Por Helio Ramos Peltroche

La primera semana del mes de julio, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tendrá entre sus filas a tres nuevos miembros provenientes de los colegios profesionales del país. Uno de ellos será quien reemplace a Aníbal Torres (representante de los abogados) y los dos restantes, al cuestionado Efraín Anaya –cuya suerte está en manos del Congreso y del Ministerio Público por denuncias en su contra – , y al actual presidente de ese órgano, Maximiliano Cárdenas, quien debe su cargo al Colegio Médico del Perú.

Aunque la elección de los nuevos consejeros está prevista como corresponde, para el congresista Rolando Sousa, el CNM corre el riesgo de politizarse con la presencia de la ex dirigente del Sutep, Soledad Lozano, ahora decana del Colegio de Profesores, quien –según el legislador– tiene la mayor opción para ocupar una de las plazas. “La actuación del Colegio de Profesores va a ser absolutamente política. Es alguien que ha sido secretaria general del Sutep, de reconocida militancia política de ultraizquierda”, sostuvo en diálogo con Perú.21.

Sousa advierte que el colegio magisterial, incluso, podría colocar al otro representante de los colegios profesionales, debido a que el mecanismo de elección lo permite, pues es por voto universal. “Basta que haya dos candidatos para que ganen a los demás colegios y no les permitan tener representantes, ya que tienen medio millón de afiliados y es la primera vez que como colegio va a intervenir”, señala.

OCHO KITS. De acuerdo con información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), de los 77 kits electorales vendidos hasta la fecha para la inscripción de candidatos a la elección de representantes de los colegios profesionales y de abogados ante el CNM, el de Profesores adquirió ocho. Es decir, hay igual número de pretendientes por este gremio, quienes deberán recabar –según resolución del organismo electoral encargado del proceso a realizarse el 13 de junio– el 5% de firmas del número de afiliados que, en este caso, bordean el medio millón.

En total, se requieren 25 mil firmas de adherentes que permitan, junto con otros documentos, presentar la solicitud de inscripción de candidatos. Según la ONPE, los colegios de Abogados han adquirido 32 kits y el de Enfermeras, trece. Mientras que el de Médicos ha comprado ocho; el de Ingenieros, seis; el de Contadores Públicos, tres; el de Arquitectos, dos; de Economistas, dos; y los de Odontólogos, Administradores y Obstetras, solo uno respectivamente.

AL VOTO. Según Sousa, la representación de la sociedad civil ante el CNM no se debe elegir por número. En tal sentido, subraya, en el Pleno del Congreso está pendiente de votación el texto sustitutorio de un proyecto de ley que busca democratizar el mecanismo. Se trata de que cada colegio profesional presente un delegado de manera que en voto secreto y libre se elija a sus dos representantes.

En sesión del Pleno del 4 de marzo pasado, el proyecto que modifica uno de los artículos de la Ley Orgánica del CNM –por lo que requiere votación calificada de por lo menos la mitad más uno del número legal de congresistas (61 votos)– quedó al voto y podrá verse este martes, junto a la elección de los dos nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC).

Aunque Sousa sostiene que el Colegio de Profesores tendrá que adaptarse a las nuevas normas que se planteen en el Pleno, Soledad Lozano dijo a Perú.21 que cualquier modificación que se haga tendrá que ser para otro proceso electoral. La decana magisterial señala que han cumplido con el 50% de lo que establece el cronograma publicado por la ONPE.

“Las elecciones están planteadas. Sobre esa base se ha trabajado, sobre esa regla hemos avanzado, hemos conversado con la ONPE sobre la instalación de mesas en todo el país. No hay ninguna norma electoral que nos impida participar, salvo que una alianza contra natura apruebe la ley y declaren su retroactividad”, señala.

Al interior del Congreso no están solos. La bancada nacionalista adelantó, a través del congresista Víctor Mayorga, que votarán en contra del proyecto de Sousa. “Creemos que la forma de elección requiere de una modificación constitucional”, dice. Agrega, sin embargo, que ante el mecanismo de elección de representantes de la sociedad civil, su grupo ha planteado ciertos “candados”, como que los candidatos tengan, por lo menos, tres años de experiencia en gestión pública y que acrediten algún tipo de formación política.

“La actual Carta, que defiende Sousa, establece que los candidatos deben ser elegidos por la totalidad de los afiliados. Ellos quieren una votación indirecta. De esa forma se restringe el derecho de las mayorías”, remarcó.