26.ABR Miércoles, 2017
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LA PORTADA DE HOY

¿Aló? ¿Aló?

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Columna Luis Davelouis

¿Tiene sentido que las autoridades de los gobiernos subnacionales no sean reelegidas? No, no tiene. En primer lugar, constituye un incentivo perverso para quien hoy ocupa el puesto: “No hay reelección, no me tengo que esforzar ni me tengo que portar bien, porque no me van a reelegir y porque los que me van a enjuiciar y a acusar de corrupto lo harán igual”.

La historia del Perú está marcada por decisiones políticas y estratégicas que tuvieron un efecto contrario al pretendido. Keiko y los audios; PPK arrodillado en casa de Cipriani. El costo y riesgo eran tan altos que uno no se explica cómo fue que nadie lo vio. En el más reciente episodio de “pero ¿qué podría salir mal?” hay asesores de PPK que piensan que indultar a Fujimori es una buena idea.

Dos cineastas y documentalistas canadienses son acusados por el Ministerio del Interior de soliviantar a los vecinos de una mina gestionada por una empresa también canadiense. Vecinos que, según el ministerio, ya antes se manifestaron contra dicha empresa, lo que produjo un incidente que pudo terminar en desgracia. Ambos ciudadanos canadienses, de acuerdo a la versión del ministerio, están en proceso de expulsión por haber violado las condiciones de la visa de turista que se les expidió.

La gestión de las comunicaciones en cualquier organización es muy importante y, aunque nadie parezca darle bola, esta realmente puede hacer que lo que de un modo constituya una crisis catastrófica que destruye reputaciones y marcas se convierta en un problema que se transforme en trampolín. Particularmente en un gobierno, las comunicaciones no son un asunto menor.

Solo una vez en ocho años me levantaron una nota. O sea, quien estaba a cargo del diario no permitió que se publique. En esos mismos ocho años, quizás solo un puñado de veces alguien en la última etapa de la edición (nunca había un solo responsable puntual a quien señalar) decidió que había que “ajustar” alguna o algunas cosas y el titular de la nota terminaba no diciendo lo que decía la nota o la nota no decía lo que yo había querido decir.

Toledo recibió su segunda orden de detención preventiva mientras sigue paseando tranquilito por EE.UU. y Nadine Heredia ya puede salir del país, a menos de una semana de que Marcelo Odebrecht confirmara la versión de Jorge Barata: la brasileña les dio US$3 millones a los Humala para su campaña en 2010. Qué interesante es todo y cuán falto de sentido común y de sentido de la oportunidad. ¿O no? Ese es mi Perú.

El congresista Luis Galarreta ha llamado “montesinito” al premier Fernando Zavala en clara alusión a las prácticas de Vladimiro Montesinos. Según el hoy congresista fujimorista, sus fuentes de “dentro” le han contado que la PCM ha montado un aparato lleno de trolls para elogiar al gobierno en las redes sociales y fungir como ejército de sicarios contra los críticos del gobierno. Es decir, Galarreta acusa a Zavala –y lo dice así– de hacer lo mismo que hacía con la prensa chicha el ex presidente delincuente que le da nombre al movimiento del que forma parte Galarreta.

La encuesta de IPSOS confirma lo mostrado por la encuesta de Datum: la aprobación de la gestión de PPK sube más o menos 10 puntos entre marzo y abril (pasó de 32% a 43%). La atención de la emergencia ha tenido mucho que ver con ello, sin duda, pero es importante señalar que su desaprobación más alta está en los niveles socioeconómicos D y E y en la zona norte del Perú. Es decir, los más duramente afectados por los huaicos, las inundaciones y las enfermedades que estas han causado no perciben aún que el Estado se esté haciendo cargo como esperarían.

Piel y ojos oscuros, el pelo largo –y oscuro y crespo– y trenzado hasta la cintura. Más o menos así se veían los hombres jóvenes judíos que vivían en Palestina en los tiempos del emperador romano Tiberio (14 d. C. – 37 d. C.). Es probable que así también se viera Yeshua ben Yosef, nombre con el que posiblemente se conocía a Jesús de Nazaret entonces.

Lo que muchos sospechábamos ha sido confirmado por Marcelo Odebrecht: la firma del brasileño le entregó US$3 millones a Ollanta Humala para su campaña por instrucción expresa de Antonio Palocci, detenido desde el 2016 por estar involucrado en el caso Lava Jato.

