28.MAY Domingo, 2017
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LA PORTADA DE HOY

"PPK no tiene audacia política"

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Columna Juan José Garrido

¿Cuál es, hoy, el principal problema del Perú? Y por problema me refiero a uno estructural, uno que se presente en la raíz de los males. Nuestra precariedad institucional, sin duda, es un gigantesco problema para todos los peruanos y para nuestro desarrollo en el largo plazo. Problemas como los de la inseguridad o el enfriamiento económico se encuentran con nuestras precarias instituciones y se agravan; pero con instituciones sólidas, articuladas, estos y otros pueden resolverse con mayor facilidad.

Durante el quinquenio humalista, era vox populi –y motivo de un amplio debate– la injerencia de la Sra. Nadine Heredia en el Ejecutivo. No era, por cierto, un chisme: si querías algo del Ejecutivo, bueno o malo para el país, el enlace era la Sra. Heredia; y si el Gobierno quería algo de alguien, pues ídem. La Sra. Heredia viajaba en representación del Ejecutivo, se reunía con los líderes gremiales, recibía a empresarios y políticos, viajaba en delegaciones ministeriales (y era ella quien recibía los honores), y así. No se ocultaba, no lo escondía; muy por el contrario, se jactaba de eso.

Muy buenas designaciones ministeriales las de Bruno Giuffra para el MTC y Pedro Olaechea para Produce. El primero se ganó sus credenciales a través de una muy buena gestión en Produce. Sin miedos, Giuffra tomó al toro por las astas: primero, acercó el ente a los principales interesados (el sector empresarial), pero no desde un filo mercantilista sino de “destrabe”; léase, quitándole de encima las absurdas regulaciones que se han ido sumando a través de los años y que habían puesto al sector industrial en rojo (3 años consecutivos) luego de décadas de estar en azul. Segundo, no menos importante, puso pausa a esa absurda apuesta por el determinismo sectorial, implementada a través de los CITES (cuyas auditorías, dicho sea de paso, dejan al títere sin cabeza).

Uno. Fuertes declaraciones del premier Fernando Zavala respecto al uso político de las interpelaciones por parte de Fuerza Popular. Salvo por el detalle, no pequeño, de que la interpelación al ex ministro Martín Vizcarra fue liderada por Acción Popular (no por el fujimorismo), es cierto que la oposición está haciendo un uso desmedido de la misma. Esto lo decimos a sabiendas de que en democracia la interpelación es un mecanismo político válido; pero en lo que va de esta gestión, no solo debemos mirar las interpelaciones, sino también las visitas de los ministros a las comisiones del Congreso. En estas, el Ejecutivo pierde horas de horas para responder diatribas y, la mayoría de veces, escuchar excesos e insultos. Como bien dicen, está bien culantro, ¡pero no tanto! El Legislativo debe invitar a los ministros, interpelarlos cuando crea conveniente; pero en el exceso está el problema. Y si medimos las visitas en el primer año, pues estas están pasando, ciertamente, lo entendible.

Caído el affaire Chinchero, pierde el tiempo el oficialismo enfilando sus baterías contra el contralor Alarcón y el fujimorismo. Acusar a la Contraloría de hiperactividad, cuando aún no hemos pasado las primeras olas del tsunami Odebrecht, es hacerles un poco de juego a quienes acusan al gobierno justamente de eso: de lenidad frente a la corrupción. Le ponen, de paso, la pelota al fujimorismo para que meta un gol: son ellos, ahora, los que no se casan con los intereses empresariales y políticos.

Hizo bien el presidente Kuczynski al aceptar la renuncia del ministro (y primer vicepresidente) Martín Vizcarra a la cartera de Transportes y Comunicaciones. De no renunciar, su censura era, además de inminente, necesaria. Y es que la seguidilla de desaciertos no podía culminar en una aparición mediática para, como quien pide un café, sostener: “Hemos decidido dejar sin efecto el contrato y la adenda de Chinchero”. No es así, y no debe ser ni tan fácil ni gratuito. Para empezar, ya la empresa Kuntur Wasi, a los pocos minutos de la decisión, adelantó que evaluará seguirnos (ya que al final el Estado somos nosotros) acciones legales.

Conforme se acerca el 1 de junio, fecha en la que se harían públicas las delaciones premiadas de 77 ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht, se incrementan los chismes, la polarización y los nervios en pasillos públicos y privados. Como sabemos, dichas declaraciones fueron puestas en reserva por la justicia de Brasil por seis meses; vencido el plazo, las mismas se deberían hacer públicas y –en palabras del fiscal brasileño Carlos Fernando dos Santos Lima– generarían un tsunami político.

