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Doe Run oficializó demanda contra Perú

Miércoles 13 de abril del 2011 | 07:15

Renco inició formalmente un proceso de arbitraje y exige reparación de US$800 millones. La demanda se presentó el 7 de abril último.

La empresa estaría aprovechando las ventajas que ofrece el TLC con EE.UU. (USI)
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Las firmas Renco Group Inc. y Doe Run Perú (DRP) iniciaron formalmente un proceso de arbitraje contra el Estado peruano y exigirán una indemnización de US$800 millones por el cierre de operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya.

La demanda arbitral, que consta de cuatro argumentos, fue presentada el 7 de abril último ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial, según confirmó una fuente del Ejecutivo.

Solo explicaron que Renco Group y Doe Run Perú estarían “aprovechando” para su reclamo las ventajas que brinda el capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con Estados Unidos. Este es el primer caso de demanda de un inversionista contra el Perú que se ampara en el referido tratado.

Según Renco, el gobierno peruano vulneró el artículo 10.5 del capítulo de inversiones del TLC Perú-EEUU. Alegan que recibieron un trato injusto respecto de la ejecución del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

La firma dice que el Gobierno les exigió responsabilidades adicionales, lo que los obligó a solicitar varias prórrogas y que, debido a la negativa a extender el PAMA, no pudieron terminar con el proyecto faltante (la construcción de la planta de ácido sulfúrico).

Un segundo argumento es que el Gobierno trató con mayor dureza a DRP que a la empresa nacional Activos Mineros, a pesar de que esta última tampoco cumplió con las obligaciones que le correspondían del PAMA. Para Renco, esto constituye trato discriminatorio y vulnera el artículo 10.3 del TLC.

El tercer alegato de Renco es que está con problemas de financiamiento, lo que lo llevó a un proceso concursal ante Indecopi. Señala que están buscando financiamiento, lo que les permitirá pagar a sus acreedores.

El hecho que el Gobierno peruano pretenda ser reconocido como el mayor acreedor en la junta ante Indecopi (debido al incumplimiento del PAMA), constituye para DRP un intento de expropiación que vulnera el artículo 10.7 del TLC.

Finalmente, retoman el argumento que ha sido uno de los ejes centrales de su campaña comunicacional: el Gobierno peruano y la empresa Activos Mineros deben asumir la responsabilidad por las denuncias presentadas por los daños a la salud y el ambiente, ya sea que se presenten en el Perú o en los Estados Unidos.

Como se sabe, existe una denuncia contra Renco Group que fue admitida en un Tribunal de Missouri por un grupo de pobladores de La Oroya y que, según la empresa, es de entera responsabilidad del gobierno peruano.