La Contraloría General de la República confirmó que el Directorio y la Gerencia de la Sedapal incurrieron en irregularidades para beneficiar a la empresa brasileña TFKC Reprex, en el proceso de adquisición de dos plantas de tratamiento residual de agua para el distrito de San Bartolo, a fines del año 2008. Uno de los ex directores involucrados es el actual ministro de Vivienda, Juan Sarmiento Soto.

Perú.21 pudo conocer que, de acuerdo con la investigación de la Contraloría, tanto Sarmiento como el ex presidente del Directorio de Sedapal, Guillermo León Suematsu, y el actual mandamás de esta entidad, Víctor López Orihuela, entre otros altos funcionarios de dicha entidad, habrían incurrido en la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, un ilícito previsto y sancionado por el artículo 399 del Código Penal, por haber favorecido a la empresa del ex futbolista Julio Andrade, ‘Julinho’.

SIN LICITACIÓN. El principal hallazgo del máximo organismo de control es que, el 29 de diciembre de 2008, el Directorio de Sedapal aprobó indebidamente la adquisición de las dos plantas, contratando de manera directa, y sin una licitación de por medio, a la empresa de Julinho, que se adjudicó así un contrato por más de S/.13 millones.

“Los integrantes del Directorio que suscribieron el Acta de la sesión no presencial del Directorio Nº 032-2008, del 29 de diciembre de 2008, actuaron con conocimiento, intención y voluntad a fin de posibilitar la contratación directa y beneficiar a la empresa TFKC Reprex SAC, con más de 4.4 millones de dólares –en su primera venta al Estado– mediante una exoneración por situación de emergencia”, señala la Contraloría.

La citada entidad confirmó que, para el 29 de diciembre, la firma brasileña se adjudicó la obra sin estar inscrita en el Registro Nacional de Proveedores. Además, tampoco presentó su propuesta técnica y económica para su respectiva evaluación por las áreas pertinentes de Sedapal.

Agrega que al ser elegida por el propio Directorio se manifestó una clara “interferencia” de las máximas autoridades de este organismo estatal.