Hace algunos años, en el centro financiero de San Isidro, ayudé a un hombre de unos 65 años al que acababan de robarle casi en la puerta de una entidad financiera, frente a dos policías paraditos a 20 metros y delante de cientos de transeúntes. Entre dos hombres lo sujetaron, lo golpearon y le robaron su maletín con el dinero que llevaba para pagar su hipoteca.

Hay, hace mucho, una cantidad importante de personajes públicos ligados a las mafias que estuvieron enquistadas en los diferentes espacios de poder del Perú y que hoy parecen empezar a caer.

La manera en que el ministro de Economía encaraba la política económica (fiscal y monetaria) ya era discutible desde el arranque. Más allá de los señalamientos y acusaciones de copamiento o infiltración del MEF por parte de la ex primera dama –lo que originó una respuesta contundente de los involucrados y obligó al ministro Thorne a retractarse–, hay algunas cosas que despiertan suspicacias y levantan cejas.

Me impresiona la manera de mentir de esta persona en toda oportunidad que le dan, y hoy respecto al 5 de abril. Martha Chávez puede ser un asco incluso en solo dos minutos.

Es mentira que hubiese habido que cerrar el Congreso para derrotar a Sendero o para rescatar al país de la debacle económica y financiera en la que lo dejó Alan García. Martha Chávez miente cuando dice que no fue un golpe de Estado y miente de nuevo cuando dice que era necesario, como está demostrado por montones de personas que estuvieron allí, durante esos años, reinsertando al Perú en la economía global incluyendo a Ricardo Lago, economista, que escribe en este mismo diario.

La Comisión de Ética del Congreso decidió suspender por 120 días al congresista de PPK Carlos Bruce por haberle pedido a la Policía que vaya a pararse en la puerta de su restobar en la Costa Verde el día de la inauguración, como si fueran sus guachimanes particulares.

“No hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti”, no es una máxima cristiana. En realidad, la versión cristiana de la regla dorada –mucho más antigua que el cristianismo– dice “ama a tu prójimo como a ti mismo”. Esta es la versión resumida de los mandamientos que van del 2 al 9 que Jesús legó a sus discípulos. Y a veces parece que a nadie más.

Finalmente, el gobierno de Venezuela devino en dictadura pura y dura. El Tribunal Supremo de Justicia de ese país –muy cercano a Nicolás Maduro– decidió cerrar la Asamblea Nacional (el Congreso) y asumir sus competencias. Ahora todos los poderes del Estado los controla Maduro. El rechazo de nuestro gobierno no se hizo esperar, retiro de embajador incluido.

Úrsula Letona sabe que el proyecto que ha presentado para ponerles una cadena de perro a los medios no pasará. Al menos no manteniendo eso de que ningún investigado puede dirigir (o trabajar) en un medio de comunicación. Letona es abogada, tiene mucha experiencia y es respetada por sus conocimientos y ética de trabajo. Letona sabe que el proyecto es inconstitucional y, por eso, hasta parece una cortina de humo.

Es verdad que, antes de pensar en ponerse a (re)construir, hay que esperar a que deje de llover. Por supuesto, esto no significa que no haya que ir pensando en los “cómo” es que se llevará a cabo esa reconstrucción. Parece que PCM liderará el esfuerzo con una especie de directorio encargado de gestionar el proceso, el diseño y su implementación.

Es común que algunas personas confundan lo que es ser pro mercado con ser pro empresa. El mercado debe ser ciego: si tu producto es malo y tu empresa poco competitiva, ambos desaparecen sin importar cómo te llames ni a quién conozcas. Al menos en teoría, la idea es que se premia el riesgo, la innovación y la creación de valor precisamente porque mejoran la competitividad. Eso es ser pro mercado.

La historia no oficial dice que, entre el Banco Mundial, el FMI y el Club de París, a Alberto Fujimori le “enyucaron” el consenso de Washington como condición para reinsertar al Perú en la economía global. Alan García nos había dejado al borde de convertirnos en un estado inviable y tocaba hacer los ajustes que los dueños de las billeteras exigían.

Voy a insistir con esto: rentabilizar la desgracia ajena está mal, es sucio. No se trata de ocultar los logos que llevan por defecto las botellas de agua de una determinada empresa. Tampoco de que quien produce lácteos esconda su nombre para poder anunciar que quien necesite leche puede pasar por ella gratuitamente a sus establos. Tampoco de que un funcionario del gobierno evite mencionar el nombre de una empresa minera gracias a la cual se pudo recuperar la transitabilidad de una importante vía de comunicación.

