Con un enfoque aparentemente pro consumidor, la incorporación del etiquetado de transgénicos y la especificación de cláusulas abusivas de contratación, entre otras novedades, el Ejecutivo presentó el proyecto de Código de Consumo al Congreso de la República para su debate.

El proyecto define como cláusulas abusivas –y, por lo tanto, inexigibles– aquellas que, en contra de la buena fe del consumidor, lo perjudiquen, lo ubiquen en situación de desventaja o anulen sus derechos. Este principio rige para los contratos de adhesión (como el de los servicios de telefonía, de cable u otros brindados masivamente) o en las consideraciones generales de los acuerdos no negociados individualmente.

Así, se han considerado como abusivas aquellas cláusulas que permitan al proveedor modificar unilateralmente las condiciones y términos del contrato en perjuicio del consumidor o no cumplir con sus obligaciones. También, las que impongan obstáculos desproporcionados para que el consumidor ejerza sus derechos y los acuerdos que establezcan su prórroga sin el consentimiento expreso e informado del cliente.

PRO CONSUMIDOR. Según el ex decano del Colegio de Abogados de Lima, Walter Gutiérrez, el proyecto final del Ejecutivo tiene una mayor sintonía con la protección de los derechos del consumidor, al incorporar este concepto como principio rector de la política del Estado. Explicó que en el proyecto se especifica que el Estado se preocupará por la calidad de bienes y servicios que adquieran los consumidores.

En tanto, Carolina Sáenz, abogada del estudio Rubio, destacó que esta iniciativa considera la protección del ‘consumidor diligente’ –informado–, lo que evitará una sobreprotección y sobrecostos. El legislador Yonhy Lescano afirmó que tal disposición impide la protección de los intereses de aquellos que no están pendientes de sus derechos.

“Además, se ha eliminado la tutela del consumidor fuera de una relación de consumo, con lo que quedarán desprotegidos los consumidores que son perjudicados en las etapas previas a la contratación”, dijo el parlamentario.

Gutiérrez y Lescano cuestionaron que el proyecto mantenga la regulación sobre publicidad solo dentro del ámbito de las normas de competencia. Gutiérrez consideró que no se está protegiendo adecuadamente al consumidor en casos de publicidad engañosa, pues las empresas pueden incorporar el “pacto en contrario” (acuerdo no contemplado en la publicidad).