28.MAY Domingo, 2017
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LA PORTADA DE HOY

"PPK no tiene audacia política"

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Columna Fernando Cáceres

Las acciones recientes de la Contraloría General de la República (CGR), en su auditoría a la adenda de Chinchero y la presentación del proyecto de ley 1292, que restringe la defensa legal estatal gratuita a los funcionarios públicos, muestran que ser uno es hoy una profesión de alto riesgo. No amenazará tu integridad física, pero sin duda sí la psicológica.

Hace pocos días, el jefe del Seguro Integral de Salud (SIS), Edmundo Beteta, afirmó que “son aproximadamente cuatro millones de compatriotas que, sin ser pobres, tienen una condición de clase media y podrían contribuir e ingresar a una modalidad semicontributiva”. La visión pareciera ser la de convertir al SIS en el Essalud de los trabajadores independientes de clase media.

La reconstrucción con cambios, en palabras del presidente Kuczynski, conllevará ‘un severo freno al tráfico ilegal de tierras, y responsabilizará a los alcaldes y funcionarios que no respondan’. Pero para lograrlo no bastará con aplicar ‘palos’ si a la par no se ofrecen ‘zanahorias’.

El Gobierno ha creado una Comisión de Protección Social que planteará –en julio próximo– reformas necesarias para financiar la ‘cobertura universal de aseguramiento de salud y protección previsional’. El esfuerzo es aplaudible. La pregunta es si, por cálculo político, no se obviarán problemas que llevan años postergados. Uno de ellos se llama Essalud.

Imagine que usted puede escanear los productos que desea comprar, a fin de obtener una tabla comparativa de cuáles son las marcas más saludables disponibles, en términos de nutrientes y calorías. Ahora imagine que su mapa genético ha sido descifrado, y que usted ya sabe que para evitar contraer una enfermedad, como una diabetes, deberá reducir el consumo de ciertos nutrientes y aumentar el de otros.

El Congreso ha aprobado una iniciativa que sanciona con cárcel el acaparamiento y la especulación de bienes de primera necesidad en zonas declaradas en emergencia. Una medida prácticamente inaplicable, y que ha sido aprobada tan rápido que los parlamentarios ni siquiera han evaluado el trabajo del Indecopi ni las alternativas planteadas en el Congreso.

Las crecidas fluviales que ponen en peligro nuestras ciudades no se dan todos los años. De ahí que sea particularmente difícil el lograr que nuestros políticos ejecuten proyectos de reconstrucción que se enfoquen en el largo plazo, en lugar de realizar obras dirigidas a cosechar aplausos inmediatos. En Piura, por ejemplo, no se trata de extraer arena del cauce y colocarla a un lado. Ni de levantar diques en el Bajo Piura para que no se inunde. Eso es exactamente lo que se hizo antes, y miren los resultados.

“Cuando la naturaleza se ensaña, no hay forma de pararla”, dijo el ex ministro de Agricultura Juan Manuel Benites, delineando el ‘salvavidas’ que varios políticos buscan para no hacerse responsables de la insuficiente prevención realizada. Pero lo ocurrido en Piura, hasta ahora, no es un caso de ‘naturaleza imparable’, sino de improvisación.

Hay muchas familias que en los últimos días no han recibido una sola gota de agua por sus cañerías. La situación es propicia para que quienes tenemos conexión a red, y gastamos hasta 4 veces más agua de la necesaria (OMS), nos pongamos en los zapatos de esos 4 millones de peruanos que tienen que vivir todos los días preocupados por conseguir agua para tomar, cocinar, bañarse y limpiar.

Las adendas son modificaciones contractuales de las relaciones privadas y públicas. El término se ha vuelto famoso, porque se intuye que este habría sido el principal vehículo de la corrupción brasileña, en casos como los tramos 2 y 3 de la IIRSA Sur. No obstante, solo 22% del incremento presupuestal de estos tramos se ejecutó a través de adendas. Para incrementar el 78% restante, bastaron un mal contrato y sendas normas del Congreso y el Ejecutivo.