El último sicosocial político (sobre los supuestos aportes de Odebrecht a las campañas de Fuerza Popular y Apra) debería llevarnos a una seria reflexión. Por increíble que parezca, algunos operadores políticos (maquillados de periodistas y líderes de opinión) siguen con el tole tole no obstante el Ministerio Público desvirtuó a las pocas horas la información. Nuestras fuentes sostienen que M. Ode-brecht nunca mencionó a Mercedes Aráoz ni a Keiko Fujimori, que explicó de manera general el apoyo de las grandes empresas (cualquiera) a los partidos políticos (en general) y que más bien reconoció el aporte de US$3 millones a la pareja Humala-Heredia (con algunas pistas muy sabrosas, por cierto).

Con una terquedad admirable, el ex presidente Ollanta Humala nos dice que el contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero estuvo bien negociado, conforme pues, como dicen. Se ha dado el lujo de criticar, por supuesto, la adenda firmada por el gobierno, pero no por las razones correctas (facilitar la obra sin exigir beneficios adicionales), sino por las equivocadas (léase, politiquería).

Las comparaciones suelen ser odiosas (y a veces, ociosas), pero es inevitable observar lo que sucede en Brasil y no pensar en las similitudes con el Perú.

Regresemos, como ejercicio, a Enero del 2016. En la grilla electoral, recordemos, se encontraba el fujimorismo de líder absoluto (la primacía durante la primera vuelta nunca estuvo en disputa), y la pelea se daba por el segundo lugar. Como sabemos, pasó a la segunda vuelta PPK y, eventualmente, llegó al sillón presidencial.

Desde el punto de vista teórico, no parece una buena idea poner al presidente de la República (sea quien sea) al frente de una cámara; por un lado, los ejercicios en la región han servido como vehículos de propaganda más que como espacios de comunicación e información. Por otro lado, si el presidente entrevista a un ministro (como el caso de la ministra Martens), es inevitable la verticalidad de la comunicación entre entrevistador y entrevistado, lo cual genera un ruido en el oyente. Todo esto, además, entendiendo que la idea no generará costos adicionales (como ha sostenido el Ejecutivo), ni que será impuesto en canales privados.

El empresario brasileño Marcelo Odebrecht, ex cabeza de la constructora familiar y hoy apresado por delitos de corrupción, ratificó ante el fiscal Germán Juárez la entrega de US$3 millones a la pareja Humala-Heredia. Hasta donde se sabe, por otras delaciones, la plata salió de la caja utilizada para la compra de funcionarios públicos.

Cuando ya todo estaba dicho, pues el presidente y la ministra de Justicia justificaban su negativa al indulto para el ex presidente Alberto Fujimori, al punto en que la lideresa del fujimorismo planteará pronto un hábeas corpus, sale de nuevo el congresista Juan Sheput a sostener que “no se cierran las puertas” a la posibilidad. ¡Qué manera de complicarse la vida! Pero más importante, ¿para qué volver a poner el tema sobre la mesa?

Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística e Informática publicó el informe técnico “Evolución de la pobreza monetaria 2007-2016”, texto que oficializa las cuentas de pobreza y pobreza extrema en el Perú. El dato más importante, sin duda, es aquel de la incidencia de pobreza nacional, la cual baja 1.1 puntos para situarse en 20.7%, el nivel más bajo de nuestra historia.

El día de ayer, la Sra. Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, anunció la próxima presentación de un nuevo hábeas corpus que buscaría, según la explicación, la exculpación de su padre (el ex presidente Alberto Fujimori) por la vía legal. Como sabemos, no es la primera vez que lo presenta; y no existiendo cambios sustanciales ni en el marco jurídico ni en la estructura judicial, todo apunta a que este seguiría el mismo trayecto que el anterior.

Gobierno. A nivel de gestión, están enfocados en la reconstrucción y recuperar, en la medida de lo posible, nuestra aletargada economía. Bien. Es al nivel político donde se sigue percibiendo la falta de experiencia, reacción, visión país y así. No es solo un problema con los fujimoristas; es con casi todas las fuerzas políticas, por distintas razones. A estas alturas quedan pocas opciones: o bien no están preocupados por ello, o bien lo están y no les importa, o lo están pero no saben qué hacer. Sea como sea, esto les está pasando factura (y nos está costando a todos los peruanos). Lo del indulto ha sido tomado por el fujimorismo como una ofensa, y alguna cabeza pagará por ello de seguro.

En principio, la interpelación es una práctica regular en un sistema democrático: los representantes en el Legislativo, ante una preocupación o curiosidad, invitan a uno o más miembros del Ejecutivo a responder las razones detrás de la misma.

