19.FEB Domingo, 2017
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LA PORTADA DE HOY

"Que Toledo rinda cuentas"

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Columna Juan José Garrido

¡Hasta que por fin alguien lo dijo! “Basta de eufemismos, Venezuela no es una democracia”, señaló ayer el presidente argentino, Mauricio Macri, y vaya que no le falta razón. Claro, ya saldrá algún representante de la dictadura chavista a rasgarse las vestiduras, pero lo cierto es que hace mucho que Venezuela dejó de ser una democracia.

El road-show mediático del otro ex toledista (hoy ppkausa) Jorge Villacorta es más que llamativo. Primero, por la figura retórica que utiliza para el mismo: un supuesto fastidio, una rara incomodidad ante la presencia de la ministra Ana Romero en el gabinete Zavala. ¿La razón? Su conocida participación en la ONG del ex presidente Alejandro Toledo, hoy manchado por las relaciones con la constructora brasileña Odebrecht.

Durante años advertimos sobre las nocivas derivadas de la altísima polarización ideológica en la que vivimos. Por supuesto que la diversidad de ideas y reflexiones aportan a la vida política, económica, social y cultural de un país; pero cuando dichas ideas y reflexiones no están dirigidas a aportar sino a ganar espacios de poder (sean públicos o privados), pues la misma pasa de un gran aporte a una pesada tara. Impide la cooperación, la apertura, la producción de iniciativas, entre otros.

Uno. Está probado (sobre la base de confesiones y documentos) que la empresa Odebrecht sobornó a alguien para que le adjudicaran la carretera Interoceánica; sabemos, además, que la plata se transfirió a las cuentas del Sr. Maiman. Sabemos también que el Sr. Josef Maiman hizo compras de inmuebles en Perú a nombre de la Sra. Eva Fernenbug, suegra del ex presidente Alejandro Toledo. Este último dice que él no ha recibido ni un centavo de dichas coimas.

Como advertimos hace semanas, la izquierda política y mediática tratará de vender la idea de que, detrás de las corruptelas (casos Odebrecht y Lava Jato), se encuentra el sistema económico de libre mercado. Ayer, en un artículo ofensivo y de baja calaña, el sociólogo Nelson Manrique repite la monserga, olvidando –como hemos dicho antes– que la corruptela vino justamente del gobierno socialista de Lula y Dilma que ellos patrocinaban, a través de gobiernos que ellos apoyaron.

Vivimos tiempos complicados. Un caso de gigantesca corrupción público-privada se suma a un ambiente social harto de la impunidad; después de meses (incluso años) desde que se destaparan estos casos en la prensa, recién la Fiscalía saca las garras, pero vemos a los peces gordos aún disfrutando de su libertad. Peor aún, el caso contaminó espacios de confianza (medios e instituciones, entre otros), mientras las redes (donde la verdad y la mentira conviven sin signos distintivos) incrementan gratuitamente la crispación y desconfianza sobre todos.

La encuesta de Ipsos, publicada ayer por el diario El Comercio, confirma la tendencia decreciente de la popularidad del mandatario y del resto de la clase política. No se salva nadie. Y al estudiar las razones detrás de dicha caída, pues la opinión de la mayoría es tajante: la sensación de parálisis, de impunidad, de falta de acción a todo nivel, es abrumadora.

Hace unos días, en “¿Y Keiko?”, comenté los vaticinios de algunos fujimoristas sobre el futuro del gobierno ppkausa, y discutí sobre la idoneidad de este partido político para asumir y liderar, en dicha coyuntura (eventual y remota, por cierto), los destinos del país.

Que alguien se sienta sorprendido o defraudado por las corruptelas del ex presidente Alejandro Toledo significa que o bien sufre (o sufrió) de algún tipo de sesgo cognitivo (anclaje, percepción selectiva u otra), o bien estaba dispuesto a aceptar un grado de corrupción con tal de ver a sus enemigos ideológicos perseguidos y/o sepultados.

Para la Sra. Verónika Mendoza y otros miembros de la izquierda local, las corruptelas destapadas por el caso Lava Jato son culpa del sistema económico neoliberal.

La cuenta (una parodia, no oficial) de Twitter de Frank Underwood (aquel genial personaje de la serie “House of Cards”) le envió un mensaje al ex presidente Alejandro Toledo: “Qué desperdicio de talento… escoger el dinero sobre el poder (un error que casi todos cometen)”. Es verdad: para un verdadero animal político, el poder lo es todo y todo se debe rebajar ante él.

