Terrible precedente. La Comisión Permanente del Congreso empezó con mal pie sus sesiones y, ayer, aprobó un proyecto de ley que le costaría al Estado alrededor de S/.184 millones.

Por 17 votos a favor, seis en contra y una abstención, el grupo de trabajo dio luz verde a una propuesta del legislador de la bancada nacionalista Daniel Abugattás que beneficia a los casinos y tragamonedas. El dictamen señala que estas empresas ya no se harán cargo del costo de implementar un sistema online de fiscalización de sus ingresos, sino que el Estado –a través de los recursos que recauda el Ministerio de Comercio Exterior– tendrá que cubrir su financiamiento.

El autor de la iniciativa argumentó que de esta manera se usarán con eficiencia los recursos del Estado para realizar la fiscalización pues, actualmente, el control no existe.

MENOS RECURSOS. El parlamentario de Unidad Nacional Martín Pérez, exministro de Comercio Exterior, sostuvo que tal medida genera un mal precedente porque permite que el costo de la fiscalización no lo asuman los agentes obligados, sino el Estado. “Cuando se creó el ITF (Impuesto a las Transacciones Financieras), fueron las empresas del sistema financiero las que se encargaron de costear su implementación. Esta ley hace todo lo contrario”, advirtió.

Estimó que el costo de la puesta en marcha del sistema será de S/.184 millones y se cubriría con el dinero que recaude el ministerio por la fiscalización a los tragamonedas. “Esto, inclusive, va en contra de lo que propugna el electo gobierno, es decir, buscar más fuentes de financiamiento y tener más recaudación para financiar sus programas sociales”, apuntó Pérez.

Por su parte, el legislador Javier Bedoya refirió que la propuesta contraviene la Constitución, que señala que el Congreso no puede aprobar medidas que afecten el presupuesto público. “Es responsabilidad de las empresas desarrollar este sistema informático de fiscalización”, dijo.

Rafael Yamashiro, de Unidad Nacional, informó que el proyecto de Abugattás no pasó por la Comisión de Economía pues fue exonerado por la Junta de Portavoces.