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LA PORTADA DE HOY

¡Qué piña!

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Columna Santiago Pedraglio

Europa está siendo presionada por una inmensa ola migratoria. Centenas de miles de personas, procedentes sobre todo de Siria, pero, además, de Kosovo, Afganistán, Eritrea, Serbia, Albania e Iraq buscan salvar sus vidas y las de sus familias. Huyen de la guerra y de la destrucción. Como antes, luego de las guerras mundiales, lo hicieron familias alemanas, italianas o francesas. Como en los años 30 del siglo XX, miles de españoles salieron a causa de la guerra civil. Como en los años 80, en el Perú, durante el “conflicto armado interno”, lo hicieron “600,000 personas [que] decidieron abandonar sus lugares de origen […] en el sector rural”, según recoge la OIM (“Desplazamientos internos en el Perú”, Lima, 2015).

Los peruanos que quieren más seguridad, es decir, la mayoría, difícilmente confiarán en políticos que no dejan de golpearse unos a otros, como queriendo confirmar lo que en la calle se dice de ellos: “todos son iguales”. Los enfrentamientos entre el Apra, el fujimorismo y el oficialismo alimentan la idea de que los políticos son y serán incapaces de controlar la delincuencia.

En el Perú, la palabra “terrorismo” se comenzó a usar en la década de los 80 para calificar las acciones de Sendero Luminoso, organización política armada que hizo uso sistemático del terror como arma contra sus adversarios y para amedrentar a la población.

Un informe del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), de México, titulado “El Chapo y los desaciertos de la estrategia de seguridad” (15.7.2015), señala que la sonada fuga del narcotraficante “acentúa la percepción negativa de un gobierno que ha sido señalado por corrupción, impunidad e incapacidad”; es decir, existiría una directa relación del incremento de la inseguridad –en especial, de la escandalosa actuación del narcotráfico– con la corrupción y la impunidad. Esta percepción, con diferencias en cada país, se ancla en la realidad no solo de México sino de gran parte de la región latinoamericana.

Dos agrupaciones de izquierda, el Frente Amplio (Tierra y Libertad, Sembrar y otros núcleos) y Únete (Partido Humanista, Ciudadanos por el Cambio, Fuerza Social…) han convocado a sendas elecciones primarias: las inscripciones de precandidatos se cierran en agosto. Si se les suma la precandidatura de Sergio Tejada (Bloque Nacional y fonavistas), el absurdo resultado, por más reuniones bilaterales que se produzcan, es que habrá por lo menos tres –suicidas– candidaturas de izquierda.

En los últimos años se ha hecho moneda corriente calificar de “populismo” toda medida que pretenda beneficiar aunque sea a solo un sector de los trabajadores. Se proclama, con ese calificativo, que son políticas demagógicas, que afectarían el crecimiento de la economía y, a la larga, a los mismos trabajadores.

¿Cómo subsiste, sin desparpajo, la soberbia pretensión de que el Perú está próximo a ser del primer mundo si el Estado no toma decisiones prácticas para evitar las muertes de menores por las heladas en el sur del país y el sector privado tampoco toma más iniciativa? Este año, hasta ayer 23 de julio, se había reportado la muerte de 129 menores, sobre todo en Puno, Ayacucho y Huancavelica (Canal N, 23.7.15).

La comisión parlamentaria que investiga a Martín Belaunde Lossio se ha convertido, en la práctica, en la “comisión Primera Dama”. Por lo menos mediáticamente, no hay duda: ya preso Belaunde, lo que diga o no ha pasado a ser un asunto judicial que no genera titulares. Nadine Heredia, por el contrario, llena páginas y pantallas sin cesar.

A menudo los políticos hablan, muy preocupados, sobre el riesgo que corre el país de convertirse en un narcoestado. Los medios de comunicación de vez en cuando centran su foco de atención en este grave problema. La ciudadanía considera que el narcotráfico es causa central de la inseguridad en el país. El sicariato tiene hoy una fuerza inusual; en el Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía se han dado reiteradas señales de su intromisión. Hay, además, varias denuncias sobre infiltración del narcotráfico en la política peruana, nacional regional y local; y sin duda, el narcotráfico es el principal origen del lavado de dinero en el país.

