La falta de institucionalidad política en el país hace que, para obtener visibilidad, los líderes políticos principales –que no están en el Congreso–, vivan haciendo campaña electoral; esto es, haciendo gestos, blandiendo amenazas y disparando opiniones sobre cada situación de coyuntura, todo para lograr titulares, y haciendo que la agenda ignore asuntos importantes: Kepashiato ya no existe, las decisiones sobre la consulta previa a las comunidades es noticia de segunda, etc.
Harto tiempo ha pasado desde que la última izquierda unida y masivamente organizada se dejó sentir en una votación nacional.
El debate que suscitó el interés del gobierno del presidente Ollanta Humala por los activos puestos en venta por Repsol ha terminado por poner sobre el tapete la importancia de fortalecer Petroperú.
A propósito del interés del gobierno por comprar La Pampilla y los grifos de Repsol, se ha desatado una ola de críticas acusándolo de revivir el fantasma de La Gran Transformación y de estar a punto de hacer uso arbitrario de recursos públicos.
Como era previsible, la muerte del caudillo Hugo Chávez y la consiguiente e inmediata elección para reemplazarlo en la presidencia causaron una eclosión en una Venezuela extremadamente polarizada.
¿Cuál fue la reacción inicial del expresidente Alan García para descalificar la denuncia sobre su mal uso de la facultad presidencial para indultar y conmutar penas? Apuntar contra Palacio de Gobierno.
El expresidente Alan García ha respondido a la denuncia sobre sus regalones indultos y conmutaciones de pena (más de cinco mil) disparando contra el presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia.
La Defensoría del Pueblo acaba de entregar un oficio para solicitar a la Presidencia del Consejo de Ministros que efectúe la consulta previa en la comunidad de Cañaris respecto al proyecto minero Cañariaco.
La fallida revocatoria a Susana Villarán confirma la actual existencia de dos grandes corrientes políticas.
Gane o pierda Susana Villarán en el proceso de revocatoria, se ha constituido un efectivo bloque político democrático que va desde el centro-izquierda hasta el centro-derecha, con agrupaciones como Fuerza Social, el PPC, Perú Posible, Acción Popular, Somos Perú y las bases nacionalistas.
A los políticos peruanos que les gusta mirar solo el crecimiento del PBI les encanta compararse con Chile y sacan pecho –con cierta razón– porque el PBI peruano ha superado o va a superar al chileno.
Según informa un artículo de Moisés Naim, publicado en El País el 15 de diciembre último, América Latina es el continente con el mayor número de asesinatos del mundo: el 42%, “aunque ahí vive tan solo el 8% de la humanidad”.
La creciente reducción de la brecha entre el Sí y el No en el proceso de consulta sobre la revocatoria ha tenido dos efectos principales: por un lado, que algunos de sus promotores clandestinos –como Luis Castañeda Lossio y otros militantes de su partido– se estén viendo obligados a comprometerse públicamente con su posición; y, por otro, una tendencia a “ensuciar” la campaña con incidentes como el promovido frente al edificio de Jesús María donde vive la alcaldesa de Lima, Susana Villarán (y que, lejos de condenarlo por su tono agresivo e invasivo, varios medios han pasado por alto sosteniendo que se trató de una trifulca entre contendientes).
En comparación con los resultados del último sondeo difundido por Datum acerca del Sí y del No en la consulta sobre la revocatoria, la reciente encuesta de CPI recoge una diferencia algo mayor a favor del Sí.
La campaña del No –mediática, publicitaria y “boca a boca”– recién ha comenzado. Los paneles con el NO han sido un detonante ordenador que avanza por calles y redes sociales.
Después de la reunión del premier Juan Jiménez con el presidente de la región Cajamarca, Gregorio Santos, el congresista Juan Carlos Eguren (PPC) lanzó un descaminado y ofensivo tuiter que Perú.21 reprodujo (30.1.2013): “El premier es un calzonudo, sin personalidad, sin autoridad, y se deja mecer por Gregorio Santos”.
Hace unos días, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, afirmó que “el conflicto minero va a ser permanente, por eso la necesidad de crear estos frentes policiales con la finalidad de garantizar la actividad de los ciudadanos, la inversión minera y, también, la protesta pacífica, porque es lícita una protesta” (La República, 24-1-2013).
El Apra decidió ingresar de pico y patas a la campaña pro revocatoria de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. El acuerdo lo tomó como partido, con sus bases distritales de Lima y, sobre todo, con su dirección política nacional; por lo tanto, no tienen cómo sacar del rollo al expresidente Alan García.
La decisión del presidente de la Asamblea Legislativa de Venezuela, Diosdado Cabello, de no asumir la Presidencia el 10 de enero, fecha fijada para la juramentación del nuevo mandato del presidente Hugo Chávez, ni convocar a elecciones, como lo señala la Constitución de ese país, es la primera gran señal, en medio de una fuerte incertidumbre, de que se ha iniciado el poschavismo.
La ciudad está a casi dos meses de decidir si su alcaldesa, Susana Villarán, permanece o no en el cargo. Pero no hay que perder de vista que el propósito de la revocatoria es traerse abajo no solo a la alcaldesa y a los regidores de Fuerza Social (21), sino también a todos los otros, incluidos los del Partido Popular Cristiano (14), segunda fuerza en la estrechísima votación municipal metropolitana del año 2010.
