Por Zarella Sierra

Los cuestionamientos al Decreto Legislativo 1097 –que regula la aplicación de normas procesales por delitos de violación de los derechos humanos en los que está involucrado personal de las Fuerzas Armadas y Policía– no cesan y, a las críticas vertidas desde diversos frentes políticos y jurídicos, se suma el Ministerio Público que ya alista una demanda de inconstitucionalidad.

De acuerdo con el fiscal supremo Pablo Sánchez, a cargo del despacho de la Fiscalía de la Nación, el citado dispositivo deriva en inconstitucional al otorgar beneficios solo a una parte de la población –policías y militares–, infringiendo lo dispuesto en la Carta Magna.

“Estamos elaborando el planteamiento de la demanda, evaluando las normas y los fundamentos y, el lunes, analizaremos el documento que elaboraremos”, precisó a Perú.21 Sánchez quien, además, apuntó que “han combinado las normas con el objetivo específico de favorecer a un sector, y no se puede legislar generando normas con nombre propio, en este caso, para militares y policías”.

Aunque el ministro de Justicia, Víctor García Toma, ha dicho que la norma se aplica “solo a casos que están en etapa de investigación“http://peru21.pe/noticia/635548/niegan-que-dl-1097-beneficie-violadores-ddhh judicial, lo cierto es que la segunda disposición complementaria de la misma indica que “es de aplicación a los procesos en el estado procesal en que se encuentren”. Sánchez considera que este precepto “genera confusión y, desde el punto de vista procesal, es un absurdo, pues se están mezclando criterios que no son coherentes”.

EL FRONTÓN. Como era de esperarse, muchos procesados ya han planteado que se archive sus casos basados en el decreto. Fuentes judiciales informaron que un grupo de los 33 marinos investigados por la matanza de El Frontón, ocurrida en 1986 durante el primer gobierno de Alan García, ha pedido acogerse al beneficio y, mañana, el caso será debatido ante el Primer Juzgado Supraprovincial de Lima.

Consultado por Perú.21, el ex procurador Luis Vargas Valdivia dijo que “el dispositivo sí se aplica al caso El Frontón porque el proceso se encuentra en etapa de instrucción, aunque el expediente ya haya sido derivado al fiscal superior. Así como está redactada, la ley es aplicable, pero no debería porque es inconstitucional”.

De la misma opinión es el fiscal Avelino Guillén, quien consideró que “los jueces deben evaluar la norma y no aplicarla por inconstitucional”.

Por su parte, el presidente Alan García aseguró anoche que el decreto no es aplicable al grupo Colina. “He estudiado exhaustivamente el tema con el ministro de Justicia y no se aplicará a violadores de derechos humanos. Esa es la voluntad del legislador (en este caso el Ejecutivo)”, aseguró.