Si la situación sigue como está, los resultados electorales del 2016 serán catastróficos para las tendencias de izquierda. El triunfo de cualquiera de los hoy punteros en las encuestas –Fujimori, Kuczynski y García, cada uno con su historia y con un mayor o menor énfasis autoritario– equivale a la consolidación del modelo económico y del régimen político conservador. El triunfo de la derecha sería total, como en ningún otro país de América del Sur. Aunque parezca broma, muchos izquierdistas recordarán con melancolía algunos gestos del gobierno de Ollanta Humala, a ciertos ministros y una que otra iniciativa política del régimen actual.

Refiriéndose al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), Joseph Stiglitz, premio Nobel que alguna credibilidad debe tener entre los funcionarios del MEF, ha dicho que “tal vez la parte más odiosa –más deshonesta– de estos acuerdos sea la concerniente a la protección de los inversores”.

El Perú urbano le hace sombra al Perú rural. Una sombra tan densa que lo desaparece del mapa: solo llegan a la capital del país noticias de la agroindustria, sobre todo de las regiones costeñas que producen para la exportación. De los más de 3 millones de personas ocupadas en la producción familiar agropecuaria no se dice nada. Para muchos representan el atraso, el Perú no moderno, que tantos quieren olvidar o desaparecer. No se reconoce su cambio permanente ni la riqueza de sus conexiones ni su vínculo con otros sectores laborales. Ni las ciencias sociales se preocupan de ellas. Incluso la izquierda les pone el foco solo cuando se ven involucradas en disputas, pero no a propósito de sus demandas agropecuarias, sino de sus protestas contra la minería u otra explotación extractiva.

Recambio generacional. Así se resumen los consejos de Steven Levitsky (La República, 4.6.15) y Alberto Vergara (Perú21, 4.6.15) para relanzar la izquierda. Una versión siglo XXI de “los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra” de Manuel González Prada y una modalidad a la peruana de la propuesta de Albert Rivera, el líder del movimiento de centroderecha español Ciudadanos: los mayores de 38, a jubilarse de la política.

Durante semanas se tejieron mil historias sobre cómo los presidentes Evo Morales y Ollanta Humala habían urdido un cuento para permitir el ingreso de Martín Belaunde Lossio a Bolivia, protegerlo e impedir que desparramara acusaciones contra su antiguo amigo y ex asesorado, el presidente del Perú.

Gran parte del sur urbano, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco y Ayacucho, paró el miércoles y el jueves, con mayor o menor intensidad, contra el proyecto minero Tía María.

En los últimos días, y no seguramente por casualidad, dos noticias han sacudido el siempre sobreprotegido mundo de las finanzas globales. La primera se refiere a la filtración de un documento reservado del Foro Económico Mundial, en el que se asegura que los grandes bancos, preocupados por el riesgo de una crisis, proponen formas más firmes de regulación mediante “políticas macroprudenciales”, porque se trata de “limitar los riesgos sistémicos”. Están preocupados por el sistema y por cómo una práctica negligente de algunos de sus principales jugadores puede traer riesgos globales (El País, 17.5.2015).

Faltan 8 meses para que se inscriban las planchas presidenciales (enero, 2016) y no hay forma de que algún sector de la izquierda se convierta en representante “orgánico” de los movimientos sociales. Por el tiempo –breve– y porque ninguno representa políticamente a un movimiento social. ¿Al movimiento que se opone a la minería, dijo alguien? Tal vez, pero ¿es este un movimiento nacional organizado? ¿O son protestas de ámbito local o regional, lideradas por caudillos ídem? Por otro lado, son movimientos críticos al gobierno y al Estado, pero no necesariamente son de izquierda, e incluso quizá muchos voten por Keiko Fujimori; ¿por qué no? El Perú no está ante un escenario Bolivia pre-Evo Morales ni nada por el estilo.

