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El desalojo en Huaycán dejó 10 heridos

Domingo 30 de enero del 2011 | 07:53

Los pobladores querían ocupar un cerro ubicado en área protegida por el Ministerio de Cultura. Doscientos policías los sacaron del lugar.

Usurpadores de terrenos aseguran que volverán a ocupar área protegida. (Perú.21/América TV)
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Por Iris Mariscal

A dos días del violento enfrentamiento en Cieneguilla, donde murieron dos personas, ayer se repitió el mismo panorama en Ate: más de 5 mil pobladores de Huaycán y Horacio Zevallos invadieron un cerro del área arqueológica e intangible de Huaycán de Pariachi, por lo que fueron desalojados por la Policía. El saldo: más de 10 heridos y cerca de una docena de detenidos.

La ocupación empezó el último viernes por la tarde. Los invasores aseguraron que el alcalde electo, Óscar Benavides, les prometió terrenos a los más pobres. “Los dirigentes nos vendieron los lotes entre mil y 3 mil soles”, dijo uno de ellos.

Pero poco les duró el sueño del terreno propio. A las 10 a.m. de ayer se inició el operativo de desalojo que duró 50 minutos y en el cual participaron más de 200 policías.

Fue necesaria la intervención de la Policía Montada y de un helicóptero, desde donde se arrojaron bombas lacrimógenas. Los pobladores estaban con palos y piedras, dispuestos a enfrentarlos. Más de 10 personas resultaron heridas. Algunos dijeron que los agentes se excedieron.

DESCARGOS. El burgomaestre Óscar Benavides dijo a Perú.21 que el pasado miércoles su comuna alertó al comisario de la zona sobre la inminente invasión, pero se excusó de no atenderlo porque tenían que resguardar los alrededores de Cieneguilla para evitar nuevas disputas.

Recién el viernes, cuando el Ministerio de Cultura solicitó apoyo a la Séptima Región de la Policía y al Ministerio Público, los efectivos policiales acudieron al llamado. Además, Benavides señaló que no ofreció dar terrenos, sino títulos de propiedad a las personas que no lo tenían.

Por otro lado, el ministro de Cultura, Juan Ossio, pidió a la población que no se deje engañar por traficantes de tierras pues los sitios arqueológicos están protegidos por ley. La Policía investiga quiénes estarían detrás del tráfico de terrenos para denunciarlos ante la Fiscalía.