La pérdida de 592 archivos de los USB incautados a Giselle Giannotti, una de las investigadas en el caso Business Track (BTR), ha demostrado que la ‘fortaleza’ construida en Palacio de Justicia por Javier Villa Stein, presidente del Poder Judicial y principal interesado en vigilar de cerca los archivos y el material incautado, no ha funcionado.

Si bien el Poder Judicial ha desmentido que se hayan borrado los archivos de audios de los dos dispositivos móviles que le pertenecían a Giannotti, las mismas actas que forman parte del expediente judicial desvirtúan el comunicado que enviaron ayer.

Pero, ¿quién o quiénes tenían acceso a la bóveda y al despacho de la jueza provisional María Martínez, a cargo de la investigación? Durante las diligencias, los fiscales a cargo de la indagación y los abogados de los investigados, además del personal del despacho; pero, fuera de esos días, solo la magistrada podía acceder al material incautado.

Fuentes judiciales consultadas por Perú.21 señalaron que “la responsable de la sustracción y borrado de los audios es la jueza Martínez. Ella tiene en su poder la única llave que abre la caja fuerte y, por lo tanto, es quien debe explicar cómo es que uno de los USB de Giannotti fue abierto el 4 de mayo de 2009 a las 4 de la mañana”. La hipótesis que se baraja a nivel de la Fiscalía es que los USB fueron extraídos de la caja fuerte y han sido visualizados en otro lugar, fuera del juzgado”.

La ingeniera Busta Arroyo, perito forense que evaluó los USB manipulados, corroboró que la fecha de modificación y último acceso de ambas muestras fue el 4 de mayo de 2009. Esto desvirtúa también la respuesta del Poder Judicial en el sentido de que los archivos permanecen lacrados desde el día 24 de febrero de 2009, cuando fueron entregados por la Fiscalía.

Aunque fuentes del Ministerio Público informaron que es posible recuperar los audios borrados con la utilización del equipo EnCase Forense, la investigación debe centrarse en los responsables de la extracción de los USB de Giannotti.

Por el momento, las sospechas recaen sobre la jueza Martínez en tanto es quien tiene en su poder la única llave de acceso a la bóveda. ¿O es que acaso la magistrada le entregó a alguien una copia de la misma? ¿A quién y por qué? Y, sobre la base de esta denuncia, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) inició ayer una investigación preliminar.