El grado de intensificación del conflicto en el valle de Tambo está llegando al punto en el que el gobierno puede dictaminar el estado de emergencia. La violencia del Estado ha generado la muerte de dos agricultores y decenas de heridos. Simultáneamente, por obra de pequeños grupos violentistas, también hay decenas de policías heridos.

Hace unos días, el diario La República publicó una encuesta de GFK que preguntaba: “¿Con cuál de estas dos opciones se siente usted más cercano con relación a los conflictos en el proyecto Tía María?”: 1. “Los pobladores tienen razón, el proyecto va a contaminar y las acciones que plantea la minera para evitar eso no son suficientes”, o 2. “La minera tiene razón. Ya ha presentado un plan que asegura la solución y elimina los riesgos de contaminación en la zona”.

El caso de Gerald Oropeza tiene que ver con la eficacia del Estado; en particular, con la administración de justicia para actuar con prontitud ante presuntas conductas ilícitas. Queda claro que no se puede acusar a nadie sin que medie una condena del Poder Judicial, pero cuando, por ejemplo, hay indicios de lavado de activos, la Fiscalía y el Poder Judicial podrían actuar con mucha mayor celeridad si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una entidad anexa a la Superintendencia de Banca y Seguros, tuviera la facultad de levantar el secreto bancario de quienes ejecutan transferencias sospechosas.

La reciente declaración del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, llamando al Poder Judicial y a la Fiscalía de la Nación a aplicar la Constitución y la ley en Islay, pues “no podemos permitir que grupos de violentos vengan a impedir el desarrollo”, es un portazo en la cara a los suscriptores del pronunciamiento que a inicios de la semana firmaran el alcalde provincial de Islay y los alcaldes de los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón.

La sombra del proyecto Conga se cierne sobre Tía María, donde en el 2011 ya murieron tres personas en enfrentamientos. Los actores –Estado, empresa y líderes opositores al proyecto– actúan repitiendo conductas conocidas, sin que nadie tome alguna decisión audaz que modifique el actual curso de colisión. Ayer, el paro en la provincia de Islay llegó a su día 17, y en Arequipa los gremios se movilizaron en apoyo a la protesta. Mientras tanto, la fiscal de Islay pidió la detención del presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo y del alcalde del distrito de Deán Valdivia.

El inusual bloque parlamentario que se constituyó para darle pase a la censura expresó objetivos muy diversos, además de las justas críticas por los ilegales manejos de la DINI. Sin embargo, la actuación de la mayoría de las fuerzas políticas frente a la censura de la ex premier Ana Jara indica que la campaña electoral viene adelantada, y con fuerza.

Si bien no todos los medios han informado sobre el grave incidente sucedido el miércoles 25 en la azucarera Andahuasi, cerca de Huacho, apenas a 140 kilómetros al norte de Lima; y aunque las informaciones difieren algo entre sí, todo indica que hay sectores empresariales que piensan que en determinadas ocasiones se puede –¿se debe?– actuar al margen del Poder Judicial y de la ley. Es probable que se amparen en consideraciones sobre la lentitud de la administración de justicia, la supuesta o real corrupción en el sector o cualquier otra desconocida razón.

La reciente encuesta nacional de Ipsos Perú (Perú-urbano, marzo del 2015), publicada por el diario El Comercio, trae un detalle del que se ha dicho poco: el elevado porcentaje de encuestados que declaran no estar informados sobre temas que han merecido una alta cobertura mediática.

La OCDE, el BID y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias acaban de presentar un informe sobre la situación tributaria de los países de América Latina y el Caribe. El porcentaje general promedio de recaudación sigue siendo preocupante: 21.3% en el 2013, es decir, un escaso crecimiento de 0.1%, con relación al 2012 (21.2%); incluso si se toma como referencia el 2009, el crecimiento sigue siendo bajo: de 19.5% a 21.3%.

