Los docentes del sector Educación que participen de actos de proselitismo, instigación, reclutamiento o apología del terrorismo serán destituidos porque incurrirán en una “falta muy grave”, según un decreto supremo publicado hoy, que establece que los profesores condenados por ese delito no podrán reingresar al magisterio.

El referido decreto supremo, que es refrendado por el presidente Alan García y el ministro de Educación, José Antonio Chang, establece diversas medidas administrativas aplicables al personal docente y administrativo del sector, cualquiera sea su régimen laboral y contractual.

Asimismo, dispone que la autoridad educativa o administrativa que reciba denuncia o información sobre dichos actos ponga el hecho en conocimiento del director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) o Dirección Regional de Educación (DRE), para iniciar las acciones administrativas; y de la comisaría y el Ministerio Público.

“Si se trata de un docente, este será puesto inmediatamente a disposición de la oficina de personal, o la que haga las veces, no pudiendo por ningún motivo dictar clases ni permanecer en la institución educativa”, señala la norma.

El decreto también señala que los condenados por delitos vinculados al terrorismo “no podrán ingresar ni reingresar al servicio (del sector Educación), aun cuando hayan sido declarados rehabilitados por la autoridad jurisdiccional correspondiente.”