Venezuela es el país con la menor desigualdad económica en toda la región, pero a su vez cuenta con el menor ingreso promedio por habitante, llegando a penas a los US$27 por mes. Si bien la situación es catastrófica, el actual gobierno se las ingenió para instalarse por 17 años en el poder, lo cual fue posible gracias al uso de programas sociales –mal diseñados– con fines populistas. Uno de ellos es la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), el cual fue iniciado por Chávez para proveer viviendas a familias damnificadas por las lluvias que azotaron Caracas en el 2010.

Hasta ahora, los escándalos de corrupción de las constructoras brasileñas han golpeado merecidamente a varios ex funcionarios del Poder Ejecutivo y a algunos empresarios. Pero pocos reflectores se han puesto sobre el papel que jugaron los congresistas en el diseño de los vehículos que empleó la corrupción, como leyes y decretos de urgencia.

A raíz de los recientes escándalos de corrupción, muchos analistas vienen intentando vincular corrupción con tecnocracia y modelo económico de mercado en un audaz intento por despercudirse del inmenso peso que tuvo, en todo este esquema, el brasileño Partido de los Trabajadores.

El socialismo del siglo XXI lleva más de 17 años haciendo estragos en Venezuela y hace no mucho tiempo Ollanta Humala trató de importarlo al Perú, con el endoso de Lula, lo que para nuestra suerte no sucedió.

Este año habrá menos dinero que el esperado en nuestros bolsillos, y se crearán menos puestos de trabajo para los más jóvenes. Las coimas de las constructoras brasileñas tendrán mucho que ver: muchas de las adjudicaciones se tendrán que revisar, y esto reducirá tanto la inversión privada como la pública.

“Es como si a un conductor ebrio le bastara confesar al policía que ha sido un error y este arranque de sinceridad fuera suficiente para que el agente le perdone la multa y zanje el asunto”, afirmó Hildebrandt en sus Trece (H13), en una nota sobre cómo debería tratar el Indecopi a las empresas que reconozcan su responsabilidad frente a los consumidores. Un tema de actualidad, por los recientes cambios que hizo el Ejecutivo al Código del Consumidor.

Usted compró un producto defectuoso, y tiene dos opciones. De un lado, puede llegar a un acuerdo satisfactorio con el proveedor sin tener que iniciar un proceso ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Y, si la empresa incumple, recién intervendría el Indecopi para sancionarla con hasta S/810,000 y ordenarle la reparación, reposición o devolución del dinero. De otro lado, puede iniciar un proceso –que puede durar dos instancias y luego ir al Poder Judicial– para que se sancione ejemplarmente al proveedor y se ordene la reparación, reposición o devolución del dinero.

Cualquiera que lea los 111 artículos de la nueva Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, sin revisar las disposiciones finales, concluiría que Sedapal –por fin– será sometida a algún tipo de asociación público-privada (APP). Y si bien no es verdad tanta belleza, el nuevo marco institucional trae algunas novedades que podrían mejorar el sector saneamiento.

“Una de las novedades de la norma es el establecimiento de severas sanciones disuasorias por infracciones a las normas laborales al incrementar en hasta diez veces los montos que se venían imponiendo…”, expresó en tono amenazador el gobierno de Ollanta Humala al crear la Sunafil (2013). Ante lo cual muchas mypes simplemente deben de haberse reído…

El ministro de Trabajo anunció ayer que la Sunafil (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral) entrará en reorganización, con el propósito de convertirla en un instrumento que apoye la formalización laboral. El objetivo es central, pues ninguna reforma laboral logrará legitimidad social si no viene acompañada por una institución capaz de prevenir y sancionar abusos laborales. Cuando se creó la Sunafil, se multiplicó por diez el tope de las multas, pero nada se hizo para desincentivar las infracciones y fomentar la formalidad. La ocasión es propicia para hacerle llegar al ministro tres propuestas de Contribuyentes por Respeto y la Asociación PYME Perú dirigidas a lograr el propósito trazado:

El congresista Cevallos, del Frente Amplio, ha presentado un proyecto de ley (PdL) que plantea declarar de interés público el acceso al Atazanavir, medicamento antirretroviral para el VIH cuya patente vence el 20 de enero de 2019. El mayor sustento de este proyecto es que el medicamento tiene un precio superior al de otros países, como Bolivia. Esta declaratoria abriría la puerta para poder establecer una licencia obligatoria, que es una excepción a las reglas de la propiedad intelectual, que permite suspender el derecho exclusivo del titular para que un medicamento pueda producirse, usarse y venderse. ¿Se justifica recurrir a una medida como esta?