José Mujica no tiene aires histriónicos ni hace alardes de “voluntad política”, característica tan exigida por algunas izquierdas, pero que suele acabar siendo sinónimo de voluntarismo y caudillismo. No es nacionalista a ultranza ni enarbola radicales discursos antiimperialistas. Es un reformista, un demócrata que impulsa la transformación modernizadora de su país respetando la autonomía institucional y buscando el apoyo activo de amplios sectores.

La Unidad de Medición de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación dio a conocer importantes avances obtenidos por los estudiantes del país.

El ex ministro del Interior Daniel Urresti haciendo uso de los 140 caracteres del Twitter, se ha convertido en un personaje central de la política peruana. Sus breves mensajes apuntan contra rivales políticos, con desfachatez y, a menudo, con agresividad. ¿Tuitea sobre seguridad, salud, educación? No, su manera de hacer política no aborda asuntos aburridos.

Andoas se encuentra en la provincia de Datem del Marañón (Loreto), que tiene una larga historia de producción petrolera. Allí, el actual conflicto se arrastra desde hace varios años. El 19 de abril del 2010, con el título “Conflicto asoma en Andoas”, el diario La República informaba que dirigentes nativos y apus de la provincia habían llegado a Lima para advertir que “de no ser escuchados volverán a tomar el aeropuerto de Pluspetrol como ocurrió en el año 2008”.

La escena oficial –los eternos intercambios de golpes entre los políticos– esconde tanto la indignación y la frustración como una desafección radical con las instituciones de la democracia liberal y la legalidad.

¿Por qué miles de jóvenes sin empleo salieron a las calles contra la ‘ley Pulpín’, la criatura del MEF? ¿Por qué protestaron los que están fuera del mercado laboral formal? ¿Por qué reclaman por algo que nadie les puede quitar, puesto que, según el pragmático pensamiento en boga, no tienen nada? Sus letreros y consignas ayudan a entenderlo: “El poder nos teme porque la causa es justa. No a la esclavitud”, “La lucha será larga porque los derechos no se negocian”, “Cuando la ley es injusta, lo correcto es rebelarse”, “Soy cholo pero no barato”. Les indigna que les arranquen derechos debido al solo hecho de no poder ejercerlos.

Luego del aplastante triunfo de los republicanos en las elecciones legislativas de noviembre del 2014, lo que les permite controlar ambas cámaras con una clara mayoría, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, parecía herido de muerte. Se afirma que en la campaña varios candidatos demócratas no querían aparecer fotografiados con el presidente. No obstante, el 2015 comenzó con un golpe político y mediático: el descongelamiento de las relaciones con Cuba.

Desde hace más de dos décadas, el país tiene un nuevo tipo de conductores que se dicen “independientes”, ajenos a lo que viene de todos y cada uno de los partidos. Son los tecnócratas, señoras y señores encargados de manejar la economía, profesionales asépticos, formados en universidades norteamericanas o inglesas y, luego, en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional u otra multilateral.

A fines del 2013, la redacción de Charlie Hebdo publicó en el diario Le Monde un artículo que define su identidad. Luego del asesinato cometido por un comando terrorista, hoy lo mejor es escucharlos directamente, sobre todo cuando el islamismo radical y, por efecto de rebote, la extrema derecha quieren aprovechar la tragedia para socavar la libertad y la pluralidad, bases de la democracia:

1. ¿Cómo se explica que el presidente de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia, César Siles, afirme (El Comercio, 1.1.2015) que consultó con Interpol en La Paz si existía orden de captura internacional contra Martín Belaunde Lossio y que le respondieron que no, mientras que el ministro del Interior del Perú, Daniel Urresti, sostiene que la orden de captura internacional, existiera o no, carece de validez en Bolivia si no ha sido emitida por un juez de este país (Perú21, 1, 1, 2015)?

26/12/14 |

La bota del MEF

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No es verdad que la ley de promoción del empleo juvenil “beneficie” solo al sector escasamente calificado de los jóvenes, pues su texto incluye a los que tienen educación superior completa. Tampoco es cierto que beneficie solo a las micro y pequeñas empresas; el texto tampoco hace diferenciación en este sentido.