Señalábamos ayer, en “Impunidad total”, la creciente sensación en la ciudadanía de que aquí, en el Perú, no pasa nada respecto a la corrupción; léase, que para los corruptos debemos ser una suerte de paraíso legal, donde es muy fácil hacer negocios y muy difícil ser atrapado. Usamos el caso Lava Jato como ejemplo, pero en verdad se podría extender a otros del mismo tipo, como también a otros ejemplos de impunidad: el crimen organizado, delitos de encubrimiento o de función, y así. El caso Madre Mía, en el cual está sindicado el ex presidente Ollanta Humala, es otro ejemplo.

Han pasado 1,149 días desde que explotara en Brasil el caso Lava Jato. Cualquiera esperaría, en tanto tiempo y con dicha información, que nuestras autoridades asuman un rol preponderante en la búsqueda de la verdad y, por supuesto, de la justicia. Pasados más de mil días, uno esperaría decenas, si no centenas, de funcionarios, empresarios y personajes apresados, condenados la mayoría a penas durísimas (fujimoristas que cayeron por US$3,000 pasaron hasta 8 años en la cárcel) por corrupción y otros delitos.

Más allá de si estás o no de acuerdo con la vía del indulto para liberar al ex presidente Alberto Fujimori, es muy negativa la sensación –casi general– que ha causado el manoseo del tema por parte del Gobierno. Empezó con el congresista Bruce (en declaraciones a este diario), pero debió ser atajado por el Gobierno si no estaban realmente interesados en el tema. Una cosa es que no estés de acuerdo con el indulto, otra es que estés a favor de crear expectativas y esperanzas a la persona, sus familiares y seguidores.

El Gobierno nombró esta semana al Dr. Pablo de la Flor como director ejecutivo de la recientemente creada Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC). Antes de explayarme, una observación: conozco a Pablo hace, más o menos, 20 años, y guardo un profundo respeto personal y profesional por él.

Falleció ayer, a la edad de 95 años, el economista norteamericano William Baumol. Prolífico, enciclopédico pero, sobre todo, revolucionario. Entre sus más de 80 obras, Baumol discurrió la teoría laboral, el papel del emprendedor, desarrolló la teoría de los mercados disputados, en fin, tuvo una larga trayectoria, fue siempre un reconocido académico pero, sobre todo, un disruptor, una mente que se preocupó por no seguir las teorías “consensuadas” sino, por el contrario, buscar nuevos espacios de análisis y mejores explicaciones para las observaciones (que en materia económica, como sabemos, son innumerables).

Si bien es cierto que la aprobación del presidente Pedro Pablo Kuczynski cae dos puntos (de 45% a 43%, DATUM mayo), en el contexto es más que entendible, incluso razonable.

No entiendo esta supuesta inconsistencia que plantean algunos analistas entre ser liberal o “de derecha” y preocuparse, interesarse y exigir justicia ante crímenes y flagrantes violaciones a los derechos humanos. ¿Es que acaso existe un monopolio sobre los sentimientos de justicia? Por supuesto que no, como tampoco existe un monopolio sobre las ideas de referencia en el plano económico. ¿Se imaginan si mañana la izquierda entendiera mejor el funcionamiento de los mercados y propugnaran, entonces, mejoras a nuestro marco económico a favor de la competencia? Y si ocurriera, ¿se imaginan a liberales o gente “de derecha” recriminándolos por ello? ¡Al contrario! Enhorabuena, ¡y a trabajar en dicha línea!

A nadie puede llamarle la atención la última pataleta de Nicolás Maduro. Hace poco más de un mes, en “¿Qué le espera a Venezuela?”, sostuve: “A la dictadura venezolana los estrategas cubanos le deben haber trazado una línea de acción dirigida a recuperar el Poder Legislativo para continuar su trayectoria sin los sobresaltos de estos últimos meses… Ya quedó demostrado. Para la dictadura, permitirle a la oposición hacerse de un poder es muy costoso, así que las próximas movidas irán dirigidas a recuperar dicho poder (NdE: la Asamblea Nacional) para seguir actuando impunemente… (Perú21, 1 de abril)”.

Ayer, en “Mienten, de nuevo”, hablábamos de aquellos que hoy se hacen los sorprendidos ante tanta evidencia de la pareja Humala-Heredia. Mencionamos, en dicha columna, esa gran hipocresía de arquear hoy las cejas mientras se beneficiaron, durante estos cinco años, de prebendas de todo tipo. Pero, como me dice un lector, si la vida es justa, no solo pagarían judicialmente los Humala-Heredia y sus compinches, sino también todo ese sindicato de cómplices que le facilitó la vida a la parejita, no solo para llegar al poder, sino para gobernar, poniendo los intereses del país y sus recursos a disposición.

