perú rural. Una sombra tan densa que lo desaparece del mapa: solo llegan a la capital del país noticias de la agroindustria, sobre todo de las regiones costeñas que producen para la exportación. De los más de 3 millones de personas ocupadas en la producción familiar agropecuaria no se dice nada. Para muchos representan el atraso, el Perú no moderno, que tantos quieren olvidar o desaparecer. No se reconoce su cambio permanente ni la riqueza de sus conexiones ni su vínculo con otros sectores laborales. Ni las ciencias sociales se preocupan de ellas. Incluso la izquierda les pone el foco solo cuando se ven involucradas en disputas, pero no a propósito de sus demandas agropecuarias, sino de sus protestas contra la minería u otra explotación extractiva.

Recambio generacional. Así se resumen los consejos de Steven Levitsky (La República, 4.6.15) y Alberto Vergara (Perú21, 4.6.15) para relanzar la izquierda. Una versión siglo XXI de “los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra” de Manuel González Prada y una modalidad a la peruana de la propuesta de Albert Rivera, el líder del movimiento de centroderecha español Ciudadanos: los mayores de 38, a jubilarse de la política.

Durante semanas se tejieron mil historias sobre cómo los presidentes Evo Morales y Ollanta Humala habían urdido un cuento para permitir el ingreso de Martín Belaunde Lossio a Bolivia, protegerlo e impedir que desparramara acusaciones contra su antiguo amigo y ex asesorado, el presidente del Perú.

Gran parte del sur urbano, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco y Ayacucho, paró el miércoles y el jueves, con mayor o menor intensidad, contra el proyecto minero Tía María.

En los últimos días, y no seguramente por casualidad, dos noticias han sacudido el siempre sobreprotegido mundo de las finanzas globales. La primera se refiere a la filtración de un documento reservado del Foro Económico Mundial, en el que se asegura que los grandes bancos, preocupados por el riesgo de una crisis, proponen formas más firmes de regulación mediante “políticas macroprudenciales”, porque se trata de “limitar los riesgos sistémicos”. Están preocupados por el sistema y por cómo una práctica negligente de algunos de sus principales jugadores puede traer riesgos globales (El País, 17.5.2015).

Faltan 8 meses para que se inscriban las planchas presidenciales (enero, 2016) y no hay forma de que algún sector de la izquierda se convierta en representante “orgánico” de los movimientos sociales. Por el tiempo –breve– y porque ninguno representa políticamente a un movimiento social. ¿Al movimiento que se opone a la minería, dijo alguien? Tal vez, pero ¿es este un movimiento nacional organizado? ¿O son protestas de ámbito local o regional, lideradas por caudillos ídem? Por otro lado, son movimientos críticos al gobierno y al Estado, pero no necesariamente son de izquierda, e incluso quizá muchos voten por Keiko Fujimori; ¿por qué no? El Perú no está ante un escenario Bolivia pre-Evo Morales ni nada por el estilo.

El grado de intensificación del conflicto en el valle de Tambo está llegando al punto en el que el gobierno puede dictaminar el estado de emergencia. La violencia del Estado ha generado la muerte de dos agricultores y decenas de heridos. Simultáneamente, por obra de pequeños grupos violentistas, también hay decenas de policías heridos.

Hace unos días, el diario La República publicó una encuesta de GFK que preguntaba: “¿Con cuál de estas dos opciones se siente usted más cercano con relación a los conflictos en el proyecto Tía María?”: 1. “Los pobladores tienen razón, el proyecto va a contaminar y las acciones que plantea la minera para evitar eso no son suficientes”, o 2. “La minera tiene razón. Ya ha presentado un plan que asegura la solución y elimina los riesgos de contaminación en la zona”.

El caso de Gerald Oropeza tiene que ver con la eficacia del Estado; en particular, con la administración de justicia para actuar con prontitud ante presuntas conductas ilícitas. Queda claro que no se puede acusar a nadie sin que medie una condena del Poder Judicial, pero cuando, por ejemplo, hay indicios de lavado de activos, la Fiscalía y el Poder Judicial podrían actuar con mucha mayor celeridad si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una entidad anexa a la Superintendencia de Banca y Seguros, tuviera la facultad de levantar el secreto bancario de quienes ejecutan transferencias sospechosas.

La reciente declaración del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, llamando al Poder Judicial y a la Fiscalía de la Nación a aplicar la Constitución y la ley en Islay, pues “no podemos permitir que grupos de violentos vengan a impedir el desarrollo”, es un portazo en la cara a los suscriptores del pronunciamiento que a inicios de la semana firmaran el alcalde provincial de Islay y los alcaldes de los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón.

La sombra del proyecto Conga se cierne sobre Tía María, donde en el 2011 ya murieron tres personas en enfrentamientos. Los actores –Estado, empresa y líderes opositores al proyecto– actúan repitiendo conductas conocidas, sin que nadie tome alguna decisión audaz que modifique el actual curso de colisión. Ayer, el paro en la provincia de Islay llegó a su día 17, y en Arequipa los gremios se movilizaron en apoyo a la protesta. Mientras tanto, la fiscal de Islay pidió la detención del presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo y del alcalde del distrito de Deán Valdivia.

El inusual bloque parlamentario que se constituyó para darle pase a la censura expresó objetivos muy diversos, además de las justas críticas por los ilegales manejos de la DINI. Sin embargo, la actuación de la mayoría de las fuerzas políticas frente a la censura de la ex premier Ana Jara indica que la campaña electoral viene adelantada, y con fuerza.

Si bien no todos los medios han informado sobre el grave incidente sucedido el miércoles 25 en la azucarera Andahuasi, cerca de Huacho, apenas a 140 kilómetros al norte de Lima; y aunque las informaciones difieren algo entre sí, todo indica que hay sectores empresariales que piensan que en determinadas ocasiones se puede –¿se debe?– actuar al margen del Poder Judicial y de la ley. Es probable que se amparen en consideraciones sobre la lentitud de la administración de justicia, la supuesta o real corrupción en el sector o cualquier otra desconocida razón.

La reciente encuesta nacional de Ipsos Perú (Perú-urbano, marzo del 2015), publicada por el diario El Comercio, trae un detalle del que se ha dicho poco: el elevado porcentaje de encuestados que declaran no estar informados sobre temas que han merecido una alta cobertura mediática.

La OCDE, el BID y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias acaban de presentar un informe sobre la situación tributaria de los países de América Latina y el Caribe. El porcentaje general promedio de recaudación sigue siendo preocupante: 21.3% en el 2013, es decir, un escaso crecimiento de 0.1%, con relación al 2012 (21.2%); incluso si se toma como referencia el 2009, el crecimiento sigue siendo bajo: de 19.5% a 21.3%.

José Mujica no tiene aires histriónicos ni hace alardes de “voluntad política”, característica tan exigida por algunas izquierdas, pero que suele acabar siendo sinónimo de voluntarismo y caudillismo. No es nacionalista a ultranza ni enarbola radicales discursos antiimperialistas. Es un reformista, un demócrata que impulsa la transformación modernizadora de su país respetando la autonomía institucional y buscando el apoyo activo de amplios sectores.