23.JUL Domingo, 2017
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LA PORTADA DE HOY

"Creí en sus palabras"

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Columna Juan José Garrido

El gobierno anterior ha dejado una larga lista de proyectos, obras y gasto público inútil, y encima con olor a corrupción. Esto es innegable: megaproyectos de bajo rendimiento social y sobrevaluados (Talara en casi 5 veces, Gasoducto del Sur en casi 7 veces, la compra de los pasaportes, helicópteros y demás gastos militares, por ejemplo), contratos por servicios entregados a dedo a amigos cercanos (relaciones públicas y prensa, seguros para entidades públicas, construcción de hospitales y demás), un tétrico círculo de confianza militar-policial (Daniel Urresti, Wilfredo Pedraza, Adrián Villafuerte, Iván Vega y muchos otros), operadores cercanos en sectores económicos (como Martín Belaunde, Eleodoro Mayorga y Gustavo Salazar, por ejemplo) y, por supuesto, los amiguísimos en puestos claves del Estado (la partera Cristina Velita, Rocío Calderón y otras que están por hacerse famosas). En fin, que la lista es larga.

Uno. Según cuenta Marcelo Odebrecht, los US$3 millones que les habría dado a Ollanta Humala y Nadine Heredia fueron a pedido del Partido de los Trabajadores brasileño (PT). Sería el ex presidente Lula quien habría solicitado el apoyo. La plata, ya sabemos, salió de las cuentas estructuradas, fondos no contabilizados e ilegales que usaba la empresa para las coimas. El dinero sería parte de un “fondo” que tenía el PT y Lula con Odebrecht. Es decir, era dinero que Odebrecht tenía para libre disposición del PT; si ellos le decían “dale a X tanto dinero”, la empresa simplemente daba el dinero y descontaba del “fondo”. ¿Para qué Lula le daría US$3 millones a Ollanta Humala? No era para hacer negocios; si eso fuese así, los que hubieran pagado la coima hubiesen sido las empresas. ¿Solo para ayudarlos a llegar al poder? ¿No será que habían otros proyectos, más importantes aún, que ameritaban dicho apoyo? Hay algo que no estamos viendo en esta trama.

Gravísima denuncia realizada por la, ahora, ex presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado Julia Príncipe. En el mejor estilo humalista, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, sostuvo que esta habría renunciado ante la salida de la procuradora Ampuero, cuando en verdad, según la Dra. Príncipe, la habrían separado (léase, despedido) por no aceptar dicha destitución.

Dentro de las muchas razones que ha brindado la coalición mediática de la pareja Humala-Heredia, ninguna tan absurda como la que sostiene el resurgimiento político de ambos gracias a la decisión del juez Concepción Carhuancho de otorgarles, a ambos, prisión preventiva.

En los últimos años, y por distintas razones, hemos aprendido mucho sobre nuestro sistema de justicia (o de injusticia, para ser más exactos). Hablamos de la necesidad de hacer “reformas institucionales”, un concepto tan amplio como gaseoso a estas alturas. Con que hagamos dos o tres cosas puntuales, sería suficiente para esperar cambios en el tiempo.

Una de las más escuchadas formas de defensa de la pareja Humala-Heredia ha sido señalar a otros sospechosos, en particular al ex presidente García y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. ¿Y el ex presidente Toledo, sobre quien pende un pedido de captura? Por obvias razones, si estos espontáneos defensores del ex presidente Humala tuvieran sangre en la cara, estarían preguntándose cuándo la justicia caerá encima del ex presidente Toledo, cuyo caso tiene todas las pruebas para ponerlos a él y a su esposa (y círculo cercano) varios años en la celda.

Las corruptelas de la pareja Humala-Heredia, como las de cualquier funcionario público, son asquientas y deben ser investigadas y sancionadas. Sí, igual que las del fujimorato, apristas, belaundistas, toledistas y todos aquellos que ya conocemos. Unos robaron más, otros robaron menos; unos robaron, otros dejaron robar. Da lo mismo un sol que cien millones.

La semana pasada, en “Anatomía del antifujimorismo”, sostuve que el “fujimorismo no conoce y no entiende al antifujimorismo”, creyendo que el mismo era solo un grupo de rojetes y caviares que no deben preocupar a nadie. Esto, por supuesto, es un error, y uno que les cuesta muy caro. El antifujimorismo ha sido muy exitoso en lo que más le interesa: impedir que el fujimorismo llegue, de nuevo, al poder.

La defensa mediática y legal del ex presidente Ollanta Humala y de su esposa, la Sra. Nadine Heredia, o bien se encuentra confundida, o bien busca confundir a los peruanos. Algunos ejemplos de sus dislates.