La decisión del gobierno estadounidense de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba será objeto de una fuerte oposición del Partido Republicano y de otros importantes sectores de la sociedad norteamericana, sobre todo del vinculado con la migración cubana. Al margen de esto, es evidente que, luego de la grave derrota que sufriera en las recientes elecciones legislativas, el presidente Barack Obama ha logrado, con esta audaz decisión y con las recientes medidas migratorias, volver a colocarse en el centro de la política estadounidense.

Hace pocos días, concluyó la elección de autoridades regionales, y en año y medio habrá comicios presidenciales y parlamentarios. Mientras tanto, desde diciembre del 2013, el JNE, la ONPE y el Reniec vienen presentando proyectos de ley para que las elecciones sean más transparentes. El Congreso, sin embargo, no ha resuelto nada al respecto.

En el Perú, se ha destapado una ola de denuncias de corrupción con características que vale la pena precisar: en algunos casos, son economía ilegal pura y dura; en otros, hay una relación activa entre economía ilegal y legal; existen también redes de corrupción que se organizan desde y en el Estado; y, finalmente, redes que se constituyen al margen de este, pero que tienen la intención de capturar alguno de sus sectores.

En Chile, el crecimiento económico de las últimas décadas ha sido sostenido. Se presenta como modelo de aplicación del neoliberalismo en América Latina. A menudo se olvida, sin embargo, que no en vano Chile alberga una sólida tradición de institucionalidad republicana.

Si no hay una seria voluntad de reforma, la actual institucionalidad peruana –el régimen democrático, los partidos políticos, el Gobierno Central (en particular los órganos de control), los gobiernos regionales, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional– no soportará la presión de la economía ilegal y de sus cada vez más potentes organizaciones criminales.

La detención de Rodolfo Orellana es un golpe positivo de la Policía, al margen de las especulaciones sobre la posibilidad de que sea una cortina para desviar la atención sobre el caso de Martín Belaunde.

La crisis europea ya no es solo económica. Hace rato que también es política, tal como se expresa en el descrédito de algunos de sus principales partidos; pero es, además y crecientemente, institucional, porque los ciudadanos sienten que la corrupción se filtra por todos los poros del Estado. El caso más dramático –y más cercano, por los lazos históricos– es España.

Tres triunfos electorales le han puesto pimienta al ambiente latinoamericano en las últimas semanas: los de Dilma Rousseff, Evo Morales y Tabaré Vázquez. Este último obtuvo mayoría parlamentaria, e irá a un balotaje con posible victoria. Rousseff ganó en segunda (51%); y Morales, en primera con holgura (60%).

Un informe de María Amparo Cruz-Saco, Juan Mendoza y Bruno Seminario, publicado por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, llama a debatir sobre el sistema previsional vigente en el Perú.

Otra vez, para un sector muy importante de los empresarios no hay más forma (significativa) de ganar competitividad que reducir los derechos de los trabajadores. Además, sostienen que con esto se reducirá la informalidad.

Santiago Pedraglio,Opina.21 Las elecciones municipales y regionales apelan a valoraciones relacionadas con lo que cada cual quiere para su distrito o su región. Al no haber partidos políticos de arraigo nacional, el voto está alejado de consideraciones ideológicas. El Partido Nacionalista no presentó candidatos; y el Apra, muy pocos, calculando no ‘quemarse’ para el 2016.

06/10/14 |

Lima y regiones

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Santiago Pedraglio,Opina.21 Este comentario se basa en los resultados a boca de urna de Ipsos Perú; es decir, pueden variar. En Lima, con Luis Castañeda, gana una opción por la mantención del statu quo y de clara crítica a la gestión de Susana Villarán. Solidaridad Nacional posiblemente obtenga la alcaldía de nueve distritos de Lima; en gobiernos regionales no existe.

Santiago Pedraglio,Opina.21 Las encuestas indican que Luis Castañeda ganará las próximas elecciones municipales en Lima, y que Susana Villarán quedará en segundo lugar. Esto último, a pesar de la descarga en su contra, especialmente dura en las últimas semanas, cuyo propósito no es otro que desplazarla al tercer puesto.