En busca de ahorro, Alfredo decidió comprarse un auto de segunda mano en la zona franca de Tacna. El precio que pagó fue US$9,500, sin embargo, le otorgaron una factura por solo US$3,300. Lo trajo a Lima y grande fue su sorpresa cuando al llevar el vehículo a Lidercon le dijeron que “no pasaba la revisión técnica” y le dieron una larga lista de reparaciones que debía efectuar.

Según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la conversión de un auto con timón cambiado requiere el reemplazo, por lo menos, de 134 piezas; sin embargo, en Tacna solo se le cambian 14.

El caso anterior no es solo un ejemplo. El citado gremio automotor decidió, a principios de año, comprar un auto en Tacna y corroboró el mal estado en el que se vendía, y luego lo donó a una institución educativa.

Por situaciones como estas fue que, en agosto último, el Tribunal Constitucional emitió un fallo en el que prohibía a cualquier instancia del Poder Judicial que siguiera autorizando el ingreso de este tipo de vehículos al país. Cerrada esta vía, ahora los empresarios dedicados a esta actividad, apoyados en las autoridades regionales, han acudido nuevamente al Congreso para continuar con su importación.

HASTA 2012. Hugo Ordóñez, presidente regional de Tacna, solicitó ayer a la Comisión de Comercio Exterior del Legislativo que extienda, hasta diciembre de 2012, el plazo que tiene esta región para ingresar estos autos.

Según el presidente del directorio de Zofratacna, Víctor Damián, y el presidente de la Asociación de Importadores de Autos de Zofratacna, José Mejía, se perderían 2,230 puestos de trabajo si el cuestionado negocio culmina el 31 de diciembre de este año, conforme está previsto por ley.

Pese a que el propio presidente “Alan García”:http://peru21.pe/buscar/?q=Alan+García y varios miembros de su gabinete han criticado esta actividad, un congresista del partido de gobierno (el Apra), Jorge Flores, promueve un proyecto de ley para que continúe.

Tanto el Ministerio de Transporte como el Ministerio del Ambiente han recomendado que se archive la iniciativa. De aprobarse, el Ejecutivo acudiría al Tribunal Constitucional para que exhorte al Legislativo que se inhiba de dictar normas en la materia.