El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ya trabaja contra el reloj para terminar de elaborar los expedientes del cabecilla de Sendero Luminoso, Osmán Morote Barrionuevo –responsable del otrora Comité Metropolitano– y de la protectora de Abimael Guzmán, Maritza Garrido-Lecca, quienes presentaron sus respectivos pedidos para obtener la libertad condicional en setiembre de 2009, es decir, un mes antes de que fuera derogado el Decreto Legislativo Nº 927, que establecía beneficios penitenciarios para los condenados por terrorismo.

Fuentes del ente penitenciario informaron a Perú.21 que los casos están siendo abordados con celeridad porque los cuadernos de ambos terroristas ya deben ser elevados al Poder Judicial, que es el que finalmente decidirá, en un máximo de dos meses, si le concede o no el beneficio solicitado.

Estas mismas fuentes sostuvieron que los informes técnicos elaborados por los especialistas del INPE “se van a ajustar a la ley”. También revelaron a Perú.21 algunas observaciones que se incluirían en los “files’ de ambos reclusos.

“Lo que pasa es que ellos siguen sosteniendo que son presos políticos. Cuando vamos a los penales y hablamos con ellos, mantienen esa teoría; eso quiere decir que su ideología no ha muerto, y vamos a evaluar bien ese punto al momento de elaborar el expediente”, indicaron.

Además, señalaron: “Garrido-Lecca es una persona muy educada y respetuosa, hace sus talleres, baila todas las danzas, en su pabellón la respetan mucho. Si hubiera un concurso de literatura o pintura, ellos (Garrido-Lecca y Morote) superarían a todos. Son organizados, disciplinados, limpios, es decir, si lo vemos por el lado del tratamiento lo sobrepasan. El problema sigue siendo su ideología”.

Hasta el 15 de octubre de 2009 podían acceder al beneficio de libertad condicional los terroristas que habían cumplido las tres cuartas partes de su pena. Morote fue condenado a 25 años en junio de 1988, y debería salir en junio de 2013. Garrido-Lecca fue sentenciada a 20 años en setiembre de 1992, por lo que cumplirá su carcelería en 2012. Si bien ambos ya cumplieron ese tiempo en prisión, la decisión final la tomará el Poder Judicial, pues el beneficio no es automático y pasa por varios filtros.

EL 927. El nuevo presidente de la Sala Penal Nacional, Ricardo Brousset –que ve en instancia superior todos los casos de terrorismo–, señala que el Decreto Legislativo Nº 927 “no fue una norma que abrió las puertas a los sentenciados por terrorismo”.

Estadísticas de la Sala Penal Nacional indican que de los 36 pedidos de libertad condicional que recibió esa instancia luego del 15 de octubre pasado, 19 fueron concedidos, 11 denegados y seis siguen en evaluación. Dentro de los 11 terroristas cuyas solicitudes fueron rechazadas, están nada menos que el del senderista Carlos Incháustegui –ex pareja de Garrido-Lecca– y del cabecilla del MRTA, Alberto Gálvez Olaechea.

Por eso –agrega Brousset– Morote o cualquier terrorista puede haber pedido acceder a los beneficios en el plazo establecido por la ley, pero si la Sala Penal Nacional dice que no deben salir libres, no saldrán, hasta que cumplan con sus condenas.