No faltaba nada. Tenía los testimonios de los corruptores, ambos citando monto y procedencia del dinero ilícito, las referencias de la entrega, los registros de las cuentas (¡a nombre de las hijas!), los registros de puño y letra en las agendas (las negadas y vapuleadas agendas), el modus operandi del lavado (los aportantes fantasmas), las declaraciones de los aportantes fantasmas (¡usaron a familiares!), el evidente desbalance patrimonial… todo.

Según fuentes de ambos partidos, la cumbre del presidente Kuczynski y la Sra. Fujimori fue cordial, franca y sincera, y se trataron diversos temas de interés nacional, sobre todo, según lo trascendido, tres: la corrupción y su impacto en la economía y la salud moral del país, la reconstrucción del norte, y la desaceleración económica.

Como era de esperarse, ayer el fiscal Germán Juárez (Fiscalía de Lavado de Activos) solicitó la prisión preventiva del ex presidente Ollanta Humala y de su esposa, la Sra. Nadine Heredia. Y como era de esperarse, no tardaron los nadinistas en salir a desinformar y deslegitimar las acciones de dicha fiscalía.

Hoy, como sabemos, se reúnen en Palacio el mandatario Pedro P. Kuczynski y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. La cita se produce a pesar de que la iniciativa fue vista, por algunos, como una “presión” del fujimorismo y que la respuesta no cayó bien en distintos sectores. En todo caso, y salvo por una razón extraordinaria, se reunirán hoy ambos líderes y la pregunta clave es: ¿qué esperar del cónclave?

Uno. La narrativa del gobierno y del antifujimorismo sostiene que el comportamiento confrontacional y abusivo del fujimorismo le pasará factura, perdiendo con ello posibilidades electorales futuras. No es, sin embargo, lo que dicen las encuestas: Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, se mantiene en su rango histórico, hoy con 39%. Cierto, encuentra un fuerte rechazo en el sur (y moderado en Lima y entre los jóvenes), pero en el agregado la confrontación parece no pasarle la factura como pensaban sus detractores (o, al menos, no una factura tan onerosa).

Ante la posibilidad de un indulto al ex presidente Alberto Fujimori, el viernes se realizó una marcha contra la misma por el Centro de Lima. La movilización se organizó en pocos días, para realizarse un viernes en la noche, y logró captar adeptos y la atención de los medios. Los organizadores, es verdad, no son ajenos a la producción de estas demostraciones, pero mientras para los organizadores y sus seguidores la marcha fue multitudinaria, para los fujimoristas no fue más que unos cuantos rojetes, nada de lo que habría que preocuparse.

Según la última encuesta de Datum, publicada ayer en Perú21, la popularidad del presidente Kuczynski cayó en el último mes 7 puntos, del 45% de Junio al 38% actual. Esta caída sitúa al mandatario a 3 puntos de su mínimo histórico en marzo. Como recordamos, la caída del 65% en setiembre al 35% de marzo estaba atada a desaciertos del ejecutivo más que a razones atribuibles a la oposición. Los desastres naturales de marzo y abril aunaron a los peruanos detrás del gobierno, llevando la popularidad del mandatario al 45%, en el que se mantuvo en un margen mínimo hasta junio.

La remoción del contralor Edgar Alarcón abre el espacio para que el Ejecutivo –quien propone– y el Legislativo –quien designa– aporten a la institucionalidad, la lucha contra la corrupción y la impunidad, y sentar los estándares que un país desarrollado exige (no digo que seamos desarrollados, pero podríamos ir apostando por ciertos rasgos y patrones de los mismos).

Dos aspectos puntuales de la carta de respuesta cursada por el presidente Kuczynski a la lideresa de Fuerza Popular han llamado la atención a más uno. Primero, la negativa a recibir como tercer invitado al líder histórico del PPC Luis Bedoya Reyes; segundo, la pretensión de llevar los temas tratados al Acuerdo Nacional.

Todo peruano que ponga al país por encima de las ambiciones o rencillas personales debería estar esperanzado con la cumbre Pedro P. Kuczynski-Keiko Fujimori. Si de encontrarle tres pies al gato se trata, hay madera para cortar en ambos lados; y claro, no han faltado quienes señalen los mensajes escondidos en las cartas, la menudencia en lo que hasta hace poco parecía improbable.

