La cuestionada decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar nula la rebaja arancelaria para la importación de cemento es una más de las intervenciones que el máximo órgano constitucional ha efectuado sobre la política económica del Estado. Por ello, el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Luis Galarreta, planteó la reforma del TC para limitar sus sentencias cuando estén vinculadas a aspectos del manejo económico.

En setiembre de 2008, el tribunal ordenó al Estado a cumplir con la Ley de Condonación Agraria, también conocida como Ley Preda, decisión que implicaba un costo fiscal y una mala señal para el mercado.

“La reforma del TC es algo que no ha llamado la atención de este Gobierno, como sí ocurrió con el Consejo Nacional de la Magistratura, luego de conocerse sonados casos de corrupción. Si bien esto no se ha dado en el tribunal, los fallos que ha emitido en materia económica son peligrosísimos”, dijo Galarreta tras recordar que también está pendiente que el Estado cumpla con la resolución que ordena la homologación de los sueldos de los docentes universitarios.

“Se ha distorsionado el objetivo del TC y ha tomado la mala costumbre de legislar en temas que no son de su competencia, anotó.

Al respecto, el ex viceministro de Economía Eduardo Morón coincidió en la necesidad de establecer una limitación más expresa sobre el alcance de las sentencias del TC. “Hoy, los magistrados se sienten libres de opinar de todo y, casos como el de los aranceles debieron ser desestimados desde el inicio. No había razón para admitirlos a debate”, expresó.

Morón recordó que la rebaja arancelaria al cemento vino dentro de un paquete de 4,000 partidas que fueron modificadas. “Ahora, hay muchas empresas que pueden solicitar lo mismo que pidió Cementos Lima y aprovechar la debilidad del TC”, dijo.

En tanto, la Sociedad Nacional de Industrias sostuvo que el Gobierno puede negociar con México una rebaja mutua del arancel al cemento.