La solicitud de prisión preventiva contra el ex presidente Alejandro Toledo, emitida ayer por la Fiscalía, no es sino una vuelta de tuerca (de muchas que deberían venir) en esta maraña de corruptelas que presenciamos. Y es que, valgan verdades, no es para menos: las corruptelas que hemos soportado estos últimos años merecen una cacería hasta las últimas consecuencias.

Algunos fujimoristas vaticinan la caída de Pedro P. Kuczynski y una minoría cree que no llega ni a julio. Claro, lo dicen en voz baja, con cara de preocupación, pero en ellos se siente un tufo a revancha y hasta goce. A la propuesta, por supuesto, suman la derivada: “Solo Keiko Fujimori puede asumir este caos”.

Ante las denuncias –documentadas, hay que decirlo– contra el ex presidente Alejandro Toledo, pareciera que el refugio de la pareja Toledo-Karp ha sido el viejo dicho militar “la mejor defensa es el ataque”. Ayer, en sus redes sociales, le respondió al presidente Kuczynski, llamándolo lobbista y cerrando con una frase que será de antología “no me hagas hablar, porque sé lo que hiciste la última vez”.

El allanamiento e, imaginamos, próxima detención del ex presidente Alejandro Toledo no debe ser motivo de alegría sino, por el contrario, de absoluta desazón: es la clara prueba de que a la caída del fujimorato no hicimos nuestra tarea institucional. Si es cierto, como se ha reportado, que las delaciones premiadas del funcionario de Odebrecht Jorge Barata están detrás de la acción fiscal, pues deberíamos ver pronto similares acciones con otros ex presidentes, alcaldes, empresarios y funcionarios.

La encuesta de Datum, publicada ayer en este diario, presenta un panorama muy sombrío para el gobierno ppkausa. A la caída de casi 60 puntos en el índice de popularidad del presidente Pedro P. Kuczynski –en los últimos 5 meses– se suma la creciente desaprobación del premier Fernando Zavala, del vicepresidente Martín Vizcarra y del resto del Ejecutivo.

La popularidad del presidente Pedro P. Kuczynski cae, de acuerdo a la encuesta de Datum publicada hoy en Perú21, por quinto mes consecutivo: de aquel 65% que ostentaba en setiembre de 2016, hoy su popularidad se encuentra en 41% (cae 4 puntos en el último mes), en una tendencia claramente negativa. Su desaprobación crece simultáneamente y a una velocidad aterradora; mientras la aprobación cayó 24 puntos, la desaprobación pasó del 14% al 53% (¡casi 40 puntos en 6 meses!).

Nada cambia. Como todos los años, las lluvias traen huaicos y, como consecuencia, tragedias: muerte, hogares e infraestructura destruidos, enfermedades y violencia los días siguientes. Y como todos los años, la capacidad de prevención del Estado es casi nula, así como la asistencia limitada e inoportuna. Parménides, aquel filósofo de Elea, nos miraría embobado. “¡Ven! Ya les digo, las cosas no cambian!”.

Alejandro Toledo fue un fraude que llegó al poder gracias a la contra ola desatada a la caída del corrupto régimen fujimorista. Alan García, autor de uno de los peores gobiernos democráticos de la historia, volvió al poder como respuesta al miedo que suponía el chavista Ollanta Humala. Y Ollanta Humala llegó al poder como respuesta al miedo que supuso, igualmente, el retorno del fujimorismo. PPK se convirtió en presidente de igual forma, con votos prestados de aquí y allá, una base popular estrecha, y la esperanza del mundo empresarial y tecnocrático.

Desde el punto más alto, allá por setiembre de 2016, la popularidad del presidente Pedro P. Kuczynski ha bajado entre 25 y 30 puntos, según distintas encuestas. En la última de GfK, solo en el último mes, cae 11 puntos (hasta el 35%). Es una caída importante y preocupante, pues un mandatario que no cuenta con una bancada fuerte o con un equipo tecnopolítico experimentado, y que no logra formar una coalición importante, necesita de un sostén popular para sobrevivir.

“Es importante que América Latina voltee la página”, ha dicho el presidente Kuczynski en referencia al caso Odebrecht, y no podríamos estar en mayor desacuerdo.