El congresista Yonhy Lescano asegura que, el lunes, su bancada –Acción Popular– presentó ante la Mesa Directiva del Congreso un pedido de retiro de la moción de interpelación al ministro Vizcarra programada para hoy. Hasta el mediodía del lunes, la presidenta del Congreso, Luz Salgado, insistía en que la interpelación debía realizarse de todos modos. Recién alrededor de las 6 de la tarde admitió la posibilidad de que no se lleve a cabo.

Se hubiera visto pésimo que, en medio de la emergencia que atravesamos, el Congreso se pase dos días haciéndole decenas de preguntas –de seguro mayoritariamente anodinas y redundantes– al ministro Martín Vizcarra. El gesto del fujimorismo de no asistir a la interpelación me parece importante más allá del cálculo político. Lo que toca es que todos metamos el hombro y sin distinciones de ninguna clase. Las cuentas sobre quién quiso rentabilizar la desgracia las arreglamos después.

La mayoría fujimorista ha decidido que el jueves sea interpelado el ministro Martín Vizcarra. Dicho proceso se aplazó porque surgió la emergencia de las inundaciones por toda la costa norte del Perú. Ayer, el premier Fernando Zavala dijo que todavía pasarán dos semanas antes de que amainen las fuertes lluvias que causan las mencionadas inundaciones y los huaicos. No sé qué cosa ha cambiado en el panorama para que de pronto la emergencia que motivó el aplazamiento de la interpelación deje de ser tan emergencia.

El Perú atraviesa una emergencia que nos va costando la vida de unos 80 compatriotas y que ya afecta a más de medio millón de personas. A diferencia de ocasiones anteriores –en mi registro al menos–, se percibe presencia del Estado y se percibe que su capacidad de respuesta ante una emergencia de estas proporciones no falla por falta de gestión, recursos o voluntad política. En mi registro de casi 40 años, la escala, el alcance y la amplitud de la respuesta son inusitados e inéditos.

Hasta las 6 de la tarde del miércoles, el conteo del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación-SINPAD era el siguiente: 62,542 personas damnificadas, 552 mil afectadas, 62 fallecidas, 170 heridas y 11 desaparecidas. Ocho mil viviendas colapsadas, 8 mil viviendas inhabitables y 116 mil viviendas afectadas. Diecinueve colegios colapsados, 900 afectados, 36 inhabitables. Ocho centros de salud colapsados, 338 afectados y 15 inhabitables.

Según la Ley Orgánica de Municipalidades, el alcalde preside el Sistema de Defensa Civil de su jurisdicción. El desempeño de las autoridades frente a las desgracias de las últimas semanas ha sido, en promedio, deficiente. Con pocas excepciones, la mayoría de los gobiernos regionales y municipales ejecutó menos de la mitad de los presupuestos asignados para la prevención de desastres naturales en 2016.

Me parece un despropósito organizar los Panamericanos en el Perú y hacer tanto lío por eso. El deporte jamás ha sido una prioridad para el Estado. Nunca un deportista peruano que haya destacado en el mundo ha logrado hacerlo gracias a las políticas públicas, a la voluntad política o al financiamiento del Estado. Además, en medio de una crisis, el mensaje es atroz: “Podemos hacer los juegos en tiempo récord gastando una montaña de plata aunque no ganemos ni un diploma por participar, pero no podemos prevenir, ni enfrentar, ni mitigar eficazmente un fenómeno natural recurrente y predecible, ni ayudar adecuadamente a los afectados”.

¿La abolición de la esclavitud se alcanzó gracias a una ideología que se impuso subrepticia o explícitamente contra la voluntad popular o fue producto del avance del protestantismo, la ciencia y de la influencia de ambas en los legisladores y hacedores de políticas públicas?

¿Cómo granjearse la buena voluntad de las personas? ¿Cómo conseguir que extiendan su buena voluntad hacia uno y sus propuestas? ¿Qué es lo que activa a las personas, qué hace que se levanten de sus sillas, dejen lo que están haciendo o aplacen lo que deberían hacer para movilizarse en uno u otro sentido? ¿Qué es lo que determina que algo “valga la pena” (o el esfuerzo) de hacer algo respecto a algo, de hacerse cargo, aunque sea para delegar la responsabilidad en alguien más?

El fujimorismo decidió archivar el pedido para conformar una comisión del Congreso que investigue el caso del Sodalicio. Al día siguiente, el congresista Kenji Fujimori publicó un mensaje en el que decía: “¡Nauseabundo! NO SE DEBE blindar a un presunto abusador sexual, el tema #Figari NO fue debatido en @bankadafp. ¿Quién encubre a #Figari?”.

