El ministro de Justicia, Víctor García Toma, dijo anoche que renunciaría al cargo si se demuestra que el Ejecutivo envió el Congreso el Decreto Legislativo 1097 –que permitiría archivar procesos por delitos de lesa humanidad– basándose en la opinión del Ministerio de Defensa y no en la de su cartera.

García Toma, en diálogo con Prensa Libre, sostuvo que existen dos versiones –una realizada por Defensa y otra por Justicia– sobre la exposición de motivos de la norma aprobada en el Consejo de Ministros y luego enviada al Parlamento. Afirmó que, tal como se encuentra, la versión de Defensa no es aceptable “en modo alguno”.

“Estoy esperando el día (martes) porque vamos a conocer cuál de las versiones de la exposición de motivos de ese dispositivo ha sido remitida al Congreso. Allí se explica la voluntad del Consejo de Ministros en relación al alcance y sentidos de esas normas”, indicó el titular de Justicia.

De confirmar que su opinión sobre el tema se pasó por alto, aseguró que dará una entrevista a Prensa Libre “pero como ciudadano”. Luego señaló que su renuncia al gabinete sería inminente si comprueba que la versión de Defensa fue la que se tomó en cuenta.

En otro momento, precisó que con una correcta interpretación de la justicia dicha norma no beneficiaría a los integrantes del Grupo Colina, quienes se acogieron a ella para solicitar se les exima del proceso que se les sigue por el caso Barrios Altos.