En entrevista al diario Correo, el economista Manuel Romero Caro sostiene que el contrato del Gasoducto Sur del Perú (GSP) se hizo “a la medida de Odebrecht”. Y por lo que relata, todo apunta a que fue así: la empresa habría presentado una serie de pedidos al gobierno, los ejecutivos se reunían (según un colaborador eficaz) con representantes de Proinversión, y el CEO de Odebrecht, Barata, se reunía con la Sra. Nadine Heredia para destrabar problemas.

Si a la tormenta política desatada por el caso Odebrecht se le une una tormenta, así sea de rango menor, económica, las cosas se pueden poner muy mal. Y pronto. Del lado político sabemos qué esperar: mientras no se haga pública la lista completa de jerarcas y partidos, funcionarios estatales y cómplices de distinto rango, las especulaciones en redes y plazas seguirán a la orden del día.

El ex procurador Ronald Gamarra dijo a Perú21–en una entrevista de Ricardo Monzón– que la Fiscalía está bailando “al son de Odebrecht”. Y no le falta razón. Hasta ayer, los peruanos creíamos que la Fiscalía actuaba persiguiendo los mejores intereses de los peruanos. Habíamos escuchado al fiscal Hamilton Castro asegurando que habían firmado un acuerdo con la empresa y que todo estaba bajo control. También habíamos escuchado al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, diciendo que confiaba en el fiscal Castro, que seamos pacientes, que ya caerían los peces gordos.

En el Apra le han bajado el dedo a Enrique Cornejo. Es obvio. ¿Suposiciones? Una es que serviría como pararrayos para los peces de talla mayor; otra es la lucha por el poder al interior de un partido (que se resiste a morir). Sea una u otra, Cornejo ha desafiado al poder; léase, a Alan García. Ha dicho, en entrevista con Patricia Quispe (publicada ayer en este diario), que Alan García es quien está detrás del “cargamontón” contra él. Y ha exigido, por si faltaban dudas del encontrón, que el ex mandatario García regrese “para que diga su verdad”.

El caso Odebrecht será, como suelen ser estos megaescándalos, un agujero negro que se tragará estrellas, luz y cuanto fenómeno (bueno o malo) se presente. De hecho, ya está ocurriendo. El foco se ha centrado en esta empresa (existiendo al menos otras 4 firmas constructoras brasileñas involucradas en el caso, y que operaban muchas de ellas exitosamente en Perú), desvirtúa cualquier acción de política pública del gobierno (buena o mala), ha incrementado la polarización social y política, así como puesto en cuestionamiento a medios, periodistas, abogados y una larga lista de “adeptos” a las causas de las constructoras, y así.

Era una muerte anunciada. Pasados los 30 meses sin poder conseguir el financiamiento para el proyecto Gasoducto del Sur, ayer se venció el plazo y terminó esta aventura que, a todas luces, suponía un beneficio jugoso para el consorcio, pero dejando el riesgo y el peso financiero en el Estado peruano. Léase, a sus contribuyentes.

La captura del ex miembro del Comité de Licitación de la Línea 1 del Metro, Edwin Luyo, así como el allanamiento y la orden de captura del ex viceministro Jorge Cuba Hidalgo, hoy prófugo, han sido percibidos como actos de menor trascendencia y escala. Cierto, ninguno podría ser considerado “un pez gordo”, pero de eso no se trata la búsqueda por la verdad. Para llegar a los verdaderos beneficiarios de las tropelías, así como a los montos totales desembolsados, la justicia peruana deberá actuar con más empuje y sentido de urgencia.

Según un nuevo reporte de Oxfam, “tan solo 8 personas poseen la misma riqueza que 3,600 millones de personas, la mitad más pobre de la humanidad”. La cifra, de ser cierta, es brutal, y llama a una serie de especulaciones. Oxfam, como imaginarán, no se queda atrás en estas. Para ellos, el incremento de la desigualdad hace las cosas “insostenibles” y llaman a evitar el desastre. ¿Cómo? He ahí el quid del asunto.

Como todo populista (además orgulloso de serlo), Donald Trump asumió la presidencia de la república norteamericana transfiriéndole el poder al pueblo. Fue al inicio del discurso, previo –como era de esperarse– al fervoroso aplauso del público que lo acompañaba: “Hoy… no estamos transfiriendo el poder de una administración a otra, o de un partido a otro, sino transfiriendo el poder de Washington… a ustedes, el pueblo”.

