El 8 de marzo, Liliana Pintado Pérez, fiscalizadora del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro, recibió una llamada telefónica anónima que denunció que la congresista Luciana León usaba su oficina parlamentaria, en el edificio Fernando Belaunde, del jirón Huallaga, como almacén de su material de campaña.

Ese mismo día, Pintado confirmó la denuncia. Fue al lugar y vio cómo dos empleadas de León entregaban polos, volantes y fósforos con el rostro de la congresista a un grupo de simpatizantes, que debían, a su vez, distribuirlos en sus bases. Ella misma se hizo pasar por una de las activistas y recibió el material proselitista.

La funcionaria elaboró un informe (el N° 005-2011) que elevó al presidente del JEE-Lima Centro, Hugo Molina. Lo natural es que la infracción cometida por Luciana León acarreara una sanción. Pero sucedió lo contrario.

No solo se mandó el documento a la congeladora sino que Pintado comenzó a ser hostilizada laboralmente, acusada de una supuesta infracción (faltarle el respeto a un superior) que, a la postre, terminó en su destitución, el martes 22. A León hasta ahora nadie la ha sancionado.