Ayer fue el Día Internacional de la Mujer. No se celebra, se conmemora. El asunto con las celebraciones es que la mayoría son de mentira. Un cumpleaños ya no es una meta, sino un hito que está en el camino. Uno al que se llega por el inmeritorio –y triste, para algunos– hecho de envejecer. Se celebran las conquistas, sí, que no son pocas, pero es raro celebrar cuando lo conseguido es claramente opacado por lo que aún queda por conseguir.

Y vaya que importaba. La presión del público obligó a que Phillip Butters fuera despedido. Ayer vimos que, sin importar cuán popular sea un programa o un presentador, la opinión pública se los puede bajar de un día para otro; y comprobamos que sí, había un límite para lo que se puede decir en los medios. ¿O no?

Sergio nunca salió al patio del colegio a jugar como todos los demás niños de primaria. Le decían “mariquita” y, cuando se podía, lo empujaban, lo encerraban en el baño, lo perseguían para insultarlo y, si se le ocurría contestar, le pegaban. Sergio tenía un hermano mayor que lo defendía cuando podía, pero que también era un niño.

En 1990, Alberto Fujimori se puso delante de los “desclasados” y ganó. Cuando, dos años después, cerró el Congreso para que no se investigue a sus hermanos ladrones (hoy todos prófugos), la lectura complaciente de la gran mayoría de peruanos fue por otro lado. Cerrar el Congreso tenía más que ver con revancha, con darles su merecido a los “comechados” que vivían cómodamente de la teta del Estado en nombre de un pueblo al que ya hacía muchísimo tiempo habían dejado de representar. El cierre del Congreso, en ese sentido y a ojos de la mayoría que lo aprobó, tenía más de justicia que de gesto autoritario.

Desde 1999 defendía en sus columnas a los delincuentes Calmell del Solar y a Moisés Wolfenson, quienes vendieron las líneas editoriales de sus medios a Montesinos. Fue asesor de Blanca Nélida Colán y Víctor Joy Way, condenados ambos por corrupción durante el fujimorato. En 2009, siendo presidente del Poder Judicial, Javier viajó a El Salvador representando al Poder Ejecutivo (Alan García). Ratificó el archivamiento del caso de falsificación de firmas de Perú 2000 (fallo de un juez montesinista) y anuló los cargos de malversación de fondos contra varios funcionarios del fujimorato.

Gol del Congreso. De todas las bancadas. Independientemente de quién la presentó –PPK–, la iniciativa para establecer que los delitos de corrupción no prescriban ya es casi una realidad. Casi, porque falta una segunda votación en la que, esperemos, no haya sorpresas ni ninguno de los que votó a favor salga a decir “es que yo entendí otra cosa” y cambie su voto o se abstenga. O, algo peor, como que eso de que no prescriban va contra los derechos fundamentales de las personas, como se le ocurrió decir a una congresista.

Acción Popular (AP) tiene solo cinco congresistas y no es el Apra. Lo señalo porque, valgan verdades, son más eficientes y eficaces que bancadas con el triple o el cuádruple de miembros.

Hoy, a las 4 p.m., se firmará un convenio para suspender el inicio de las obras del aeropuerto de Chinchero. ¿Por qué? Porque la Contraloría ha encontrado “un riesgo potencial relacionado a la entrega del valor del adelanto” (casi US$50 millones) al que se obligó el Estado con Kuntur Wasi mediante la adenda que ya todos conocemos.

Mañana (hoy) se elige al próximo jefe de la ONPE por los próximos cinco años. Esta persona estará a cargo de gestionar la realización y la logística de los próximos procesos electorales, empezando por las elecciones regionales y municipales de octubre de 2018 y las elecciones generales de 2021. La ONPE no solo pone mesas y cuenta votos –tareas muy importantes y sensibles– sino que también es voz dirimente en los asuntos que tienen que ver con esos temas. Porque se trata de un cargo tan importante, el proceso de selección –a cargo del CNM– debe ser ultra transparente y estar fuera del alcance de cualquier cuestionamiento. Las presiones políticas se deben evitar a toda costa y, por eso, entre los requisitos para acceder al cargo está el no haber tenido relación con ningún grupo político en los cinco años anteriores a la postulación.

