Por José Clemente

Luego de marchas y contramarchas durante varias gestiones –que duró cerca de cuatro años desde que se promulgara la Ley Nº 28879 de Servicios de Seguridad Privada– el ministro del Interior, Octavio Salazar, alcanzará esta semana, al Consejo de Ministros, el reglamento de dicha norma para su visto bueno, el cual posibilitará que 120 mil 200 vigilantes colaboren con la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia y el crimen.

El esperado reglamento permitirá que el sector de vigilancia privada, integrado por 506 empresas adscritas a la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil (Dicscamec), pongan indirectamente a disposición del combate contra la delincuencia cerca de 50 mil armas de fuego, 15 mil 500 equipos de telecomunicación y 2 mil 300 vehículos. En tanto, 32,500 guachimanes deberán formalizarse previamente si desean acogerse al reglamento.

Según el ministro Salazar, con el Reglamento de la Ley de la Vigilancia Privada, los agentes que prestan este servicio deberán estar plenamente capacitados para desempeñar su labor y colaborar con la Policía para fortalecer la seguridad en las calles.

Fuentes policiales señalaron a Perú.21 que uno de los obstáculos que impedía cristalizar la aprobación del referido reglamento, a cargo de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio Interior, fue el tema de la formación de los agentes privados. “Los ministros Salazar y Chang (Educación) ya se pusieron de acuerdo”, señalaron.

El congresista Luis Gonzales Posada reiteró su preocupación por el retraso de la aprobación del reglamento. “Estoy muy extrañado de que se hayan demorado como cuatro años”, dijo a Perú.21. Destacó que la norma permitirá “una sincronización de apoyo y auxilio entre la Policía y ese enorme ejército de miembros de seguridad”.

OPOSICIÓN. Por su parte, el general Eusebio Félix Murga, jefe de la XI Dirección Policial de Arequipa, no pudo disimular su desacuerdo por la norma que permitirá a los vigilantes portar armas y usarlas, aunque agregó: “Nosotros estamos acá para cumplir las leyes”.

En tanto, el ex titular del Interior, Fernando Rospigliosi, criticó que Salazar haya dispuesto que los vigilantes disparen contra delincuentes porque eso ya estaba reglamentado. “Es el ministro de la perogrullada, decir que un vigilante que porta un arma puede utilizarla”, anotó.

Por su parte, el presidente del Congreso, César Zumaeta, presentó dos proyectos de ley para aumentar la pena por el delito de receptación y considerar la confesión sincera para reducir la sentencia por delitos comunes.