La caída de la aeronave que transportaba en Brasil al juez Teori Zavascki, más que un accidente, tiene todos los visos de ser un atentado. Si la hipótesis es cierta o no, lo sabremos en muchos meses (o años). En el ínterin, y por la memoria del juez, los brasileños y las instituciones locales e internacionales deberían trabajar con dicha hipótesis en mente.

Siguen algunos medios, colegas y analistas buscando utilizar el caso Odebrecht como una palanca para hacer política en lugar de una de moralización. Es una lástima; significa, entre otras cosas, que el proceso estará guiado por los ánimos de revancha, de protagonismo, de populismo, lejos de aprovecharlo como un ejercicio de introspección general, de limpieza y –en el mejor de los mundos– de reforma institucional a fin de minimizar otro caso en un futuro cercano.

El desplome de la popularidad del alcalde de Lima, Luis Castañeda, es sorprendente. Del 68% de noviembre baja 23 puntos para ubicarse en 45% en enero, por debajo –por primera vez– de su desaprobación (hoy en 51%). La desaprobación es notoria, además, en Lima Moderna y Centro, mientras aún se sostiene en conos (Norte, Este y Sur). ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue de ese 78% con el que brillaba a comienzos del año pasado?

En Colombia han sido apresados un senador y un ex viceministro implicados en el caso Odebrecht. Ayer, desde República Dominicana, nos enteramos de que la empresa fue conminada a entregar la información en tres días, y aceptó hacerlo. Existen más casos (los más notorios, EE.UU. y Brasil, por supuesto), pero hasta el momento, en el Perú, nada de nada. ¿Cuál es, exactamente, la situación de Odebrecht ante la Fiscalía peruana?

Uno. Para beneplácito de los antifujimoristas y la izquierda local, la percepción general es que las relaciones entre el gobierno y el fujimorismo van de mal en peor. De octubre a la fecha, la percepción de mayor cooperación ha bajado del 31% al 18%, mientras que la de mayor enfrentamiento ha pasado del 55% al 75%. Incluso, pasado el cónclave en la casa del cardenal Juan Luis Cipriani, el 46% cree que este ayudará a la gobernabilidad del país frente a un 42% que cree lo contrario. No llama la atención, entonces, que el 59% crea que las fricciones continuarán (frente a un 25% optimista). En efecto, la gobernabilidad durante el quinquenio pasa por una relación estable entre ambos partidos políticos; esto, por supuesto, es inaudito para algunos, y lamentablemente el gobierno siguió a pies juntillas esos consejos al inicio.

Las reglas de la política funcionan aquí y en la China: quienes están en el poder quieren retenerlo, y quienes no lo tienen… pues, bueno, ya se imaginan.

El día de ayer, en “S.O.S.”, analizamos la popularidad del presidente Kuczynski luego de la primera encuesta de Datum. Hoy, analizaremos la popularidad de la lideresa de la oposición y principal fuerza en el Congreso, Keiko Fujimori.

La primera encuesta del año de Datum trae cifras espantosas. Los registros de popularidad han sufrido un desplome generalizado, partiendo –por supuesto– por el del mandatario, Pedro P. Kuczynski, quien cae 8 puntos (pasa de 53% en diciembre a 45% en enero), pero pasa por primera vez a terreno negativo en el índice de popularidad (diferencia entre la aprobación y desaprobación).

Leo a Enzo Defilippi, ex funcionario del gobierno humalista y hoy columnista del diario El Comercio, criticando la instalación de la comisión Lava Jato. Para Defilippi, dichas comisiones no sirven para nada y, a lo mucho, servirán como circo mediático “funcional a quienes la conforman”.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dándole voz a dicha institución, ha sostenido que no aceptará ningún tipo de presión política sobre el caso de corrupción Odebrecht. Desde el punto de vista formal, jurídico, se entiende: cualquier tipo de manipulación inadecuada de la información será utilizada por la defensa de la firma como una ruptura de ciertos principios legales, poniendo el caso en riesgo.

El gobierno presentó, al final de los 90 días, 112 decretos legislativos, los cuales, en palabras del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, “buscan un Perú más justo y moderno”. En efecto, entre las normas sobresalen las ganas de acercar el Estado al ciudadano, algo repetido por parte del presidente Kuczynski, el premier y su equipo.