Frente a lo que muchos analistas pronosticábamos (que un diálogo entre el oficialismo y el fujimorismo o no se produciría o serviría de poco), ayer la Sra. Keiko Fujimori, presidenta de Fuerza Popular, formuló un pedido de diálogo al presidente Pedro P. Kuczynski. La solicitud enmarca dos temas a tratar, la reconstrucción y la lucha contra la corrupción, temas que –como sabemos– se encuentran al tope de las preocupaciones ciudadanas (junto a la inseguridad y sensación de parálisis económica). Cierto, dicha iniciativa se esperaba del gobierno, no de la oposición. Todo apunta, para aquellos que disfrutan de las teorías conspirativas, a que no fue una solicitud “acordada”: ayer por la mañana, pocas horas antes de hacerse pública la solicitud, el mandatario se quejaba públicamente de los “escandaletes de quinta” que, en su opinión, distraen a los peruanos. ¿A qué se refería?

Uno. El día de hoy, si nada extraordinario o nauseabundo se presenta, será removido de su cargo el contralor Edgar Alarcón. La verdad es que, a estas alturas, ya no interesa cuántos carros compró, su título o los audios; es su presencia y actuación la que se ha vuelto intolerable, y no para el gobierno sino para los peruanos. Sí, es cierto, desde los inicios de este gobierno se puso al frente de distintas investigaciones y auditorías sobre grandes proyectos de inversión pública (y pública privada); pero después de ver las derivadas, sus informes y su proceder, pues pareciera que no era amor al chancho, sino al chicharrón. Esperemos que el Congreso actúe y confirme el acuerdo por unanimidad del grupo de trabajo encargado.

Ayer, en “La ilusión del diálogo” (El Comercio), Fernando Rospigliosi sostiene que es improbable que una conversación entre el presidente Kuczynski y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, resuelva el problema de la crispación y los enfrentamientos entre oficialismo y oposición. Por varias razones, dice, no tiene sentido pedir el diálogo y más bien se debería apelar o por intensificar el enfrentamiento que “amenace su fuente de poder (el Congreso)”, o por una negociación que parta por el indulto del ex presidente Alberto Fujimori y obligue a la oposición a conciliar en algunos puntos de la agenda oficialista.

Christian es bajo, muy delgado, usa gorro hasta en verano, músico multiinstrumentalista, apasionado de la lectura y padre de una pequeña. Ah, verdad, me olvidaba, Christian también es bombero. Por eso no me sorprende cuando llama a preguntar si puede salir a una emergencia. ¡Por supuesto! Y entonces sale corriendo, con la mirada concentrada, sin perder el tiempo. Christian trabaja en Perú21; de hecho, es una de las piezas claves en la producción de distintos informes y proyectos editoriales. Siempre le agradecemos por ellos; nunca, sin embargo, cuando aparece en la oficina después de una emergencia.

Alguien ha desatado una clara maniobra de desestabilización, no solo contra el gobierno sino contra nuestro frágil sistema democrático. Si lo hace con pleno entendimiento de las consecuencias o como producto de la desesperación, no interesa a estas alturas. Lo importante, y sobre lo que debemos como sociedad cerrar filas, es que alguien (sea un individuo o una coalición) busca crear un clima enrarecido, a sabiendas de que nuestra precariedad institucional facilita las escaramuzas.

Ayer, como sabemos, culminó el periodo legislativo 2016-2017 bajo la presidencia de la congresista fujimorista Luz Salgado. Sin duda, ha sido un año accidentado, por decir lo menos. No por la dirección de la Mesa, la cual –hay que decirlo– estuvo a la altura del encargo, sino por la acción frontal contra muchas de las iniciativas del Ejecutivo, así como contra algunos de sus ministros.

El general chino Sun Tzu partía por una regla elemental: lo que diferencia al estratega experto del principiante es que el primero busca someter al enemigo sin combatirlo, sin derramar una gota de sangre. En “El arte de la guerra”, Sun Tzu propone algunas ideas que bien haría en atender el presidente Kuczynski, sobre todo en estos tiempos en los que hasta el analista más estable propone soluciones inadmisibles e imposibles de llevar a la práctica.

El país requiere, de manera urgente, de grandes dosis de unidad, ese pegamento natural propio de los países desarrollados. Sin aquel ingrediente, seguiremos siendo, ad infinitum, el país de las oportunidades perdidas.

El presidente Kuczynski evalúa, seriamente, la posibilidad de indultar al ex presidente Alberto Fujimori. Algunos han asegurado que se producirá, otros han puesto hasta fecha, pero, como dicen, esto no se acaba hasta que se acabe. El indulto ha puesto al antifujimorismo en alerta máxima, Defcon 1 en términos nucleares: al presidente Kuczynski lo han insultado y amenazado. Su ministra de Justicia se adelantó con una frase que augura su reacción si se produce. Así están las cosas.

