El ministro de Defensa, Rafael Rey, descartó que el paquete de normas emitido por el Poder Ejecutivo sobre aspectos procesales busque la impunidad de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía procesados por delitos de lesa humanidad.

“Yo quiero que se castigue a los que se tiene que castigar, pero no en base a suposiciones o declaraciones. Que se encuentren las pruebas, y si no se encuentran pruebas no se puede condenar”, declaró a Andina.

Explicó que el Gobierno “no está inventando nada” al emitir el decreto legislativo 1097 –que adelanta la vigencia de algunos artículos del Nuevo Código Procesal Penal para delitos que implican violación de derechos humanos-, ya que lo único que está haciendo es “aplicar lo que ya está normado”.

Recordó, en ese sentido, que el código procesal fue elaborado por una comisión presidida por el ex presidente del Tribunal Constitucional Javier Alva Orlandini y con la participación de representantes de las ONG vinculadas a los derechos humanos. Explicó que el decreto 1097 no pretende obstaculizar el normal desarrollo de los procesos judiciales contra militares ni policías, sino que aplica lo ya establecido por el referido código.

“Si no se consiguen pruebas de la comisión de un delito, se tiene que archivar la denuncia. Eso se aplica para todo el mundo y por qué no para los militares y policías. Eso evitará que haya personas a las que se le esté investigando y no se les cierre el caso durante años”, afirmó.

Señaló que ese decreto *tampoco tiene como propósito que salga en libertad Alberto Fujimori,* quien fue condenado por violaciones de derechos humanos, ya que esta norma solo se aplica a policías y militares. Añadió que tampoco se puede extender al grupo Colina porque sus integrantes ya están sentenciados.