El premier Javier Velásquez dijo que el Estado peruano pondrá en marcha una serie de acciones legales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) para evitar el pago de más indemnizaciones a condenados por terrorismo.

Perú.21 informó hoy que una sentencia de la Corte-IDH obligaría al Estado peruano a pagar, en total, más de US$12 millones –por concepto de indemnización– a los terroristas que, liderados por Deodato Juárez Cruzat –llamado el ‘delfín’ de Abimael Guzmán–, se amotinaron en el penal Castro Castro en mayo de 1992.

El jefe del gabinete dijo que se ha instruido a los procuradores acreditados por el Ministerio de Justicia ante la Corte de San José para que también exijan que los subversivos cumplan con pagar las reparaciones civiles al Estado y a los deudos de sus víctimas.

“Vamos a desarrollar todas las articulaciones legales necesarias para impedir que se dé está paradoja de que a los terroristas se les indemnice en dólares y a los familiares de las víctimas inocentes no se les puede pagar una indemnización”, refirió.

En ese sentido, señaló que los procuradores deben “exigir también que así como se nos quiere obligar a pagar en dólares las indemnizaciones, también aquellos que cometieron latrocinios en el país cumplan con las obligaciones que tiene con el Estado”.

En tanto, en Ideeleradio, el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, el aprista Luis Negreiros, dijo que las indemnizaciones fijadas por la Corte-IDH se deben a la deficiente defensa del Estado peruano.