Como era conocido, llegó la declaración que hiciera Marcelo Odebrecht a la Fiscalía peruana hace unas semanas, y es –palabras más, palabras menos– lo que se hizo público en los días siguientes.

Sobre el indulto. A estas alturas queda meridianamente claro para los peruanos ciertas cosas respecto al potencial indulto presidencial al ex presidente Alberto Fujimori. Primero, una mayoría de peruanos se sienten a favor del mismo; segundo, solo la vía del indulto humanitario sería válida, y es el presidente Kuczynski quien tiene la palabra; tercero, otorgar el indulto disparará fuerzas que deben ser analizadas en frío por el gobierno, mientras no-otorgarlo es también un riesgo (que el ex presidente Fujimori fallezca encarcelado, algo que sería percibido como inhumano); finalmente, si deciden hacerlo, no solo deberán medir las fuerzas sino buscar el momento adecuado.

La salida del ministro Alfredo Thorne es un golpe muy fuerte para el gobierno, y en especial para el presidente Kuczynski. Thorne, además de sus dotes como persona y profesional, fue la mano derecha del mandatario cuando aún era PPK: viajaban juntos, intercambiaban puntos de vista y demás.

Rechazada la cuestión de confianza presentada al Congreso por el ministro de Economía, Alfredo Thorne, quien presentó su renuncia ante dicho voto, suman 4 las bajas del primer gabinete del presidente Kuczynski. Algunas observaciones por hacer.

El congresista oficialista Guido Lombardi sostuvo hace un par de días en los pasillos del Legislativo: “Habrá que confrontar a los abusadores que son mayoría en el Congreso. (…) Puede caer el gabinete entero y nombraremos a un gabinete en el que esté incluido Thorne en algún ministerio o en el premierato para que los censuren de nuevo, a ver si estos ganapanes se atreven a perder su quincena”.

Hizo bien el ministro Thorne presentando la “cuestión de confianza” ante el Congreso de la República. Como muy bien ha señalado, no es posible cumplir con su encargo sin la confianza de la representación nacional y, por ello, era imprescindible terminar este episodio cuanto antes.

Durante la segunda vuelta, con una mayoría fujimorista en el Congreso, los analistas señalaban los pros y contras de los escenarios finales; lo central, a fin de cuentas, se situaba en el balance del poder: si ganaba, Keiko Fujimori tendría en sus manos el Ejecutivo y el Legislativo, con lo cual cualquier manifestación de autoritarismo se podía convertir en realidad; si ganaba Pedro P. Kuczynski, el poder estaría balanceado, pero con limitada capacidad de acción.

“La realidad, creo yo, no necesita que nadie la organice en forma de trama, es por sí misma una fascinante e incesante Central creativa”.

El Banco Central de Reserva del Perú ha revisado a la baja su proyección de crecimiento económico para este año de 3.5% (en marzo) a 2.8%. Es una reducción considerable, sin duda, pero que se sustenta en la tendencia, los desastres naturales en el primer trimestre y la paralización de distintos proyectos como el Gasoducto del Sur, por ejemplo.

En teoría de juegos, el juego más popular es aquel conocido como “el dilema del prisionero”. En él se estudian, en resumen, los costos y beneficios de adoptar una posición frente a distintos escenarios.

El arresto del ex presidente panameño Ricardo Martinelli en tierras norteamericanas ha puesto sobre el tapete la anodina iniciativa jurídica por traer al ex presidente Alejandro Toledo para que responda ante la justicia peruana. Y es que, estudiado el caso, todo apunta a un pésimo ejercicio fiscal.

Hay situaciones políticas que se caen por obvias. La censura del ministro Saavedra, por ejemplo. Más allá de las simpatías o antipatías, era vox populi el resultado de la votación a favor de la censura. El gobierno sabía que lo censurarían y, sin embargo, optaron por esperar el desenlace. ¿Por qué? ¿Qué ganaban con eso? Para Saavedra, la censura era una suerte de amuleto para el futuro, sería recordado como una suerte de “símbolo” de lo que es capaz de hacer el fujimorismo cuando tiene poder. Punto para los antifujimoristas.

“Lo que yo quisiera de España es que conozcan mejor al Perú y atraer aquí grandes empresas constructoras, porque con el escándalo de Odebrecht, las brasileñas poco a poco pierden aquí relevancia e importancia, y necesitamos reemplazarlas”, declaró hace unos días el presidente Kuczynski a su paso por España y, bueno, uno no puede sino preguntarse en qué rol brinda estas afirmaciones, como analista, banquero de inversión o presidente del Perú.

