Días después de que la presentación del alcalde de Lima, Luis Castañeda en la Comisión de Fiscalización del Congreso dejara más dudas sobre el caso Comunicore, dicho grupo de trabajo aprobó investigar a la actual administración edil por el sospechoso pago de S/.36 millones a dicha empresa, acreedora de Relima.

Esta decisión se adoptó sobre el pedido del legislador Pedro Santos Carpio, del Partido Nacionalista, quien sostuvo que existen una serie de indicios que justificarían la investigación, posición que incluso suscribió el presidente Alan García, al mostrarse a favor de que la Contraloría y la Fiscalía intervengan.

En su presentación en dicha comisión, Castañeda dijo que el pago a Comunicore, que había adquirido el cobro de la deuda con Relima, fue legal y en cumplimiento de un laudo arbitral. Remarcó que ese pago, así como la renovación del contrato de concesión con Relima, le habían generado a su comuna un ahorro de S/.70 millones.

No obstante, los legisladores del nacionalismo consideraron que las respuestas de Castañeda fueron insuficientes y plantearon, inicialmente, la necesidad de conformar una comisión investigadora de esa operación. Esto ahora habría quedado descartado.