Por Daniel Yovera

El 12 Juzgado Penal de Lima confirmó la investigación que Perú.21 inició desde el 16 de diciembre de 2009 y abrió proceso penal con comparecencia restringida a 15 de los 16 denunciados por el escandaloso y delictivo pago de S/. 35.9 millones de la Municipalidad de Lima a la empresa Comunicore. La jueza Nelly Aranda no incluyó al exalcalde Luis Castañeda al considerar que la Primera Fiscalía Anticorrupción no aportó pruebas suficientes que demostraran su participación.

La noticia fue asumida como un “triunfo” por Solidaridad Nacional. Apenas se conoció el hecho, la plana mayor de este partido ofreció una conferencia reclamando la inocencia de su líder e interpretando la decisión judicial como un “desagravio”. La dirigencia ‘solidaria’ no quiso recordar que durante todo el año 2010, Castañeda no solo defendió la irregular operación sino que la catalogó de “impecable” y hasta afirmó que el municipio limeño había resultado beneficiado.

Pero la Fiscalía, la Contraloría y, ahora, el Poder Judicial, han dicho que el pago fue, por donde se le mire, ilegal, y por eso, los principales gerentes de Castañeda –que forman parte de su plana mayor desde hace 20 años, en Emape, el IPSS y la Caja del Pescador– van a ir a juicio.

AL BANQUILLO. Los funcionarios procesados son seis: Ángel Pérez Rodas, exgerente Municipal; Carlos Chávez Málaga, exgerente Administrativo; Juan Blest García, exgerente Financiero; Carlos Asmat Dyer, exgerente de Servicios a la Ciudad; Ulises Rodolfo Merino Rojas, exsubgerente de Tesorería; Sergio Guerra Castillo, exsubgerente de Contabilidad; y Daniel Arias Donayre, exasesor contable.

Todos, presuntos coautores del delito de colusión desleal, que tiene una sanción de hasta 15 años de cárcel. Blest y Merino también serán procesados por malversación de fondos, que tiene una sanción de hasta ocho años de cárcel. Por la transnacional Relima, son encausados su exgerente general, Odilón Gaspar Amado, y el exgerente Financiero y uno de los cerebros de la operación, Miguel Garro Barrera, como presuntos cómplices del delito de colusión.

Los exdirectivos de Comunicore procesados son su expresidente Rafael Ruiz Contreras; José Luis Pinillos Broggi, exdirector; y Henry Brachowicz Vela, exgerente general.

Otros que desfilarán por el banquillo son el reclutador de la treintena de moradores de Comas, Joule Vila Vila, y Gonzalo Noya Mesones, por ser cómplices secundarios de colusión. Vila también irá a juicio por falsificación de documentos en agravio de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.

El juzgado ha dispuesto levantar el secreto bancario de los procesados, el embargo de sus bienes y el pago de una caución o garantía judicial de entre S/.10 mil y S/.20 mil.

EL CASO CASTAÑEDA. El exalcalde no será procesado por ninguno de los dos delitos planteados por la Fiscalía. Perú.21 pudo conocer que para la jueza Aranda no hay elementos de que Castañeda se haya coludido con los ejecutores de la operación, o de que se haya reunido con los negociadores de Relima y Comunicore, es decir, con Miguel Garro y compañía.

Ello, pese a que la fiscal del caso, Fanny Quispe, postuló en su denuncia que una operación de esa magnitud no pudo haberse hecho efectiva sin la aprobación de Castañeda, quien tenía el conocimiento y dominio de las acciones municipales.

En cuanto al delito de malversación, Aranda solo señala como responsables a Blest y a Merino. Pero para la Fiscalía ello es insuficiente, pues ellos no son responsables del pliego edil. Este era Castañeda, por lo que, en su denuncia, amparándose en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la fiscal indica que “el titular del pliego es la más alta autoridad administrativa”.

Es más, en la página 196 de la denuncia fiscal, se consigna que para obtener el dinero destinado a Comunicore, el municipio recurrió a un crédito bancario de S/. 87 millones, del cual se obtuvo S/. 21.6 de los S/. 35.9 millones para el pago.

Incluso, para la Fiscalía resulta “relevante” que la Contraloría haya opinado a favor del endeudamiento de S/. 87 millones, a través de un oficio que estaba dirigido al alcalde. Por ello, cree imposible que, como responsable del municipio, Castañeda desconociera los detalles del pago a la fantasmal empresa y la velocidad con la que se le entregó los S/. 35.9 millones.

La Fiscalía resalta el hecho de que Castañeda, “si bien manifestó desconocer cómo se produjo la operación, ante el Congreso la defendió, e incluso, mencionando cifras, dijo que la operación fue ventajosa”.

Fuentes judiciales refieren que la jueza Aranda consideró que Castañeda nunca tuvo el manejo del dinero, pero la Fiscalía cree que ello no era necesario para procesarlo, pues bastó con que haya tenido conocimiento de los hechos y que haya delegado esas funciones. Por ello, apenas la resolución judicial sea notificada a las nuevas fiscalías corporativas anticorrupción, esta será apelada.