Los malos policías, que abundan, aprovechan la placa (el símbolo de poder) para crearse ingresos paralelos, la mayoría de ellos enmarcados en las famosas coimas; otros, más avezados, van más allá: roban droga de carteles, asesinan a sueldo, capturan a pedido, y así. Depende mucho, por supuesto, de cuál es el rango y cuál es la unidad en la que trabajan. Por ejemplo, es conocido que quienes pertenecen a las unidades de investigación (con lo cual tienen acceso a escuchas, seguimientos, entre otros) terminan utilizando dichas prerrogativas para hacerles trabajos al gobierno de turno y/o a agentes privados.

El 12 de abril, apenas dos días después de la primera vuelta de las elecciones generales 2016, sostuve en estas páginas lo siguiente: “Los programas de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski tienen más semejanzas que diferencias, lo cual puede llevar a ambos grupos a alejarse de un debate programático para centrarse en insultos, acusaciones y guerra sucia. Esperamos que, advertidos de ello, realicen todo esfuerzo por mantenerse alejados de dicha estrategia electoral. No solo basta con que los líderes enfaticen y promocionen un debate de ideas y no de insultos, también deberán los voceros (oficiales y no oficiales) hacer el esfuerzo. Otra vez, ojalá lo entiendan así”.

Conocí a Carlos Basombrío, hoy ministro del Interior, pocos días antes de que asuma el cargo de Defensor del Lector en Perú21. Por supuesto, como muchos, lo seguía antes como analista y experto en seguridad. Pero es a través de su gestión como DdL que pude conocerlo como profesional y como persona, y si algo debo destacar es su honestidad e integridad absoluta.

La sensación de impunidad y de injusticia está a tope en el Perú. Ni para los entendidos –aquellos que se encuentran permanentemente informados, que conocen la estructura organizacional del Estado, cuáles son los mandatos y límites, y cómo funciona cada organismo– queda claro quién es el responsable, al final, de esta cuchipanda inacabable a costa de los contribuyentes. Muchos de ellos, con razón, ponen el grito en el cielo, a sabiendas de que resolver el problema no es cuestión de un organismo o una persona, menos aún de una decisión. El problema es complejo, requiere de muchos acuerdos, y no se resolverá de la noche a la mañana.

¿Cuánto más aguantarán los peruanos esta sensación de impunidad absoluta, de ausencia de Estado y de justicia, de sentirnos los idiotas que pagamos las cuentas para que otros se forren a nuestras expensas? Hace años, uno hubiese pensado que ya, en cualquier momento, la ciudadanía dará el paso a la protesta y que pronto veremos en calles y plazas a miles, indignados, presionando para que las cosas cambien. Como Brasil, hace poco, cuando salieron a las calles cerca de 6 millones a exigir justicia. Hoy, después de ver por años cómo nos roban en las narices y nada ocurre (o peor aún, ocurre que se ríen), pues no hay esperanza. Hemos tirado la toalla, o al menos, eso parece.

Algunas observaciones sobre el último estudio de segmentación ideológica realizado por Datum para Perú21 y publicado ayer en el diario.

Alarmantes, por decir lo menos, las cifras del reciente estudio ideológico preparado por Datum para Perú21. Como podemos ver, la población ha ido girando de manera perturbadora hacia el autoritarismo. Cuando en 2014 descubrimos un espeluznante 31% de peruanos que profesaban ideas de un autoritarismo anacrónico y rancio, jamás imaginamos que en tres años nos enfrentaríamos a una población, ahora mayoritaria, de 45.8%.

Y así, como si nada, amanecimos ayer con la noticia de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dejaba sin efecto el contrato para el aeropuerto de Chinchero, y encima por mutuo acuerdo. Cierto, el contrato se caía por peso propio: 81% de los ciudadanos cree que hubo corrupción en la adenda firmada y 49% (frente a un 26%) le daba la razón a la Contraloría frente al MEF (o sea, al Ejecutivo). En resumen, el contrato se veía como un error y se percibía corrupción en el mismo (Datum, junio de 2017).

Parte esencial del sistema de libre mercado es que los acuerdos a los que llegan compradores y vendedores se respeten; léase, que dichos acuerdos se lleven a cabo, que las partes se sientan satisfechas con dicho intercambio. Establecido el precio y las condiciones del bien o servicio en la compra y venta, a los cuales han arribado ambas partes en el estimado de sus preferencias y necesidades, es crucial que el acuerdo se concrete siguiendo los pormenores esperados: que el bien responda a la calidad ofrecida, que el servicio mantenga la pauta acordada, etcétera.