Estancada. Así es como se encuentra la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima, a cargo de la fiscal Luz Clara Tecco Estrella, ante la investigación formulada a 40 profesionales de la salud (entre médicos, enfermeras y técnicos) que estarían involucrados en trasplantes ilegales de órganos realizados en las más prestigiosas clínicas de la capital.

Según fuentes de la Procuraduría del Ministerio de Salud (Minsa), estas clínicas, caracterizadas por el alto costo en sus atenciones, estarían presionando fuertemente a los representantes del Ministerio Público para demorar el proceso.

Se supo que pese a los pedidos de la Procuraduría del Minsa para que le brinden información sobre la situación legal de reconocidos galenos, la Fiscalía aún no emite el informe sobre el grado de participación que estos tendrían en las operaciones médicas clandestinas, donde se habrían cobrado importantes sumas de dinero.

Como se recuerda, las clínicas Santa Lucía y Vesalio fueron sometidas a una sanción con tres meses de cierre y el pago de una UIT (S/.3,600), respectivamente, por realizar operaciones sin acreditación del Ministerio de Salud.

Entre tanto, voceros del Ministerio Público explicaron a este diario que la fiscal Tecco Estrella aún no se pronunciará sobre el caso que comenzó a investigarse en setiembre. Asimismo, reconocieron que es un asunto “muy complicado con muchos intereses de por medio”.

MAFIA ORGANIZADA. Luego que en diciembre se diera a conocer que el mexicano Óscar Soberón se encontraba grave por haber sido sometido a un trasplante de riñón, la investigación que se realizó determinó que el extranjero habría pagado 150 mil dólares por un paquete que incluía el órgano, la operación y todos los estudios de compatibilidad con el “donante’.

También se descubrió que la organización tiene a un médico que “recluta’ a los donantes con ciertas características: adultos, en buen estado de salud y con escasos recursos económicos. Se les paga hasta 7 mil dólares por un órgano y son contactados en las afueras del hospital Guillermo Almenara, mientras laboran lavando y cuidando los carros de las playas de estacionamiento.

CAMBIOS DE LEY. Mario Ríos, de ForoSalud, señaló que “se debe modificar el marco legal, pues fomenta prácticas clandestinas”. Explicó que la opción de donación de órganos consignada en el DNI no debería ser verificada, ni tachada por los familiares cuando alguien muere.

“Por razones religiosas, los parientes no quieren que al fallecido le saquen los órganos y desconocen el deseo plasmado, en vida, en el documento de identidad”, dijo, tras considerar que ello genera que muchas personas se pasen años en listas de espera, e incluso mueran.