El 2012, visto desde el ángulo macroeconómico, ha sido un éxito para el Perú. Con una Europa con países semiquebrados, EE.UU. recuperándose a cuentagotas y China creciendo menos que las últimas décadas, el Perú se da el lujo de incrementar su PBI más de 6%.
Vale la pena tratar de detenerse en un dato del último censo agropecuario dado a conocer por el INEI: en los últimos 18 años, el número de unidades agropecuarias creció en 30%.
Hoy concluye la etapa oral del juicio por la controversia marítima entre el Perú y Chile en la Corte Internacional de Justicia.
Según el informe ‘Cultura política de la democracia en el Perú, 2012. Hacia la igualdad de oportunidades’, que implica a 26 países de América, los peruanos son quienes más perciben a su país como inseguro.
El gobierno de Juan Manuel Santos está en todo su derecho de discrepar del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el diferendo de Colombia con Nicaragua, pero no puede desacatarlo.
El Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico acaba de publicar el libro La discriminación en el Perú: balance y desafíos, editado por Cynthia Sanborn.
Hay la idea –creada por sectores del gobierno nacional y por algunos medios de comunicación– de que los gobiernos regionales y locales no tienen capacidad de gasto.
‘Levantar’ al Movadef, como se está haciendo, implica que los demás puntos de la agenda del país, políticos y económicos, pasen a segundo o tercer plano.
Para asumir a plenitud el reto de la revocatoria, la alcaldesa Villarán y su equipo tendrán que olvidar el controversial proceso de verificación de firmas y dejar de señalar las dificultades del breve plazo marcado para su realización.
La muerte de Kenji Castro Velita, a causa de una bala en el abdomen, según informó el hospital Dos de Mayo, es muy triste y lamentable. Son condenables también la violencia contra los policías, el caos y los saqueos.
Un provocador artículo de Ricardo Soberón (Noticias SER, 26-6-2012) indica que dos provincias de Puno están siendo receptoras de una potente migración promovida por la explotación artesanal del oro y por la creciente producción de hoja de coca.
Aunque la ficha técnica no precisa con exactitud quiénes respondieron el cuestionario de la Encuesta del Poder elaborada por Ipsos Apoyo para la revista Perú Económico (aplicada del 8 al 22 de agosto del 2012), es posible deducir que la mayoría vive en Lima.
Un reciente artículo de Lucía Alvites publicado en Otra Mirada el 10 de setiembre último, titulado “Más crecemos, más nos vamos”, apunta contra la mitificación del crecimiento económico.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha tomado una decisión que, en palabras del expresidente César Gaviria, es “audaz, oportuna y necesaria”: convocar a una solución negociada después de más de 50 años de conflicto armado interno.
El proyecto sobre el ‘negacionismo’ del Ejecutivo pretende que los peruanos no discutan ni cuestionen públicamente (aprobando, justificando, negando o minimizando) “los delitos cometidos por integrantes de organizaciones terroristas” que cuenten con una sentencia judicial firme.
La última encuesta de Ipsos-Apoyo no deja dudas sobre qué opina la población de Cajamarca acerca del proyecto Conga y la minería en general.
De concretarse la reunión de hoy convocada por los facilitadores en el conflicto Conga, los sacerdotes Miguel Cabrejos y Gastón Garatea, puede ser un paso en el camino de la recuperación de la pizca de confianza imprescindible para iniciar un diálogo entre los implicados: Gobierno Nacional, Gobierno Regional de Cajamarca y amplios sectores de esa región, y empresa minera.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP anunció que a partir de octubre, y como parte de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Transparencia a favor de los usuarios del sistema financiero, se prohibirá a los bancos cuatro cobros que afectan a sus clientes, de un total de 18 suprimidos durante los últimos dos años.
Una de las atribuciones centrales del Congreso de la República, si no la principal, es fiscalizar y, por lo tanto, interpelar y censurar a los ministros.
Más gasto público (sueldos y servicios), más Estado (con protagonismo de Petroperú) y menos conflictos sociales.
Mucho se critica a Patria Roja su accionar en el Sutep, y se busca responsabilizarla de casi todos los males de la educación primaria y secundaria.
Las expectativas en relación con el 28 de julio están bastante elevadas; sobre todo, crea interrogantes el reajuste ministerial.
El diario Perú21 ‘levanta’ los resultados de la última encuesta de Datum subrayando que el 43% de los encuestados “cree que el Gobierno actúa con mano blanda” frente a los conflictos sociales, y que el 62% “respalda el estado de emergencia”.
Se da casi como un hecho, en torno al próximo 28 de julio, que el presidente Ollanta Humala tomará la decisión de cambiar a su premier Óscar Valdés, dado su desgaste y las lamentables muertes ocurridas en su gestión.
El proyecto de ley que plantea añadir causales de vacancia a las más altas autoridades regionales tiene como propósito evidente extirpar las adhesiones de estas autoridades a las demandas de su población contrarias a las planteadas por el gobierno nacional.
Contra lo que se decía –y gritaba– en algunos medios de comunicación hasta hace unos días, el Gobierno, los representantes de la población de Espinar y la empresa Xstrata han comenzado a negociar.
El mismo día que el alcalde de Espinar recobró su justa y necesaria libertad, Xstrata (Tintaya Antapaccay) publicó un comunicado en medios de comunicación para plantear explícitamente su voluntad de diálogo con “los diversos actores políticos, sociales y económicos” de la hasta hace poco convulsionada provincia. Este diálogo, como asegura la propia empresa, debe incluir a las autoridades, a las comunidades campesinas y a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, más conocidas como ONG.