Contribuyentes por Respeto (CpR) realizó un taller con 16 lideresas de 8 asociaciones de pacientes. Cuando uno los escucha hablar sobre su día a día lidiando con el Estado para obtener medicamentos, advierte que la mayoría cree que el origen de los problemas de desabastecimiento son las mafias y la corrupción existentes en las entidades públicas. En corto, los usuarios creen que las farmacias de los hospitales hacen un “negociazo” con sus medicamentos.

Sr. Pedro Pablo Kuczynski:

En respuesta a la Parte 1, Gastón tuvo la gentileza de contactarme para aclarar que, a través de ‘Yuntémonos’, él no estaba promoviendo subsidios, aranceles, prohibiciones ni regulaciones. En cuanto a lo comercial, su propósito es equilibrar la información para la libre elección, con lo cual estoy de acuerdo.

Hace pocos días, en una entrevista de Perú21 a Gastón Acurio, en el marco de Yuntémonos, este afirmó: ‘Hay una necesidad urgente de promover un estilo de vida basado en una alimentación local, estacional… a partir de políticas públicas’. Y acto seguido dijo que ‘abrir las fronteras siempre ocasiona cosas buenas… Tenemos que defender el libre comercio a muerte’.

Los bancos siempre estarán en el ojo de la tormenta. El origen de su permanente estado de crisis es que venden productos difíciles de comprender. Hoy, por ejemplo, existen 14 comisiones aprobadas por la SBS para tarjetas de crédito, 11 para cuentas de ahorro y corriente, 9 para créditos hipotecarios y de consumo, y así. Una asimetría informativa considerable, entre proveedores y consumidores, que genera la percepción constante de poder ser víctima de abusos.

Entre 2005 y 2016, las pensiones de colegios privados subieron cerca del doble (GEF). ¿Cuántos padres de familia quisieran que el Estado regule los precios de la matrícula 2017? No es que me haya vuelto intervencionista; de hecho, creo que sería una muy mala medida. Lo que intento es reflexionar si se está haciendo lo suficiente para no alimentar un caldo de cultivo, frente al cual puedan venir pronto políticos populistas a ofrecer regulación de precios o medidas similares.

El lunes, en una entrevista en RPP, Verónika Mendoza repitió algo que el Frente Amplio ha venido diciendo incesantemente durante la campaña: no al Tratado Transpacífico (TPP), pues afectaría el derecho de acceso a medicamentos. Más allá de lo que propone el TPP sobre el acceso a los medicamentos, quisiera detenerme en la importancia de ampliar nuestro enfoque hacia la salud pública.

Richard Webb, ex director del BCRP, explicó que en el Banco Central abunda el criterio técnico en materias monetarias, mas no en otros aspectos de la vida económica y social, y que el directorio es una oportunidad para complementarlos. De hecho, la interpretación del artículo 11 de la Ley Orgánica del BCRP ha venido dándose en esa dirección; si bien requiere que los directores tengan experiencia en economía, ha permitido contratar a no economistas, con experiencia, por ejemplo, en gestión pública y empresarial.

Frente a un editorial de El Comercio que cuestionaba que el presidente no hubiera hecho mención a los corruptores con ocasión del escándalo de su ex asesor en temas de salud, el presidente declaró que “ambos lados tienen que ser castigados. Hay que aplicar la muerte civil al privado que puso la plata”, y el presidente de la Confiep deslindó con los ‘negociazos’ afirmando que “esos no son empresarios… son ladrones” y subrayó que “ya en la Confiep todos los gremios que son miembros cuentan con códigos de conducta… con ‘dientes’ (posibilidad de sancionar)”.

@fdocaceres

El ministro del Interior, Carlos Basombrío, está buscando que los alcaldes dispongan de más recursos para luchar contra la delincuencia, para lo cual ha propuesto que los arbitrios de seguridad se cobren vía los recibos de luz.

La semana pasada se publicó el nuevo Índice de Libertad Económica del prestigioso Fraser Institute. Lamentablemente, el Perú descendió 10 posiciones, ubicándonos en el puesto 52/159.