Cuando Ollanta Humala se presentó a la Presidencia de la República en 2006, los peruanos tuvimos acceso a amplia información sobre su persona, sus ideas, su carácter y, sobre todo, su pasado.

Una de las reformas institucionales pendientes más importantes es, sin duda, aquella de los partidos políticos. Para la mayoría de personas, algunos analistas incluidos, el objetivo central del sistema de partidos es la participación electoral; léase, ir cada tanto tiempo a competir por puestos públicos, desde alcalde hasta presidente. Pero los partidos políticos sirven para mucho más que eso.

Hoy se cumplen los primeros 100 días de la administración del presidente norteamericano Donald Trump. Hacer un balance a poco más de tres meses de gestión, como siempre, es una tarea complicada, ya que la data dura (económica, por ejemplo) se encuentra muy rezagada frente a las decisiones adoptadas. En el caso de Trump, sin embargo, sus decisiones van dando cuenta de un estilo que, sumado a sus convicciones (largamente explayadas en la campaña), puede ayudarnos a aclarar el panorama.

Mario Vargas Llosa es un grandísimo escritor. De los mejores del mundo. Ha dejado constancia, sin embargo, que dicho talento no le impide ser a la vez un gran cretino. Porque, a ver, hay que ser eso (o un miserable) para decir que “los pobres no leen porque son ignorantes”. Digamos que los años de vuelo y el supuesto conocimiento y dinero adquirido podrían haber ayudado a Mario a entender mejor las causas y consecuencias de la pobreza, así como a volverse más humano y realista, creo.

Según la mayoría de expertos, la reconstrucción del país luego de los desastres producidos por el fenómeno de El Niño costero durarán, al menos, unos tres años. Léase, desde hoy hasta mediados de 2020.

El lunes, en RPP, el periodista Aldo Mariátegui le reclamó al congresista Arana por su irracional postura antiminera y su corolario, el daño que la paralización de esta actividad le produce al país. “Yo lo único que le pido al congresista Marco Arana es que dejen de obstaculizar la inversión minera, porque, gracias a ellos, la inversión en este país se ha parado”, sostuvo. Arana respondió a esto con una acusación: “Bueno, tienes vínculos familiares con las mineras”. Léase, tú tienes intereses, vínculos que significan un conflicto de intereses.

Positiva, si se puede resumir en una palabra, la dinámica que se empieza a articular entre las fuerzas políticas que lideran el Ejecutivo (ppkausas) y el Legislativo (de mayoría fujimorista). Ha corrido mucha agua bajo el puente desde las elecciones de 2016 y, aunque por momentos se avizoraban problemas, la lógica empieza a hacer su trabajo: dos fuerzas que lideran poderes de semejante magnitud, trabajando en medio del desastre de El Niño y con un poco de buena voluntad, deben priorizar los espacios comunes, no la confrontación.

Una de las políticas públicas más impulsadas por el gobierno nacionalista de Ollanta Humala fue el famoso plan de “diversificación productiva”. En la mira de sus principales propulsores, la estructura económica del país se encontraba “concentrada” en los sectores primarios, sobre todo en aquellos extractivos (principalmente minería: cobre y oro).

Las congresistas de Fuerza Popular Úrsula Letona y Alejandra Aramayo han presentado, como sabemos, un proyecto de ley que busca –según consta en el titular– “proteger el derecho a la información” de los ciudadanos, limitando para ello la participación (sea como accio-nistas, directivos u otros) de personas condenadas por delitos de corrupción. Es decir, el proyecto de ley buscaría –en el mejor entendimiento del mismo– que aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción se mantengan alejadas de la línea editorial de un medio, permitiéndole a la ciudadanía recibir información independiente y objetiva.

Hasta el momento, las marchas de protesta en Venezuela van dejando un saldo de 21 muertos, centenares de heridos y, de acuerdo a la cadena de noticias, “un número indeterminado de detenidos” (aunque se calculan más de 600). El consenso de analistas sostiene que esto no puede continuar, que la caída del régimen esta cada vez más próxima, que los militares terminarán pasándose al lado correcto de la historia, que la economía sumirá al régimen en una crisis insoluble.

Ayer, en la ceremonia por el 20 aniversario de la operación antisubversiva Chavín de Huántar, el presidente Pedro Pablo Kuczynski saludó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, (aunque a través de una identificación, por decir lo menos, curiosa) y solicitó “voltear la página” –imagino– por el bien del Perú.