Cuando en el 2011 el diario Correo, dirigido entonces por mi vecino, denunció que Odebrecht estaba en contubernio con algunas altas autoridades y grandes empresas de nuestro país –y luego de que trataran de reclutarlo ofreciéndole ser expositor por el precio que él fijase y él los rechazara–, lo botaron. No sé si esa fue la única razón, tampoco sé si todas las denuncias de Correo tenían sustento –sé que muchas otras, en algunos otros casos, no pasaban de ruido mediático– pero ese solo hecho merece un reconocimiento que desde aquí le hago. Aldo, te botaron porque no quisiste mirar a otro lado. Salud por eso.

No es un delito que la Dra. Julia Príncipe sea amiga del Dr. Tambini. Ni siquiera es poco ético, aunque él sea un íntimo viejo amigo del ex presidente Alan García.

Veo negación en cantidades alarmantes. Aterricemos: son muchos, muchísimos más; les importa medio pepino que los derechos no deban/puedan estar sometidos a la voluntad de la mayoría. Y, de hecho, para que eso se cumpla en un país con un estado de institucionalidad precaria y un gobierno muy débil, esas grandes mayorías deben estar de acuerdo con que no es de su incumbencia ni necesaria su aquiescencia para que cada ciudadano pueda ejercer plenamente sus derechos y tenga las mismas oportunidades. Y no pues, no están de acuerdo.

Se supone –o se suponía, ya no sé– que el gobierno se había comprometido con la igualdad de oportunidades y derechos para hombres y mujeres, y a trabajar para que la comunidad LGTBI tenga derechos plenos. Esto, según dijo PPK el 28 de julio pasado, para construir una sociedad justa e inclusiva que nos lleve a ser –por fin– un país civilizado.

Seguirá entregando a la “justicia” la cabeza de sus mandos medios, opositores y posibles rivales en su partido. Tal vez la acusación contra él y su ex esposa por lavado de activos sea armada para que abra sus cuentas “voluntariamente” y cuando, por supuesto, no le encuentren nada –porque le bastó un viejo ex correligionario y ex ministro mártir para aprender–, dirá que solo lo persiguen por odio. Luego aparecerá como ahora, haciéndose el sorprendido y, compungido, hará un acto público de constricción en el que se reconocerá torpemente confiado y profundamente desilusionado; decepcionado por la traición de la que ha sido víctima por quienes fueron sus colaboradores y amigos. Pedirá disculpas al país, dirá que le está en deuda eterna por sonso (nunca por corrupto) y que quiere pasar sus últimos años honrando esa deuda moral con su patria trabajando para ella hasta desfallecer. Dirá que su partido ya puso su cuota de sangre y que a él nada le han encontrado pues no cayó en tentación “gracias a Dios” y ¡zas!, postula en 2021 y Keiko pierde de nuevo. (No lo saben, pero los fujis están alimentando a su propio verdugo).

El Perú cojea de manera flagrante en el frente regulatorio. La regulación es extensa pero ineficaz. Es decir, todo está regulado, pero de manera deficiente y los organismos encargados de ello no tienen apoyo político ni del gobierno, ni del Congreso. Sus presupuestos son tan magros que no puede retener a su talento, ni siquiera a los especialistas porque no pueden competir con los sueldos que ofrecen sus regulados. Como consecuencia, los organismos reguladores en el Perú funcionan como escuelas de especialización gratuitas para las instituciones reguladas (principalmente empresas privadas proveedoras de servicios) y los estudios de abogados que utilizan a los reguladores como si fueran bolsas de trabajo universitarias.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, no tiene reparo alguno en llamar ‘mentiroso’ a todo aquel que ponga en evidencia alguna de sus múltiples malas decisiones. O en llamar “noticias de mentira” a cualquier nota periodística que contradiga lo que él o su equipo afirman con absoluta certeza por inverosímil que sea.

Demasiada gente está muy cómoda con la podredumbre. Tanto, que si no fuera porque la cloaca se destapó en Brasil, aquí todo seguiría como siempre. Piénselo: Toledo no estaría siendo buscado; no habría ningún ex ministro o ex funcionario aprista detenido; nadie pediría que investiguen al ‘Mudo’; no habría comisión Lava Jato; el informe Pari seguiría acumulando polvo y polillas; no temblarían Humala y su mujer (y quizás PPK); no se notarían las groseras salpicaduras en las solapas de algunos periodistas; no estaríamos fijándonos en las viejas chambas de asesores de la PCM ni en qué cosa le firmó quién a alguna empresa brasileña hace 20 años.