Fuertes y preocupantes las declaraciones del constitucionalista Enrique Bernales en la entrevista (realizada por Mariella Balbi) publicada ayer en Perú21. Para empezar, confirma lo dicho por este diario en días anteriores y sustentado en el informe presentado por dicho grupo de trabajo: el ex presidente Humala utilizó al Ejército peruano como una fuente de poder; para ello manipuló las cosas a fin de entronizar a su promoción con el objetivo de llevar adelante su plan político La Gran Transformación, intercambiando el poder con su esposa durante 15 años.

La semana pasada, en un artículo titulado “Izquierda corrupta”, señalé que no existían dudas sobre cuál de los dos sistemas político-económicos que predominan aún (capitalismo y socialismo) brindó sustanciales mejoras en la calidad de vida de los seres humanos, “casi desde cualquier punto de vista”.

Los peruanos no habíamos terminado de elucubrar las ramificaciones, desenlaces y escenarios futuros respecto al anuncio del Departamento de Justicia norteamericano, acerca de las corruptelas de la constructora Odebrecht, y dos cosas añadieron leña al fuego: por un lado, el cobro en las tarifas eléctricas de la concesión por el Gasoducto del Sur, y por otro, el nuevo peaje de la Panamericana Norte que acabó en los desmanes y lamentables heridos del día jueves.

Memento, también conocida como Amnesia, es un thriller dirigido por Christopher Nolan y protagonizado por Guy Pearce en el año 2000. La trama, nominada en su momento a dos premios Oscar, gira alrededor de la amnesia de Leonard, un investigador de fraudes de seguro, producida por un golpe y la cual se manifiesta de una manera atípica: puede recordar cosas del pasado, pero no aquellas del pasado inmediato. Por ello, Leonard usa una serie de fotos y registros (incluso tatuajes) para no “perderse” en su objetivo: cazar al hombre que habría violado y matado a su esposa.

Primero, esa súbita algarabía aquí, ese desmedido desconcierto allá, y aquella fingida exaltación acullá, recién cuando el Departamento de Justicia norteamericano revela su acuerdo con la empresa Odebrecht… en diciembre del 2016. ¿Qué pasó? ¿No les llamó la atención la entrega del Gasoducto del Sur a mediados del 2014, entre gallos y medianoche, en un concurso discutido y por la friolera suma de US$7,000 millones? ¿En serio? ¿No olía a gas cuando el ministro de Energía humalista Eleodoro Mayorga era denunciado por haber actuado como ex asesor de la empresa ganadora? ¿Y cuando se denunció que querían meternos otro proyecto (la famosa petroquímica) por US$7,000 millones adicionales? ¿Aun así no levantaron las cejas? ¿Y cuando salieron las primeras denuncias (foto incluida) de la relación de Martín Belaunde, aquel mandadero de Nadine, con la empresa Odebrecht en distintos proyectos regionales? ¿Tampoco? Vaya…

Hasta el autogolpe de 1992, nuestra institucionalidad legislativa recaía en dos cámaras: una de diputados, donde se redactaban y ponían en debate las leyes y se hacía fiscalización, y otra de senadores, donde se aprobaban finalmente las primeras y se seguían los procesos políticos de las segundas. La Cámara de Diputados era así una de mayor acción legislativa y política, la de Senadores una de mayor reflexión y poder.

Uno. No debe sorprendernos el retorno del Dr. Moreno a la arena pública. Como hemos sostenido tantas veces, nuestra precariedad institucional es una invitación a dicho comportamiento. Si de apostar se trata, en un par de semanas nadie se acordará del tema, el procedimiento que se le sigue en la institución no llegará a nada, y si llega, será para expulsar al susodicho. En el ínterin, todos tranquilos.

Tengo la esperanza de que en el 2017 un juez o fiscal se alucine el abanderado de la lucha anticorrupción, algo así como la versión criolla del famoso juez Moro de Brasil. No sé por qué, pero tengo la expectativa de que no nos sorprenderá nuestro sistema judicial y que, por el contrario, el ecosistema empezará a jugar a favor de los corruptos.

Termina otro año y, como es usual, nos preocupamos por los recuentos y las expectativas. Lo hemos dicho antes, el 2016 no fue un buen año en grandes rasgos: una campaña muy polarizada, un resultado que hace difícil la gobernabilidad de los próximos 5 años, el término de un gobierno mediocre y corrupto, el estallido de un caso de corrupción que remecerá los cimientos políticos, sociales y empresariales del país, la economía ralentizada y la inversión privada en pausa, en fin… sobran las razones para considerar al 2016 un año antipático, complicado.