Frederic Bastiat, legislador y economista francés, sostenía en un texto de 1850 que peor que la ausencia de ley (anomia) es que la misma se pervierta; léase, que la ley no sirva a la legítima defensa de la sociedad y los individuos, sino que les sirva a aquellos que pervierten las reglas y al sistema. Eso es exactamente lo que estamos sufriendo los peruanos.

La Sala Penal Nacional de Apelaciones revocó ayer las medidas restrictivas impuestas por el juez Richard Concepción a la Sra. Nadine Heredia (y familiares y amigos) por los distintos casos que se le siguen. La medida se sustenta, en resumen, en la buena conducta de la Sra. Heredia a lo largo de estos meses. Así, como leen.

Después de escuchar al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y la pasividad con la cual actúa la Fiscalía nacional, queda claro que los corruptos deben estar más que tranquilos, si no riéndose e imaginando en qué gastarán –muy pronto– el dinero mal habido, el saqueo a los bolsillos de todos los peruanos.

La reciente encuesta de IPSOS, publicada ayer en El Comercio, confirma la encuesta de Datum publicada hace una semana: la aprobación de la gestión del presidente Kuczynski se incrementa en 11 puntos, llegando al 43%. Por supuesto es una buena noticia, pero haría mal el Gobierno en creer que la misma se encuentra desligada de la tragedia reciente.

La amenaza que presenta la automatización de procesos, en general, dejó de ser un supuesto para convertirse en una realidad. Hoy, la robótica y los procesos computarizados están cambiando los modelos de negocios a lo largo de la cadena global de producción. Como bien sostienen Brynjolfsson y McAfee del MIT, luchar contra ello es una sandez: en dicha carrera, perdemos todos contra las máquinas. Es necesario, por el contrario, internalizar esta realidad y buscar espacios para aprovecharla.

Nuestra historia reciente es una plagada de políticos corruptos y organizaciones criminales. Los primeros, como sabemos, se hacen del poder para aprovecharlo en extremo: es un fast track de ascenso social, económico y político. Sin instituciones fuertes, capaces de hacerles frente, los políticos corruptos buscan cualquier puesto con capacidad de uso discriminado de fondos públicos para, desde ahí, hacerse de una bolsa de recursos y de un contingente de operadores políticos y mediáticos. Con ellos, el futuro está casi asegurado. No interesa tu pasado, o lo que se sepa por corrillos: algún partido te abrirá las puertas eventualmente y el cielo es el límite. Si eres lo suficientemente osado, hasta la Presidencia está al alcance de las manos.

Como sabemos, el Ejército norteamericano lanzó una bomba de gran impacto en la región noreste de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, en lo que la Casa Blanca describe como una serie de túneles utilizados por el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS, según sus siglas en inglés).

¿Qué espera la Fiscalía para pedir la detención preventiva del ex presidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y aquellos responsables (el hermano Ilan, por ejemplo) del recibo y uso de los fondos provenientes de Odebrecht? ¿Qué espera, que se fuguen como la pareja Toledo-Karp?

Impresionante, por decir lo menos, la caída en la popularidad del alcalde de Lima, Luis Castañeda. Más aun si consideramos que hasta hace muy poco tiempo gozaba de una altísima aprobación bajo cualquier parámetro.

Uno. El importante incremento de la popularidad presidencial, de 10 puntos, según la encuesta publicada ayer en Perú21, es transversal a través de las áreas geográficas afectadas por los desastres (11 puntos en Lima y Callao, 15 puntos en la región norte, 7 puntos en la región sur y casi intacta en el centro). Como dijimos ayer, este rebote tiene más que ver con la desgracia y la oportuna reacción del gobierno, y menos que ver con una agenda política, razón por la cual en Palacio deben entender esta esperanza como una oportunidad, y no una tendencia de cómo será percibida la gestión.

Impresionante, por decir lo menos, la recuperación de 10 puntos en la aprobación del presidente Pedro Pablo Kuczynski (Datum, abril 2017). Desde el cambio de tendencia, en setiembre pasado, la popularidad del mandatario cayó 30 puntos para situarse en marzo en 35%.

Como cada año, el 5 de abril sirvió no solo para recordarnos la importancia de preservar el orden democrático sino, también, para compararnos (tanto como se utiliza, para quienes tienen memoria, el 3 de octubre). Sí, ya sabemos que las comparaciones son odiosas, pero hay un parteaguas en 1990, y si algo tuvo de positivo el golpe fue que entre las condiciones que se pusieron para su resolución se encontraba, en el epicentro, un cambio constitucional que se caía de maduro.