Confrontaciones no solo de carácter jurídico sino ético y moral suscitó ayer el planteamiento para reimplantar la pena de muerte en nuestro país. Si bien el ministro de Justicia, Víctor García Toma, advirtió que un debate al respecto no tiene efectos prácticos debido a la inaplicabilidad de la medida por la adhesión del Perú a una serie de convenios internacionales que la proscriben, no se pudo evitar la polémica.

En ese contexto, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Rolando Sousa, declaró a Perú.21 que la pena de muerte sí se podría aplicar nuevamente en el Perú con apenas una reforma constitucional y sin necesidad de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos.

ANTECEDENTES. Explicó que en el capítulo referido al derecho a la vida del mencionado tratado se establece que los países que al momento de suscribir la convención no hayan abolido la pena de muerte “pueden seguir aplicándola para los delitos más graves, en cumplimiento de una sentencia ejecutoriada por tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca la pena”.

En virtud a esta cláusula, el legislador precisó que el Perú suscribió la convención el 28 de julio de 1978, y en ese entonces –subrayó– estaban en vigencia en nuestro país hasta cinco decretos ley que contemplaban la aplicación de la pena de muerte para una serie de delitos, entre ellos la violación a menores de cinco años.

Debido a ello, Sousa concluyó que el Perú no necesitaría denunciar ningún tratado, pues este mismo documento lo faculta a aplicar la máxima sanción. “Solo se requeriría aprobar una reforma constitucional, para lo cual los partidos políticos deberían alcanzar previamente cierto nivel de consenso”, manifestó, tras informar que el Grupo Fujimorista presentará una iniciativa con este fin en las próximas semanas.

DEMAGOGIA. Sobre el tema este diario consultó también con el congresista Javier Bedoya, quien advirtió que faltando un año para concluir el Gobierno será muy difícil que las distintas bancadas se pongan de acuerdo.

Señaló que si bien provocan dolor e indignación casos como el de la pequeña Romina Cornejo, que recibió un impacto de bala que la dejó cuadripléjica, es necesario analizar los hechos con cabeza fría.

“Es muy fácil que en momentos de repudio por un hecho tan doloroso alguien levante la banderita de la pena de muerte; pero también es demagógico. Evidentemente se buscan réditos políticos, son propuestas que afloran justo en etapa electoral”, enfatizó.