Las empresas que con amparos judiciales –ahora considerados nulos por el Tribunal Constitucional (TC)– ingresaron al Perú autos usados con una antigüedad superior a la permitida por la ley tendrán que indemnizar al Estado por los daños que a la salud, al ambiente y al parque automotor del país ocasionaron con su ilícita actividad.

Jaime Vales, procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que, el próximo lunes, funcionarios de esta cartera se reunirán con sus pares de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) para iniciar la cuantificación de los citados daños, en el marco de la demanda que el Estado realizará contra las importadoras.

EL CASO CATAÑO. Vales explicó que, en reciente sentencia, el TC, además de declarar inconstitucionales todas las acciones judiciales que permitieron el ingreso de los autos usados, insta al MTC y a la Sunat a demandar a las firmas que lucran con su importación, proceso que debe incluir a sus abogados y a los magistrados que, con medidas cautelares, les dieron la razón.

“Tendremos que demandar a (César) Cataño, presidente del directorio de Kanagawa Corporation (firma que ha buscado ingresar al país la mayor cantidad de vehículos usados ilegales)”, anotó.

Por el momento, se ha solicitado ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que se denuncie por prevaricato a 10 jueces. En total, son 32 los magistrados involucrados en casos similares, informó días atrás el Ministerio de Transportes.