Estimado ministro, como es de su conocimiento, el Poder Ejecutivo ha propuesto incrementar en 72% el presupuesto destinado a mejorar el acceso al agua y saneamiento durante el 2017. Esta noticia, sin embargo, no puede considerarse en sí misma positiva, pues, de no modificarse el marco institucional bajo el cual trabajan las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), corremos el riesgo de tirar, nuevamente, recursos al agua.

Hace algunos años, la ex congresista Rosa Mavila dijo que estaba en contra de que ciertos asuntos, como regulaciones con impacto ambiental, se analizaran bajo un enfoque costo beneficio. La resistencia a aplicar un enfoque económico a los proyectos normativos no es nueva. En EE.UU., tuvieron que pasar muchos años para que republicanos y demócratas aceptaran que este enfoque ayuda a democratizar las leyes.

“Yo soy deportista, nutricionista, agente de viajes, a veces entrenador y hasta financista”, me dijo uno de nuestros representantes en Río 2016 cuando le pregunté bajo qué condiciones se preparó para las Olimpiadas. ¿Será por esto que en toda nuestra participación olímpica hemos ganado 4 medallas mientras Colombia ya lleva 27?

El ministro de Economía ha propuesto incrementar la actual deducción de 7 UIT anuales sobre las rentas del trabajo para que los contribuyentes que incurran en gastos de salud, seguros y educación puedan deducir entre 3 y 7 UIT adicionales al año. Sus críticos ya han sugerido que se trata de un beneficio que no está dirigido a quienes menos tienen y que la deducción no debería restringirse a las rentas del trabajo. Veamos.

La tecnología ha avanzado a tal punto que se han empezado a conectar muchas cosas a Internet: refrigeradoras, redes eléctricas, autos, parqueos, buses, etc. Un buen día, no tan lejano, las cosas nos dirán qué comprar en el supermercado, pero al mismo tiempo nos permitirán usar los medios de transporte más rápidos disponibles para llegar a algún sitio, identificar qué espacios de estacionamiento están libres en las inmediaciones, etc.

Al iniciarse este gobierno, se impuso una moratoria de 10 años al uso de organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos para cultivo o crianza, una medida temporal para prepararnos para afrontar los retos del ingreso y producción de OGM. Para ello, la propia ley previó que podrían ingresar al país OGM “destinados al uso en espacios confinados para fines de investigación”.

Durante los últimos cinco años, el gobierno de Humala utilizó el ataque a sus opositores como una de sus principales armas. Esto no solo desgastó a la clase política involucrada, sino que impidió que se construyan puentes entre las autoridades de distintas agrupaciones políticas en beneficio de la ciudadanía.

El principal problema que afronta el desarrollo de la minería en el Perú es su legitimidad social. El próximo gobierno lo sabe, y ha planteado abordar ‘conflictos sociales y minería’ desde tres ejes: acompañamiento a la inversión, inteligencia policial frente a la violencia, y adelanto social (AS). La importancia de los dos primeros es evidente, pero tengo dudas del éxito que pueda tener su aplicación.

Coincido con Carlos Meléndez (politólogo) en que PPK debe aspirar a obtener legitimidad desde las políticas públicas, en vez de preocuparse por ganar bases sociales. Ni tiene el partido para hacerlo, ni tiene una retórica capaz de competir en el ‘Perú profundo’ con Fuerza Popular y el Frente Amplio. Lo suyo será solucionar los problemas del país, y a partir de ahí cosechar ‘legitimidad técnica’.

Las acusaciones de lobbista hechas en campaña contra PPK le pasarán factura al próximo gobierno: cualquier indicio de favorecimiento a una empresa será usado para mellar su capital político. Pero esta realidad puede convertirse en una oportunidad para que el nuevo Ejecutivo se compre la tarea de promover mecanismos de relacionamiento público-privado, que tengan aceptabilidad social y permitan impulsar las alicaídas inversiones privadas.

Al comparar los resultados de la primera y segunda vuelta electorales, se hace evidente que el llamado de Verónika Mendoza (VM) a votar por PPK tuvo un impacto en el sur. Aunque algunos creen que la actitud de VM muestra que ha nacido una nueva izquierda capaz de tender puentes, yo creo que hay que ir más despacio antes de llegar a conclusiones.

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